Desde las últimas horas del viernes pasado, miles de trabajadores del Estado nacional comenzaron a recibir las notificaciones que desde el lunes no tendrían más trabajo. La mayoría de los afectados son contratados, que en marzo lograron extender por tres meses su vínculo, y que finalmente terminaron cesanteados, en el marco del plan de ajuste del gobierno nacional. En la previa, organismo como el INCAA o el ex ministerio de Mujeres eran los apuntados a sufrir la mayor cantidad de bajas, pero no fueron los únicos. Un recuento del gremio ATE aseguró que hasta el cierre de la primera jornada hábil de julio, eran más de 2.300 los despidos, con áreas totalmente desmanteladas, de acuerdo al relevamiento del gremio estatal. Luego de la represión frente al INTI, la dirigencia prepara una serie de medidas en el marco de un plan de lucha que se espera se profundice en los próximos días. Además, hubo despidos en áreas sensibles como en salud, en especial en el hospital Posadas, uno de los pocos bajo la órbita del Estado nacional. En otros organismos se evitaron las bajas, lo que hizo que el número sea menor al anticipado la semana pasada.
El temor a una nueva ola de despidos en la administración pública creció luego que varios integrantes del gobierno asegurarán que el plan motosierra iba a seguir durante toda la gestión libertaria. El viernes se vencieron unos 50 mil contratos de diversos sectores, y la expectativa era que al menos “unos 20 mil contratos queden en duda”, según pudo saber en su momento Data Gremial. Hasta ahora, el primer recuento de ATE, a través de su Monitor de Despidos, considera que con 2.305 los despidos confirmados. Según el informe preliminar, los organismos y carteras más afectadas hasta el momento son: “Ex ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, 450 despidos (se trata del 80 por ciento del personal); secretaría de Derechos Humanos, 700 despidos; ex ministerio de Desarrollo Social, 370 despidos (tanto en sedes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en los Centros de Referencia en todas las provincias del país); INTI, 285 despidos; Parques Nacionales.79 despidos; INCAA, 20 despidos”.
Según va quedando configurado el mapa de los nuevos despidos, los organismos más golpeados son aquellos que en marzo no pasaron por la motosierra del gobierno. “En el INCAA hubo algunas bajas pero menores, porque la estructura ya está muy golpeada. No queda mucho por despedir”, ejemplificó una fuente del sector ante la consulta de Data Gremial. En cambio, quienes no habían sentido este tipo de medidas, como las áreas de género, están en la mira. En tanto, las fuentes confirmaron que otros sectores no se vieron afectados, porque no hay capacidad para ajustar personal. “En la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que garantiza la seguridad de los vuelos en todos los aeropuertos del país, se mantiene todo el personal, porque cualquier baja puede ser peligrosa para su funcionamiento”, dijeron. Algo similar pasa en el INDEC, donde por sus tareas “no se puede prescindir de muchos empelados sin lesionar la calidad de sus trabajos”. Desde la Justa Interna de ATE confían que no tendrán cesantías en este momento, pese a tener una buena cantidad de monotributistas.
Plan de lucha
En esta nueva ola de despidos el caso paradigmático es el del INTI, donde ya el viernes se inició un paro de 48 horas hasta este lunes, luego que las autoridades adelantaran que todos los monotributistas dejarán de pertenecer al organismo. Además, ante la protesta frente a la entidad la Policía de la Ciudad reprimió violentamente, llevándose al menos dos estatales detenidos. Se trata de Sergio Melo y Damián Pereyra, trabajadores y militantes de la CTA Autónoma. Según pudo averiguar el sindicato, fueron llevados a la Alcaldía 4 de CABA, donde la dirigencia nacional encabezada por Rodolfo Aguiar se dirigió para exigir su liberación.
En tanto, en cada dependencia se comenzó a discutir un plan de lucha con acciones locales para frenar los despidos. “Hay que dar la lucha en la calle contra el ajuste brutal de Milei todo su gobierno”, sostuvo Leonardo Rando, delegado de la Junta Interna de ATE en la secretaría de Cultura. Luego de una asamblea, se comenzó a discutir la forma de enfrentar el ajuste, que en esa dependencia tuvo en enero y marzo sus peores momentos. “Este ataque de Milei a los trabajadores estatales el único campo de disputa que tiene es la calle, porque ni a través de las presentaciones judiciales se lograron reincorporar compañeros, ni en la camada de despidos de enero ni en la de marzo pusieron volver a sus cargos por esa vía”, le dijo a Data Gremial.
Rando recordó que “sólo en los lugares donde hubo resistencia a través de asamblea sy acciones se puso evitar más despidos, y se sigue pidiendo por la reincorporación de los que faltan, creemos que ese es el mecanismo que hay que fortalecer”. Por eso, el dirigente reclamo que “la conducción de UPCN y ATE tiene que ponerse al frente de la lucha de los estatales, para lograr acciones unitarias y concretas para frenar el avance del gobierno, que no sólo está realizando despidos, sino que además está cerrando organismos, poniéndonos como los culpables de déficit fiscal y acusándonos como ñoquis ante la sociedad”.
Otras áreas
Además de los despidos en el Estado nacional, esta vez el gobierno extendió el ajuste de personal a otras áreas, como el sistema de salud. Así, este lunes se confirmaron al menos 90 despidos en el Hospital Posadas, el más grande del país y uno de los pocos que están en la órbita nacional. Así se lo confirmó a Data Gremial la conducción nacional de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), que contabilizó 90 despido, entre ellos “la única bioquímica que hacía biología molecular en oncohematologia, fundamental para el diagnóstico y el seguimiento de leucemias”. Ante esto, este lunes hubo una conferencia de prensa para denunciar la situación y una asamblea para definir un plan de lucha.
“Los trabajadores denuncian que es una política criminal porque los despidos apuntan al vaciamiento de servicios importantes, dejando a pacientes con tratamiento de enfermedades graves sin atención y afectando a su vez a las miles de personas de todo el país sin acceso al sistema de salud en áreas como: fisiatría, emergencias, neumonología, clínica, kinesiología, enfermería, biología molecular aplicada al tratamiento de cáncer, radiología, hemoterapia y también incluye administración”, explicaron desde CICOP-Posadas. Además del caso nombrado, el gremio marcó que entre los despedidos “se encuentran trabajadores que superan los 10, 15 y hasta 20 años de antigüedad e incluso delegados y miembros de la Comisión Directiva del gremio de base de FESPROSA, por lo que los despidos son ilegales”.