La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) comenzó ayer miércoles con las conversaciones con el sector empresario a los fines de aplicar un nuevo tramo de incremento salarial en la paritaria 2023-2024. La UOM es el principal gremio industrial de la Argentina, por su tradición y por lo emblemático, por lo que sus paritarias suelen tomarse como referencia para toda la actividad.
La organización que conduce Abel Furlán elevó un pedido de recomposición a las cámaras empresarias, tras una reunión de consejo directivo nacional. La idea es volver a recorrer el camino del entendimiento corto para seguir de cerca a los precios.
Según se supo, la intención de la UOM es avanzar en un aumento salarial de recuperación y acumulativo del 10 por ciento retroactivo al 1 de junio. De esa manera la suba para el trimestre abril-junio quedaría en un 28,8 por ciento, teniendo en cuenta el 18,8 por ciento acordado meses atrás.
Reclamo
Además, el gremio demandó un incremento acumulativo del 30 por ciento para el segundo trimestre paritario julio-agosto-septiembre. Más un plus del 30 por ciento para zonas desfavorables.
A su vez, la conducción sindical solicitó un bono de 60 mil pesos por el Día del Metalúrgico. Con la petición realizada, se aguarda la respuesta de los empresarios y la convocatoria formal de Trabajo para oficializar el diálogo paritario ante la autoridad de aplicación.
Repudio
En tanto, la UOM de La Matanza responsabilizó al gobernador de la provincia de Jujuy Gerardo Morales por la represión y se solidarizó con las y los trabajadores “que están resistiendo y luchando en defensa de sus derechos laborales, civiles y humanos, ante el accionar antidemocrático y violento del gobierno provincial”.
Entre los comunicados difundidos vía redes sociales estuvieron los redactados desde el Sindicato de Trabajadores Municipales (STMLM), la Confederación General del Trabajo (CGT), y la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA). En ese marco, la CGT matancera advirtió que los actos de represión “no son sucesos aislados”, sino “una clara muestra de las políticas de criminalización de la protesta social que ciertos sectores vinculados a la derecha argentina pretenden instaurar en todo el país en beneficio de sus intereses particulares y en detrimento de las mayorías populares”.