En el penúltimo día del año, el gobierno nacional convocó a los gremios estatales para discutir la paritaria del sector en una reunión virtual realizada al mediodía. Sin embargo, no se llegó a un acuerdo. Se firmó un acta y se decidió pasar a un cuarto intermedio, con la promesa de retomar las negociaciones en la segunda quincena de enero de 2025.
Desde el lado sindical, se expresó que el Poder Ejecutivo continúa con la estrategia de demorar los aumentos salariales, lo que le permitiría “seguir ajustando los salarios”. Además, afirmaron que no hubo ninguna oferta concreta. Por esa razón, decidieron aceptar el cuarto intermedio con la finalidad de mantener abierta la instancia y que cualquier posible aumento impacte en los salarios de enero.
Una de las fuentes consultadas indicó que será “muy difícil llegar a un acuerdo, la paritaria viene complicada”.
La convocatoria de la Secretaría de Trabajo, encabezada por Julio Cordero, fue calificada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) como “tardía”. Según lo expresado por Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, “preferiríamos pensar otra cosa, pero todo indica que con este llamado el Ejecutivo monta una nueva teatralización”.
En la última negociación, celebrada el 31 de octubre, se acordó un aumento del 2% en el sueldo de noviembre y un 1% en diciembre, además de una suma fija no bonificable de $30.000. ATE firmó en disconformidad con el acuerdo, mientras que la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) lo rubricó.
Pérdida brutal de poder adquisitivo
Desde ATE señalan que, desde la llegada de Javier Milei al poder, la pérdida del poder adquisitivo fue del 40%, tomando como base la inflación acumulada (112% en noviembre) y los acuerdos salariales (73% hasta ese mes). En el oficialismo, con la inflación a la baja -2,4% en noviembre según el INDEC-, se pretende que los aumentos sean inferiores a esa cifra.
En el gremio sostienen que seguirán exigiendo una suma fija que permita recuperar los salarios más bajos de la administración pública y compense las pérdidas de 2024. Además, aseguran que los retrasos salariales más significativos afectan al personal civil de las Fuerzas Armadas, el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) y el personal de Salud.
La ola de despidos no se detiene
La discusión se produce en medio de la incertidumbre de los trabajadores del sector, ya que el 31 de diciembre vencen más de 57.000 contratos dentro del Estado y aún no se sabe cuántos serán discontinuados. Desde diciembre, la planta estatal se redujo en más de 35.000 personas, según datos oficiales.
En el Ministerio de Justicia, la situación es particularmente tensa debido al recorte de personal. Este se agravó luego de que, a través del vocero presidencial Manuel Adorni, se anunciara el despido de 2.400 trabajadores contratados a través de un convenio con el ente cooperador de la ACARA (Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina), de los cuales más de 400 formaban parte de la Secretaría de Derechos Humanos, lo que redujo su dotación a la mitad.
Además, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció la semana pasada que 104 de los 144 integrantes de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (DPSCA), un organismo creado durante el kirchnerismo tras la sanción de la Ley de Medios, no serán renovados.
Bronca en aumento
El enfrentamiento de ATE con el Gobierno no solo se limita a lo salarial. El gremio también ha insistido en que no son necesarios los exámenes de idoneidad que se están tomando a los empleados de las distintas dependencias del Estado. “Seguimos demandando la anulación del Sistema de Evaluación Pública, hay que incorporar en la planta permanente a ese universo de trabajadores que ya se presentó a rendir y que en el 96% de los casos aprobaron en primera instancia los exámenes”, manifestó Aguiar.
El gremialista, uno de los más críticos de la gestión presidencial, lanzó una advertencia al Gobierno a través de Twitter respecto a los posibles despidos: “El 2025 tiene que ser el año en el que le robemos la motosierra y les cortemos la cabeza a ellos”, expresó, refiriéndose a los integrantes del gobierno nacional. Estas declaraciones fueron similares a las que hizo en entrevistas radiales. Además, agregó que no desea que “le vaya bien” al presidente Javier Milei.
“El próximo año la estabilidad tiene que volver a ser un derecho en el empleo público. Tenemos que lograr que se recupere el poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones e impedir que se siga desguazando el Estado y rematando el patrimonio estatal”, concluyó.