El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), que conduce Graciela Aleñá, repudió hoy las declaraciones del ex administrador de Vialidad Nacional y ex ministro de Energía durante el macrismo Javier Iguacel, en las que llamó a cortar rutas si el gobernador de Buenos Aires Axel Kiciloff no devolvía la presencialidad a las clases en la provincia.
"No les da la cara"
De esa manera, Aleñá señaló "los que ahora critican y piden por el regreso a la presencialidad de las clases, incluso ante el riesgo epidemiológico que vivimos, son los mismos que durante la gestión macrista cerraron las escuelas viales a lo largo y ancho de todo el país" y agregó "no les da la cara, porque cuando ellos gobernaron, lo primero que hicieron fue bajar el presupuesto a todas las áreas educativas".
El repudio a Iguacel
"Repudiamos las declaraciones del actual intendente de Capitán Sarmiento Javier Iguacel, ya que lo que necesitamos es más responsabilidad y no más declaraciones que confundan como las de algunos personajes que aún creen que son dueños del país" cuestionó Aleñá, y resaltó que "no nos sorprende que un funcionario macrista como Iguacel quiera pasar por encima de los derechos de todos los argentinos y argentinas, porque es el mismo modus operandi que tuvieron cuando fueron gobierno".
"Despidieron injustamente a trabajadores y trabajadoras y denigraron sus funciones, y ahora se hacen los que les importa la educación. Iguacel tiene que dejar su soberbia de lado y promover políticas para garantizar que el Covid-19 no se siga expandiendo en este difícil momento que nos toca vivir" destacó Aleñá, y concluyó "es una vergüenza; esto demuestra una vez más que no les importa el bienestar de los argentinos sino solamente su carrera política".
Cabe señalar que durante su gestión en Vialidad Nacional, Iguacel promovió mediante la Resolución N° 458/2018 la baja de la Planta Transitoria Educativa, que involucraba el cierre de las cinco Escuelas Técnicas dependientes de la DNV con sedes en la Ciudad de Buenos AIres, Santa Fé, Tucumán, Chubut y Santa Cruz, en conjunto con el despido de más de 300 docentes de las instituciones.