A través de dirigentes que tuvieron contacto con funcionarios de la secretaría de Trabajo nacional, se supo que el gobierno nacional está decidido a ponerle un techo a las paritarias a partir de octubre. Según los trascendidos, desde ese mes sólo se homologarán acuerdos que estén en el orden del 2 por ciento de incremento mensual, cifra impuesta por el Ministerio de Economía que comanda Luis Caputo como parte de su estrategia contra la inflación. La noticia fue rápidamente rechazada por los gremios, que remarcaron que esta maniobra “es ilegal”, ya que la cartera laboral non es parte de la discusión, sino que debe velar por que los acuerdos se ajusten a las leyes y se cumplan, pero no tienen injerencia en sus cifras. Esta medida puede entorpecer discusiones claves como la de los metalúrgicos y las grandes empresas de acero, en el marco del convenio de la rama siderúrgica, que ya tuvo una primera etapa de paritaria muy compleja y esto puede empeorar ese escenario. Además, los datos de inflación no condicen con ese techo, sobre todo después de conocerse el último informe de ATE-INDEC sobre la canasta de bienes y servicios necesaria para una familia tipo.
La dirigencia sindical se apuró a rechazar el techo libertario a las paritarias, y quienes deben discutir paritarias en los próximos días ya analizan la forma de hacerle frente a este obstáculo. En la CGT adelantan que este tipo de metodologías “es ilegal”. “No pueden violar las leyes, por más que quieran, nosotros vamos a discutir ese techo y vamos a pelear todo lo que sea necesario para que mejorar los salarios”, le dijo a Data Gremial un dirigente que frecuenta la sede de Azopardo de la central obrera. el malestar crece a medida que se toman este tipo de medidas, y alertan que esto “va a hacer más compleja la relación con el gobierno”. “Parece que hay libertad pero para hacer lo que quiera el oficialismo, pero vamos a pelear tanto los gremios como la CGT y sus regionales”, agregó la misma fuente consultada.
En esta estrategia, en la CGT nombraron algunos ejemplos que ya comenzaron a desafiar estos límites. Uno de los acuerdos mencionados es el de Sanidad, que reúne a los trabajadores de la salud. Hace unos días, la federación FATSA firmó un acuerdo para las ramas Droguerías y Asistencial –la más grande en el sector, que reúne a personal de clínicas, geriátricos y otros establecimientos similares –con un incremento promedio del 11 por ciento. Lo mismo camioneros, que lo hico en igual porcentaje pero en tres tramos. lo curioso es que para octubre la suba planteada es del 4 por ciento, el doble que el techo oficial, por lo que puede abrirse una puerta al conflicto durante el proceso de homologación. En cuanto a lo que viene, la UOM comenzó contactos por la negociación de los siderúrgicos, con algunos contactos informales. Si la discusión fue compleja en los primeros meses del año, este nuevo condimento puede sumar un obstáculo a la pelea.
Qué dice la ley
No es la primera vez que el presidente Javier Milei y su ministro Caputo intentan este mecanismo, ya que a principio de año, cuando comenzó el proceso inflacionario presionaron a los gremios para que bajen sus pretensiones, amenazando con no homologar los convenios. El caso más claro fue el del Sindicato de Camioneros, que estuvo al borde de un paro nacional. Lo curioso es que en campaña el mandatario habló que las paritarias son una relación de privados que “el Estado no tiene nada que decir”. La norma que regula la actualización de convenios colectivos y paritarias es la Ley 25.877 de Reordenamiento Laboral, sancionada en 2004 en reemplazo del articulado sobre la materia de las leyes 14.250 y 23.546.
Con la modificación, se determinó que los convenios colectivos de actividad entrarán en vigencia el día de su homologación, a diferencia de la normativa anterior que establecía la vigencia del acuerdo al día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial. En cambio, los convenios de empresa -que no requieren homologación salvo que las partes lo soliciten- entran en vigencia el día de su registro ante la autoridad de aplicación. La autoridad laboral –hoy secretaría –tiene 30 días una vez presentado el acuerdo o convenio con las firmas de todos los suscribientes para realizar observaciones sobre el mismo. Si no hace observaciones en el plazo establecido, el acuerdo se considerará tácitamente homologado. Es decir, se considerará homologado por falta de observación en el tiempo que la ley fija, y a partir de ese momento entra en vigencia.
Salario deseable
La idea de limitar los aumentos y las discusiones paritaria impactará en el bolsillo de los trabajadores, que ya vienen perdiendo ingresos desde el inicio de la gestión. luego de unos meses muy por debajo, los convenios se fueron recuperando, pero siguen sin volver a parámetros anteriores. Si no se habilitan subas por encima del IPC, se consolida esa pérdida. Según el último reporte mensual de ATE en el INDEC, que mide una canasta de bienes y servicios que sirve como guía para las discusiones, el retroceso de los ingresos sigue. “La pérdida del poder adquisitivo, que en los últimos 8 meses alcanza 22 por ciento, es un gran problema para la clase trabajadora”, expresó el trabajo, al que tuvo acceso Data Gremial. Los datos del mes de julio “nos arrojan que los acumulados interanuales del Índice de precios al consumidor (IPC), la Canasta básica alimentaria (CBA) y la Canasta básica total (CBT), fueron de 263,4, 263,4 y 261,8 por ciento respectivamente”.
Para los cálculos de los trabajadores del INDEC, “la falta de compensación por la pérdida del poder de nuestro ingreso y de una discusión paritaria sin techo, por parte del gobierno, hace caer el peso del ajuste de este gobierno que ya ha planteado que utilizara la motosierra y la licuadora para lograr el déficit e inflación cero inclusive -como sucede ahora- enviando a la mayoría de la sociedad bajo la línea de pobreza”. Por eso, reclamaron “un aumento de emergencia del 80 por ciento ya, en una sola cuota, para todos los trabajadores sin distinción de modalidad de contratación”. En cuanto a la canasta de bienes y servicios que los salarios deberían alcanzar, en julio pasado un trabajador “necesitó 1.412.647 pesos para satisfacer las necesidades mínimas de un hogar constituido por una pareja de 35 años con dos hijos en edad escolar”.