En el proceso de des regulación que lleva adelante el gobierno de Javier Milei, algunas medidas tienen un impacto inmediato en sectores muy sensibles como la salud, y generan alarma por las transformaciones de raíz que pueden traer. La decisión de liberar el precio de las prepagas, por ejemplo, generó una disparada de los precios que hizo que muchas personas no pudieran pagarlo, incluyendo trabajadores que trasladan sus aportes. Este proceso comenzó en los 90, y era necesario que una obra social triangulara esos fondos. La mayoría de las entidades eran chicas, sin volumen de afiliados, y se quedaron con un porcentaje de esa operación, sin ninguna prestación. Esto fue eliminado en una resolución reciente, haciendo que se abrán muchos interrogantes sobre el futuro de la seguridad social. es que al poner en igual condiciones a las entidades privadas que a las sindicales o provinciales, se pone en riesgo la sostenibilidad del sistema solidario, como afirman los expertos, haciendo una virtual privatización del sistema de atención. Esto puede dejar a muchos empleados con sueldos bajos sin posibilidad de sostener su atención, por lo que la CGT llamó para este lunes a una reunión de urgencia para buscar una salida. De fondo, hay un intento de ir a “un modelo de seguros sanitarios”, como el de Estados Unidos.
La resolución 1/2025 firmada por el Ministerio de Salud eliminó la operatividad de los sindicatos encargados hasta este momento de recibir los aportes de los afiliados que se derivan posteriormente hacia los seguros médicos. La nueva norma dispone “incorporar al sistema a todos los trabajadores, dado que desde diciembre de 2024 estaba habilitada la norma para quienes querían realizar el cambio de manera voluntaria”. Lo mismo sucede con el caso de los monotributistas, que ahora podrán elegir directamente con qué prepaga atenderse (pagando la diferencia si fuera necesario) en lugar de tener que elegir una obra social como paso previo. Estos dos son dos puntos clave para entender la medida.
Por un lado, cuando el gobierno autorizó al pase voluntario, el volumen de cambios fue mínimo. Lo mismo sucedió con las prepagas que podía pasar a ser Agentes de Salud, es decir, equipararse con las obras sociales. Por eso esta resolución lo hace “compulsivo”. Y segundo, en cuando a las empresas que decidieron atender a monotributistas, apenas 12 empresas se sumaron al listado, ninguna de ellas de peso en el mercado.
“Es un paso más hacia un modelo de aseguramientos”, le dijo a Data Gremial una fuente del sector de la seguridad social, que conoce bien los movimientos de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), la encargada de llevar este proceso adelante. La idea de desregular el sector apunta a “que cada empleado contrate en un futuro su plan de salud, o que las empresas incluyan el seguro en los contratos laborales”.
De esta manera, los gremios pierden el control de esos fondos, y se rompe el sistema solidario actual, donde los afiliados sanos “de alguna manera pagan la atención de los enfermos”. El gran problema de un sistema como este, apunó la fuente consultada, es que los seguros “son planes muy básicos, apenas un paquete de prestaciones muy inferior al actual Programa Médico Obligatorio (PMO) actual, entonces cuando el trabajador o su familia debe atender una necesidad concreta, una operación o una enfermedad, debe pagarlo, porque está fuera de su plan. Es una privatización de la atención”.
Antecedentes peligrosos
Este tipo de cambios se dieron, de manera menos contundente, durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando su primer ministro de Salud Jorge Lemus puso en marcha la Cobertura Universal de Salud (CUS). La misma estaba destinada a los pacientes del sistema sanitario público, y se acordó en su momento con la CGT que no avanzara sobre sus obras sociales. Para su lanzamiento, las entidades sindicales aportaron unos 8 mil millones de pesos para el inicio de la CUS, según se confirmó en la primera reunión de la Unidad Ejecutora.
A cambio, se firmó el famoso acuerdo por los fondos especiales que retenía el estado, por unos 16 mil millones de pesos. “Ese fue un primer paso al sistema de seguros, que finalmente quedó trunco cuando se acabó el acuerdo político de la central obrera y el gobierno de Macri”, recordó la misma fuente consultada. Así, la CUS quedó a mitad de camino, nunca puso despegar, y la derrota electoral del 2019 y la vuelta del peronismo al poder terminó con su existencia, volviendo el sistema al modelo de tres partes actual: público, privado y seguridad social.
El sistema de seguros en materia de salud está siendo duramente cuestionado en estados Unidos, desde que fue asesinado el CEO de UnitedHealthcare Brian Thompson, la más grande empresa del sector, a manos de Luigi Mangioni, quien le disparó con balas que llevaban impresas las palabras “Negar, defender, deponer”, que hacen referencia a la estrategia de este sector para evitar grandes costos en la atención: retasar, denegar, defender. Según datos publicados por distintos medios norteamericanos, las denegaciones de reclamos médicos a aseguradoras se han incrementado un 31 por ciento de 2022 a 2024.
Esto se logró gracias a un proceso llamado “preautorización”, que hace que deban hacerse varios trámites y consulta con doctores para que se pague un tratamiento. Según una encuesta de la Asociación Médica Estadounidense, realizada en 2023, el 94 por ciento de los médicos reconoce que la implementación de la preautorización retrasa la atención médica, mientras que el 78 por ciento dijo que dicha acción lleva al abandono de los tratamientos. Este sistema está en discusión, con este hecho como telón de fondo.
Reunión de la CGT
Para tomar la medida actual, la Superintendencia de Servicios de Salud argumento que se intenta “poner fin a un sistema que desviaba fondos de los beneficiarios y alimentaba cajas negras”. La resolución impactará a más de 1.300.000 afiliados. Para quienes deseen permanecer en su obra social de origen, el Ministerio de Salud aclaró que tendrán un plazo de 60 días para realizar el trámite correspondiente en la Superintendencia de Servicios de Salud. Luego de ese período, la obra social elegida será la responsable de garantizar la cobertura médica. Según se supo el mismo día de la medida, la CGT llamó a una reunión de urgencia, para tratar el tema. Si bien no se conocen detalles de la operatividad de la medida, que todavía no se publicó en el Boletín Oficial, se conoció que los gremios preparan denuncias “por abuso de autoridad y defraudación”.
La migración obligatoria dejará un hueco en los recursos de las obras sociales, muchas de las cuales no podrán sostener la atención de los afiliados que se quedan en ellas. Además, potencia el fenómeno de “descreme”, que hace que los grandes salarios se vayan al sector privado, dejando los medios y bajos en la seguridad social, con menos recursos y más personas que atender. Muchos de estos terminan yendo al sistema público, ante lo limitado de las prestaciones. Fuentes sindicales le recordaron a Data Gremial que hay una serie de medidas que se vienen pidiendo “a los últimos gobierno”, y que nunca se llevaron a cabo, que podrían haber evitar esta situación.
“Una de las cuestiones en una revisión periódica del PMO, que sigue creciendo”, destacaron las fuentes consultadas. Otro tema es mejoras en la transferencia de la Administración de Programas Especiales (APE), un fondo maneja el estado para cubrir grandes gastos, como medicamentos de enfermedades graves o procedimientos de alta complejidad. “Ese es dinero de los trabajadores, que todos los gobiernos usan para condicionar su relación con los gremios”, marcaron. Además, quieren que no sea obligatoria la atención de los monotributistas, cuyos aportes son demasiados bajos –en especial los que están en la categoría social –para brindarles la cobertura total.