En una presentación formal elevada durante la tarde del miércoles, los gremios aeronáuticos Asociación Argentina de Aeronavegantes, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) la remarcaron la necesidad de seguir avanzando en una solución que recomponga los ingresos de los trabajadores del sector.
El reclamo se encuentra dirigido a Fabián Lombardo, presidente del Grupo Aerolíneas Argentinas, y se aclara que el retraso salarial que se vive en la actualidad por parte de “nuestros/as representados/as” ha dañado el poder adquisitivo de los trabajadores/as del grupo. Y finaliza: “Esperamos una respuesta positiva de la empresa al pedido de reunión”.
A semanas de finalizar el año, y en un reclamo que se mantiene abierto desde que el gobierno nacional se puso como objetivo desregular el transporte aeronáutico, en un claro ataque al sector, ajustando y recortando el sueldo del grueso de los trabajadores y empleados del sector, entre otras medidas, la situación no parece mejorar.
La disputa, que llevó a los sindicatos a realizar asambleas y paros en los aeropuertos nacionales, y tras lo cual el gobierno impulsó proyectos que estaban detenidos en la cámara de Diputados de la Nación para privatizar la aerolínea, suma un nuevo capítulo tras los dichos del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof.
El gobernador bonaerense afirmó que en caso de que el gobierno nacional decida vender la línea aérea, la administración bonaerense tomará medidas para evitar el desguace de la compañía, a la que calificó como un instrumento esencial para la conectividad y el desarrollo del país.
De esta manera, subrayó la idea que la aerolínea de bandera es fundamental para el país y destacó su relevancia económica y social: “Es un instrumento central para la conectividad de la Argentina, es una fuente de ingresos y de bienestar inconmensurable. La Provincia sí la quiere. Esto requiere una serie de pasos institucionales, y hoy expresamos la vocación de empezar a dar esos pasos”, expresó.
En ese sentido, desde Aeronavegantes mostraron “satisfacción con las declaraciones del gobernador ya que la continuidad de las operaciones de nuestra aerolínea de bandera no es sólo una cuestión sectorial, sino también un tema de interés estratégico nacional”.
En esa línea, durante la tarde del martes, trabajadores de APA se presentaron en el Honorable Concejo Deliberante de Presidente Perón, con el objetivo de avanzar en la aprobación de la ordenanza contra la privatización de Aerolíneas Argentinas e Intercargo.
En esa línea, desde la Asociación Argentina de Aeronavegantes, a través de un duro comunicado titulado “¿Qué busca verdaderamente el gobierno con Aerolíneas Argentinas?”, manifestaron que el proyecto esbozado por el mandatario bonaerense, “está absolutamente en línea con los art. 246° al 248° del DNU 70/23 y con el art. 4 de la mismísima Ley de Bases que tanto impulsaron desde el propio gobierno, ya que determinan de manera explícita la viabilidad del traspaso de acciones a los trabajadores y a los Estados provinciales”.
Además, denuncian que luego de meses de discusión que convirtieron un “legítimo reclamo” salarial en un “circo mediático, hoy salen torpemente y en manada a intentar desacreditar una iniciativa genuina”.
Según denunciaron desde los sindicatos, a mes de septiembre, un trabajador que se desempeñaba como Auxiliar de Tripulante de Cabina de Aerolíneas Argentinas se encontraba, en un formato full time, por debajo de los 400 mil pesos. En esa línea, un Tripulante de Cabina, bajo el mismo esquema de contratación, percibió un total de 715.000 pesos.
Otro reclamo abierto
En noviembre la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), repudió la militarización de aeropuertos y la persecución sindical a partir de la resolución oficial de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En ese sentido, la medida habilita a que las fuerzas de seguridad nacional puedan brindar servicios de rampa.
El argumento esgrimido por la CATT fue que las fuerzas policiales no deben ni pueden ser utilizadas para reemplazar a trabajadores calificados que “garantizan cada día la seguridad operativa de una industria tan sensible a la misma”.