El jueves pasado, primero en la zona de La Plata y luego en otros puntos de la provincia de Buenos Aires, las farmacias comenzaron a tener problemas para dispensar medicamentos a través de la seguridad social. Al principio comenzó como un error del sistema, pero con el correr del tiempo se mantuvo, y dio lugar a otras dificultades. Al no poder ingresar al sistema que valida las recetas, los farmacéuticos no pudieron ofrecer los descuentos a afiliados de obras sociales y prepagas, algo que se mantiene en estos días. Con el tiempo se supo que se trata de un ataque informático contra la empresa que maneja la plataforma, lo que generó alarma entre los gremios, ya que sus trabajadores hace una semana están sin ese beneficio.
En el fondo, hay quejas porque además de no pagar los fondos adeudados, el gobierno no puede garantizar la venta de tratamientos, lo que termina siendo un problema para la dirigencia, que en algunos casos está cuestionada por el manejo de las entidades de salud.
El ataque informático sucedió contra la empresa Bizland, que administra los servicios de Farmalink, el sistema de validación online a través del cual las farmacias dispensas medicamentos y otros productos a afiliados de la seguridad social.
Al parecer, el hackeo se realizó con el fin de pedir un rescate millonario por los datos, tema que se judicializó, por lo cual los inconvenientes iniciales se extendieron, y siguen sin respuesta.
La compañía informó que el viernes pasado realizó una denuncia penal con el argumento de que fue “víctima de un delito extorsivo perpetrado por una organización delictiva internacional que se valió de una vulnerabilidad de los sistemas de un proveedor de la compañía”, y se esperaba que para este martes 16 se iba a solucionar. Pero hasta este miércoles, el sistema seguía con restricciones, lo que hizo que los locales mantuvieran las limitaciones en la atención de los trabajadores.
“El sistema funciona a medias, se puede ingresar, pero no se puede validar, lo que hace que no se puedan hacer los descuentos”, informaron a Data Gremial fuentes del Colegio de Farmacéuticos dela provincia de Buenos Aires. De esta forma, “se está trabajando a ciegas, no se puede saber si la persona que quiere comprar un remedio sigue siendo afiliado de la obra social, si está adquiriendo el medicamento correcto o si su plan efectivamente genera la cobertura”, explicaron las mismas fuentes consultadas.
En algunos casos, como las prepagas, se definió un sistema de reintegros: el afiliado paga el 100 por ciento del valor del producto, y luego con la receta y la factura envía una foto a la empresa, que devolverá el porcentaje que se debía descontar. “Esa es la forma ideal de trabajar en este contexto, pero la mayoría de las obras sociales no tomó ninguna medida”, recalcaron las fuentes.
Por el momento, hasta que no se pueda validar, las farmacias avisan que mantendrán la postura, que incluye al IOMA, la entidad que atiende a los estatales bonaerenses.
Deuda creciente
La situación ajena al sector llega en momentos que la dirigencia sindical comienza a presionar nuevamente al gobierno para intentar que se giren los fondos adeudados para sus obras sociales. En pandemia, se mejoró la entrega de recursos, pero con la nueva crisis económica se complicaron las cosas. En este sentido, según pudo saber Data Gremial, en un reciente informe elaborado por la Secretaría de Acción Social de la CGT, en 2022 el déficit de las entidades de salud alcanzó los 50 mil millones de pesos.
Según el texto que lleva la firma de José Luis Lingeri, titular del gremio de Obras Sanitarias y el especialista en la materia de la conducción cegetista, la deuda aumentó “más de lo previsto por la fuerte incidencia de las prestaciones por discapacidad”, un tema que viene siendo parte de la discusión que la dirigencia sindical tiene con los funcionarios del gobierno.
El tema ya había sido planteado a emisarios de Sergio Massa, cuando asumió el Ministerio de Economía, en especial los que corresponden al Fondo Solidario de Redistribución (FSR). La cuestión también fue tratada en la reunión que se filtró de la conducción de la CGT con el precandidato opositor Horacio Rodríguez Larreta.
Cuando asumió la presidencia Mauricio Macri, hubo una promesa de terminar con esa deuda, y se creó un fondo especial para atender esas necesidades. Pero nunca se regularizaron los pagos, y esa primera tregua con el macrismo se rompió rápidamente.
En cuanto al hackeo, las obras sociales mantienen la expectativa que al cierre de la semana se pueda lograr una recuperación del sistema, y poder volver a aplicar los descuentos.
La situación tiene su correlato con otras entidades, como las obras sociales provinciales, por lo cual millones de estatales se vieron afectados. En la provincia de Buenos Aires, el IOMA instó primero a las farmacias a que mantengan los descuentos, pero el sector remarcó que los problemas de validación hacían imposible dar ese beneficio, sin poner en peligro la rentabilidad de estos comercios, que si no pueden comprobar esos descuentos, los tendrían que absorber ellos. Luego, retrocedió y acompañó a los mostradores en este momento complejo.
Abastecimiento
A esto se le suma un problema adicional que puede explotar en los próximos días, si se mantiene la idea del gobierno nacional de cambiar las formas de pagos de las importanciones de la industria farmacéutica. Hace unos días, las tres cámaras que representan a los productores de medicamentos le enviaron una carta a las autoridades del Banco Central y de la secretaría de Comercio para expresarle su “profunda preocupación” por esta situación, que aseguran si se concreta esto tendrá “un impacto negativo en el abastecimiento” de los tratamientos en las farmacias y el sistema de salud del país.
Los cambios que se proyectan pueden alterar el sistema de abonar las importaciones, imponiendo un plazo de 60 días para el pago de operaciones que hoy tienen acceso inmediato al Mercado Libre y Único de Cambios (MULC). Mediante un documento enviado a Miguel Pesce, titular del Banco Central de la República Argentina, y a Matías Tombolini, secretario de Comercio de la Nación, las tres cámaras de la industria farmacéutica expresaron su preocupación por los cambios en la forma de pago delas importaciones del sector. CAEME (laboratorio multinacionales), CILFA (industria nacional) y COOPERALA (cooperativas y pymes) rechazaron que “el cambio que se pretende introducir al régimen de pago de importaciones del sector farmacéutico, alertando sobre su efecto negativo en la salud pública”. En tal sentido, alertaron que “si se modifican las reglas vigentes y se impone un plazo de 60 días para el pago de operaciones de importación que hoy tienen acceso inmediato al MULC, inevitablemente se producirá un impacto negativo en el abastecimiento de medicamentos en nuestro país y en la capacidad de cumplir las obligaciones asumidas con los clientes del exterior”.
Ante esto, los laboratorios argentinos reclamaron que de darse estos cambios de normativa, su aplicación “se realice a partir de su dictado y para el futuro, es decir, se excluya a todas las declaraciones SIRAS (Sistema de Importación de la República Argentina) del sector farmacéutico actualmente pendientes, tanto a las oficializadas como a las que se encuentran en estado ‘salida’, a fin de no afectar el inmediato abastecimiento de medicamentos”. en este sentido, en su texto las firmas insistieron que “debería excluirse de la normativa a dictarse, tanto las declaraciones SIRAS oficializadas como las SIRAS en estado ‘salida’”. Además, recalcaron la necesidad de “aprobar en forma inmediata todas las declaraciones SIRAS pendientes”.