Luego de siete años, el pasado 23 de agosto, la Justicia Federal dispuso la suspensión del Decreto que había intervenido la Obra Social del Personal de Seguridad Comercial, Industrial e Investigaciones Privadas (OSPSIP) y ordenó reconocer y garantizar el derecho de la Unión del Personal de Seguridad República Argentina (UPSRA) a designar su conducción.
Asimismo, el fallo del Juzgado Federal de Santa Fe N° 1, que da vuelta una decisión presidencial, fue solicitado por la conducción del gremio de los Vigiladores que encabeza Ángel García, quien desde hace años busca retomar el manejo legítimo de la institución.
El decreto, que ahora queda sin efecto, data del 20 de abril de 2021 y definía la intervención a la obra social en cuestión por el plazo de 180 días, la cual se fue prorrogando una y otra vez. En ese proceso pasaron varios interventores.
Reclamo a la Superintendencia de Servicios de Salud
Ahora, la conducción de la UPSRA, con el aval legal, le reclamó a la Superintendencia de Servicios de Salud que reconozca a las autoridades designadas. Así fue que García intimó con una Carta Documento al Superintendente de Servicios de Salud, Daniel López, a que cumpla con la manda judicial. A su vez, se planteó la posibilidad de la aplicación de sanciones en caso de que se incumpla con lo demandado.
Según constató la UPSRA, el propio juzgado notificó a López de la resolución por lo que el funcionario, en caso de demorar la determinación, se expone a una denuncia ante el fuero Federal por incumplimiento judicial, entre otros posibles delitos.
Cabe resaltar que la Obra Social del Personal de Seguridad Comercial, Industrial e Investigaciones Privadas, que atiende mayormente a los miles de afiliados al gremio de Vigiladores, está intervenida hace siete años. En ese plazo se han sucedido gestiones signadas por escándalos en el manejo de los fondos de los afiliados y por la escasez de prestaciones.
Último informe del interventor
El último interventor de la Obra Social del Personal de Seguridad Privada (OSPSIP), Jorge Carlos Alonso, presentó un informe sobre la gestión de la obra social ante la Superintendencia de Servicios de Salud.
Según el informe, el interventor encontró un “alto número de personal contratado con una antigüedad no superior a los tres meses, superposición de tareas y abultados gastos de mantenimiento de vehículos, siendo que la institución no cuenta con ningún elemento de movilidad”. Además, detectó “pagos duplicados a algunos prestadores de salud”, entre innumerables documentaciones que están en proceso de auditoría.
Otro de los capítulos del extenso texto de Alonso es el detalle realizado sobre lo ocurrido durante la gestión del ex interventor Sigifredo Jorge Banegas. El actual interventor describió las erogaciones efectuadas entre el 16 de diciembre de 2022 al 21 de marzo de 2023 mediante transferencias por la suma de 330.915.600 pesos. El monto total es equivalente, en la fecha de la erogación a 1 millón de dólares.
Según comprobó, esos pagos salieron a nombre de la Fundación de Médicos Solidarios de la localidad de Lomas de Zamora, “sin respaldo alguno más que la firma de la Orden de Pago por el interventor cesado”. E incluso, encontró el mismo “modus operandi” para con otras fundaciones y empresas que tampoco cuentan con facturas.