La Unión Obrera de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) denunció penalmente al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones; al superintendente de Servicios de la Salud, Gabriel Oriolo; y a Marcelo Petroni, interventor de la obra social OSPRERA designado por el presidente Javier Milei, por los delitos de “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta, y abandono de persona seguido de muerte”.
La dura acusación a los funcionarios surge por el caso de José Alfredo Garavento, a quien enero de este año, la intervención de la obra social le rechazó su tratamiento, lo que causó que la UATRE realizara varias intimaciones para restituir su quimioterapia. “Ante la falta de respuestas y el completo abandono por parte de las autoridades de la intervención, el paciente falleció el pasado 26 de febrero en el Hospital Ramón Castillo de Saladillo”, lamentaron desde la entidad gremial.
Garavento fue diagnosticado en el año 2020 con cáncer de colon. Realizó cirugía y quimioterapia. Aún así, en el año 2023 los médicos detectaron que el cáncer había vuelto y prescribieron reiniciar el tratamiento. El tratamiento de quimioterapia se reinició a principios de mayo de 2024 con aplicaciones quincenales, provistas por la entonces gestión de OSPRERA a través de Droguería Suizo en aplicaciones que no podían ser interrumpidas.
Sin embargo, puntualizaron que “en octubre de 2024, el gobierno nacional intervino la obra social OSPRERA y en enero de 2025, sin aviso previo y sin justificación, la conducción del interventor Marcelo Petroni le interrumpió el tratamiento a Garavento y le rechazó su solicitud de acceder a la medicación para cumplir con la quimioterapia”. Empezaron entonces los reclamos del afiliado, de sus familiares con fechas el 16 de enero, el 12 de febrero, el 18 de febrero. El 22 de enero Petroni fue incluso intimado en carta documento por UATRE pero el interventor no hizo nada.
La viuda de Garavento, Isolina Margarita Lafferrairie, manifestó: "Que la cara de José sea representación de muchos y que no haya más gente como él que con 58 años y tantos sueños por cumplir, le fueron negados por la obra social". Y pidió que “sus fotos recorran las redes, que los que debieron hacer su trabajo y no lo hicieron sientan un poquito de lo que estamos pasando nosotros”. “José con 58 años tenía mucho por vivir y además después de ver una tomografía y los marcadores ya casi normales se produjo ese terrible desenlace por incumplimiento con la medicación", reveló.
¿Qué dice la acusación?
En la denuncia penal que impulsa UATRE se manifiesta que “Petroni sabía de qué el afiliado se encontraba en riesgo (..) había sido notificado fehacientemente el 22 de enero de 2025, tenía por su rol de interventor el deber de cuidarlo y arbitrar los medios necesarios para garantizar las prestaciones médicas prescriptas. Sin embargo, no hizo nada, dejó al afiliado librado a su suerte, cortó el suministro de la medicación y luego, ante la noticia de la situación de desamparo y el peligro para la vida, omitió cumplir con sus deberes y prestarle el debido auxilio”. Por elevación, se denuncia también a Lugones y Oriolo por “delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público - en calidad de coautores- y por el delito de administración fraudulenta - en calidad de partícipes necesarios-”.
Para concluir, apuntaron que “el de Garavento no es un caso aislado, son cientos los casos de trabajadores rurales que a partir de la intervención del gobierno a la obra social sufren de cortes masivos en sus tratamientos”. “Son pacientes graves oncológicos HIV, hemofílicos, que se encuentran en riesgo por la falta de cobertura. La UATRE y su secretario general, José Voytenco vienen reclamando por la grave situación con intimaciones y denuncias para que la intervención y el Gobierno den respuesta”, enfatizaron.