El viernes pasado, más de 350 trabajadores de seguridad privada realizaron una movilización masiva hacia los boliches Tropitango, Skyla y Santa Diabla, en el municipio de Tigre. Según Alejandro Capalbo, representante sindical de UPSRA CAP Provincia de Buenos Aires, estas acciones responden a “graves irregularidades laborales por parte de la empresa de seguridad CAP Controladores y Prevencion SRL del empresario Sergio Coscia”, que presta el servicio en esas discotecas.
Irregularidades laborales bajo la lupa
Alejandro Capalbo explicó que esa empresa CAP utiliza un convenio firmado entre el sindicato de La Plata de patovicas SUTCAPRA y una cámara de discotecas de Tucumán. “Es un CCT que no tiene vigencia en Tigre ni para las empresas de seguridad privada. El único convenio válido en esta actividad es el 507/2007, pero Coscia lo ignora deliberadamente”, denunció.
Además, Capalbo denunció las condiciones precarias a las que estaban sometidos los trabajadores. “El jornal correcto para ocho horas es de $40.000, con horas extra a $5.000. Sin embargo, en estos boliches se pagaban $26.000, y lo peor es que casi el 50% de los empleados estaban en negro”, afirmó. Ante la falta de respuesta de la empresa, UPSRA CAP apuntó también contra los boliches por ser “corresponsables solidarios” en relación con el vínculo laboral con los trabajadores.
Pero la negativa de Coscia y los responsables de los boliches a participar en las conciliaciones convocadas agravó aún más la situación.
Movilización y logros obtenidos
La movilización tuvo resultados positivos en dos de los tres boliches implicados. En Skyla y Santa Diabla, los trabajadores lograron el blanqueo y la aplicación del convenio 507/2007. Sin embargo, Tropitango -cuyo propietario es el empresario Leonel Duarte- presentó mayores dificultades. “La policía reprimió la movilización y dos compañeros fueron agredidos. Nos preocupa la fuerte presencia de gendarmería, infantería y policía local, que más parecía proteger un objetivo militar que un boliche bailable”, criticó Capalbo.
El dirigente cuestionó el sospechoso y desmedido despliegue de fuerzas de seguridad ante un reclamo laboral contemplado por la Constitución Nacional. “Es inaceptable que los recursos públicos se utilicen para defender los intereses de empresarios que precarizan a sus trabajadores, cuando hay gravísimos problemas de inseguridad en distintas zonas. ¿Quién paga estos operativos? El boliche Tropitango parecía más blindado que la Casa Rosada. Esto requiere una explicación urgente del municipio de Tigre”, exigió.
Críticas al municipio de Olavarría
La problemática también se extiende al municipio de Olavarría, donde más del 90% de los trabajadores de seguridad privada están en negro, según denuncia Capalbo.
Para colmo, el dirigente asegura que la situación se ve agravada por la “complicidad municipal”. “Funcionarios como Evelina Díaz, directora de Habilitaciones, no solo se niegan a colaborar, sino que muestran un desinterés absoluto por el bienestar de los trabajadores”, acusó.
“Empresas como CMU aplican convenios no homologados y pagan salarios que rondan los $22,000, muy por debajo de lo estipulado”. “El intendente Maximiliano Wesner (Unión por la Patria) no solo no actúa, sino que su inacción lo asemeja a sectores libertarios que desprecian los derechos laborales”, afirmó Capalbo.
Denuncias en El Fortín y casos de violencia
El boliche El Fortín, también en Olavarría, enfrenta múltiples denuncias de irregularidades y violencia. “Dos trabajadores tienen restricciones impuestas tras denuncias falsas, y las autoridades no han avanzado en las investigaciones. Incluso hubo una muerte por sobredosis y casos de brutalidad por parte de patovicas que quedaron impunes”, detalló Capalbo.
La situación laboral en El Fortín no es mejor. “La mayoría de los empleados están en negro y enfrentan despidos injustificados. Si esto no cambia, se avecinan nuevas movilizaciones”, advirtió.
Próximas medidas
Frente a la falta de respuestas, Alejandro Capalbo anunció nuevas acciones:
- Una movilización masiva con más de 800 trabajadores si Tropitango no acude a las próximas conciliaciones.
- Exigir al municipio de Olavarría que garantice condiciones dignas y cese la habilitación de empresas que incumplen los convenios homologados.
- Continuar denunciando irregularidades para defender los derechos laborales.
“Estamos decididos a ir hasta las últimas consecuencias para lograr justicia laboral. Los trabajadores merecen respeto, condiciones dignas y que se cumpla con el marco legal que los ampara”, concluyó Capalbo.