La crisis económica y la recesión que se vive en el país obliga a los sindicatos adheridos a la Federación Judicial Argentina (FJA) a luchar por mejoras salariales en el final del año. Tras la convocatoria por parte de la organización sindical a la jornada de lucha del 5 de diciembre, y tras las constantes denuncias que el Secretario General del gremio, Matias Fachal, viene señalando en vía de un desmejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo del sector, la situación se agrava.
En ese sentido, una de las mayores preocupaciones de la FJA tiene que ver con la creciente privatización y tercerización de tareas judiciales. Debido al congelamiento de plantas de personal, muchas tareas judiciales están siendo delegadas a empresas privadas, inclusive con la incorporación de inteligencia artificial mediante.
Por otra parte, uno de los principales reclamos que llevan adelante es la implementación de una paritaria nacional que garantice salarios y condiciones laborales equitativas en todo el país. Fachal subrayó que este reclamo va más allá de las negociaciones provinciales.
Provincia por provincia
El Sindicato de Trabajadores Judiciales de La Pampa (SITRAJ) ha sostenido movilizaciones y ruidazos, tanto en el Centro Judicial de la provincia como en la Casa de Gobierno, planteando la necesidad de un incremento salarial que equipare la suba de precios. El gremio ayer realizó un nuevo paro de 24 horas.
En Mendoza, la Asociación Gremial de Empleadxs y Funcionarixs del Poder Judicial realizó ayer una asamblea provincial para discutir medidas buscando que se reabra la discusión salarial. Exigen un incremento que equipare la inflación y anunciaron la decisión de paralizar la actividad a partir del 1 de febrero si el reclamo no es atendido.
Por su parte, el Sindicato de Empleadxs Judiciales de Neuquén (SEJUN) realizó un paro total de actividades el 18 de diciembre, y se concentraron en las puertas del TSJ provincial. Recibieron una oferta salarial insuficiente y siguen las medidas d fuerza .
En esa línea, desde la Asociación Judicial Formosa (AJUFSA) se mantiene en estado de alerta y movilización, profundizando su plan de lucha por incremento salarial. Desde hace semanas, se concentran todos los jueves en la puerta del gremio y quedó establecido un paro para el día 20 de diciembre, que se espera masivo.
Por último, luego de semanas intensas con varias movilizaciones y paros, lxs judiciales cordobeses recibieron la noticia del aumento salarial por parte de la Corte Suprema. La Asociación Gremial de Empleadxs del Poder Judicial de Córdoba (AGEPJ) le manifestó al TSJ la necesidad de que el incremento se pague con urgencia y todo junto, atento a la demora en el tramo que abarca octubre, noviembre y diciembre.
Que está sucediendo en el sector
Según un informe de La Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia, que integra la Federación Judicial Argentina (FJA), vivimos “el peor estado de violencia desde 1983”. El documento titulado “Un año de lucha contra la destrucción planificada de los DDHH y la Democracia”, determinó que al menos existe un caso de represión por semana en el país.
El trabajo, resultado del trabajo de las más de 100 organizaciones de DDHH, antirrepresivas, sociales, sindicales, de géneros y diversidades, de la cultura, la salud, la educación, jurídicas y de la abogacía, académicas, que integran la Red. En el documento se destacó que “las decisiones de este primer año del gobierno de Milei combinan desregulación y desprotección laboral y social con represión de cualquier resistencia”, además del desmantelamiento de las diferentes áreas del Estado.
De allí se desprende que como consecuencia del malestar generalizado existente en el grueso de la sociedad, esto repercuta específicamente sobre el sector de lxs judiciales. No solamente por la condición de que hoy en día cualquier abogado pueda presentar un escrito las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y que eso tenga que ser recibido por personal que se tiene que encontrar a disposición, si no porque desde el mismo sector están expresando que la cantidad de juicios, despidos, quiebras, violencia, inseguridad y hasta divorcios, se encuentra en aumento, pero que las condiciones laborales siguen siendo las mismas.