La Junta Interna de ATE en Ente Público Espacio para la Memoria (ex ESMA) criticó la decisión de los funcionarios salientes de Justicia y Derechos Humanos de no garantizar el pago del aumento salarial de noviembre de los trabajadores del ex centro de detención clandestino. La dirigencia calificó que “un hecho preocupante” la falta de definición antes de que Martín Soria y Horacio Pietragalla renunciaran a sus cargos respectivamente. Esto se suma al peligro que corren unos 600 contratados, que no vieron renovados sus vínculos laborales.
“Contrario a las alegaciones de falta de fondos, las autoridades admiten que los recursos están disponibles y no hay respuestas concretas de por qué no se aplicó el aumento paritario hasta el día de la fecha”, denunciaron desde ATE. Esto representa, alertaron, “la posibilidad del recorte del alrededor del 20 por ciento del salario de los trabajadores” de la ex ESMA, el centro de detención más grande del país.
Desde la Junta Interna de ATE recalcaron que “mientras las nuevas autoridades anticipan medidas que afectarán a los trabajadores del Estado, la gestión saliente se retira coronando su política de ajuste y desprecio a los trabajadores con este nuevo ataque al salario”.
Defensa de la memoria
Mediante un comunicado, difundido a pocos días de la asunción del nuevo gobierno, desde el gremio resaltaron que “los trabajadores del Estado, nucleados y afiliados en ATE, defensores incansables del trabajo en los sitios de memoria, apelan a la lucha y la organización y se preparan para enfrentar el ajuste y la orientación negacionista, entendiendo que los espacios de memoria son producto de la lucha, de organismos tanto como de trabajadores que desempeñan sus tareas en el Área de Derechos Humanos”.
Por eso, le pidieron a “la comunidad, los visitantes y defensores de los Derechos Humanos que transitan el predio son convocados a sumarse a esta causa”. “La ex ESMA es un espacio de memoria que se construye con la lucha y el compromiso de todos”, concluyeron.
Futuro incierto
Hace unos días, trabajadores estatales de Espacios de Memoria dependientes del Ministerio de Justicia alertaron por la renovación de 600 contratados. Se trata de trabajadores de los Sitios de Memoria Atlético, Virrey Cevallos, Olimpo y Orletti, lugares donde funcionaron centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico militar.
En un comunicado difundido en las últimas horas, los trabajadores expresaron: "Los Sitios de Memoria dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación denunciamos que al día de la fecha, 600 trabajadores y trabajadoras con contratos anuales bajo la modalidad artículo 9 (resolución 48), no han firmado la renovación de sus contratos como sí ha sucedido en otros ministerios".
Los trabajadores explicaron que en los Sitios de Memoria "hay más de 40 compañeros y compañeras bajo esta modalidad laboral y representan casi el 90 por ciento de la totalidad de trabajadores" e indicaron que el ministro de Justicia saliente, Martín Soria, "se niega a renovar estas contrataciones".