Casi de madrugada, antes de un viaje al exterior y en medio del escándalo político y financiero más importante de su gestión. Así el presidente Javier Milei firmó el decreto que transforma el Banco Nación en una sociedad anónima, algo que se interpreta como un primer paso hacia su privatización. Pese al rechazo generalizado, la gestión libertaria parece decidida a deshacerse de una entidad con más de 130 años de historia, y que una audiencia realizada en 2024 le dio calificaciones de excelencia. Apenas formalizado el decreto, los gremios del sector se opusieron rotundamente, y prometieron un plan de lucha. Además, la CGT a través de su conducción nacional y sus regionales, y las dos fracciones de la CTA criticaron el camino iniciado, que no tiene argumentos técnicos, económicos ni políticos que sostengan la necesidad de desprenderse de la banca pública.
La sospecha, en este punto, es que hay un negociado detrás de la maniobra, e incluso en estos días las versiones incluyeron la posibilidad del desembarco de fondos buitres interesados en hacer negocios con el organismo. Según las estimaciones, el Banco Nación tiene un valor de 30 mil millones de dólares. A partir de esto, se abre un abanico de posibilidades para intentar resistir la medida, que va desde un plan de lucha hasta un proyecto de ley que intente revertir la trasformación de esta semana.
El decreto 116/2024 fue publicado esta medianoche en el Boletín Oficial. La norma establece "la transformación del ente autárquico Banco de la Nación Argentina en Banco de la Nación Argentina Sociedad Anónima (BNA S.A.)". Asimismo, aprueba "el modelo de Estatuto Social" de la entidad. Según se dispuso, "los accionistas del BNA SA serán el Estado Nacional, quien tendrá la titularidad del 99,9 por ciento del capital social y que ejercerá todos sus derechos a través del Ministerio de Economía y la Fundación Banco de la Nación Argentina, que tendrá la titularidad del 0,1 por ciento del capital social". También se estableció que el capital social del Banco de la Nación Argentina Sociedad Anónima "se prevé en la suma de 1.602.274.965.000 de pesos".
La Bancaria y la Asociación Personal Jerárquico de Bancos Oficiales (APJBO) se opusieron de inmediato a la medida, y alertaron de sus consecuencias. Para Aturo Quiñoa, titular de la segunda de la APJBO, el mencionado decreto “se basa en la Ley de Bases”, por lo cual los argumentos esgrimidos “carecen de fundamento”, ya que la banca pública fue excluida de la lista de empresas estatales a vender, habilitadas por la normativa.
Si bien el avance sobre el Banco Nación era esperado, los gremios se sorprendieron por la metodología y el contexto. “La idea de transformar el banco en sociedad anónima estaba en la agenda del gobierno, pero no a través de un decreto, estimo que tiene que ver con el viaje del presidente a Estados Unidos”, le explicó el dirigente a Data Gremial. en este sentido, el titular de la APJBO estimó que la idea de hacerlo en este momento “es quedar bien con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, aunque no descartó que se trate “de una ‘bomba de humo para tapar el criptogate”, por el cual se lo investiga por la estafa millonaria con la criptomoneda $Libra.
Para Quiñoa y su gremio, esta medida “es el paso previo para la privatización, pero para eso deberían mandar un proyecto al Congreso y lograr su aprobación”. El gremio de los jerárquicos se declaró “en estado de alerta y movilización” y comenzará a realizar asambleas en todo el país para definir los pasos a seguir. “El sistema financiero argentino es algo raro”, reflexionó el dirigente, ya que “se vendieron dos bancos extranjeros y los compradores son locales. No se ven inversiones extranjeras, por ahora”.
Intereses ocultos
Apenas se conocieron los detalles del decreto, las especulaciones comenzaron a circular. Está claro que una de las alternativas que maneja la gestión libertaria es privatizar el banco, pese a quedar fuera de la nómina de la Ley Bases, pero hay sospechas sobre algunos negociados que se abren en este proceso. Incluso algunos rumores establecen que hay acuerdos informales en marcha. “Los Fondos de Inversión podrían estar interesados solo si compran barato y después de transformarlo, poder venderlo caro. No son de hacer negocios a largo plazo”, analizó Quiñoa respecto a las posibilidades de la llegada de capitales externos.
Una de las especulaciones que se abrieron en estas horas es la chance que Mercado Libre esté interesado de hacer algún tipo de inversión. En este punto, para Quiñoa la empresa de Marcos Galperin “sí podría estar interesada porque tiene que transformarse en Banco Nación y de esta manera le servirán la red de sucursales para su negocio de entrega y recepción de paquetes, pero no se sabe si harían el desembolso necesario”.
Pero hasta el momento todas son especulaciones, y las dudas son mayores a las certezas. “El decreto esconde algo raro, ya que si es plata lo que necesita el gobierno, tiene el 70 por ciento de las acciones del Banco Hipotecario”, recalcó Quiñoa.
Por eso se preguntó “cuál es el verdadero interés de este gobierno de desprenderse de una empresa que es rentable hace 130 años, que paga todos los impuestos y que de la utilidad destina el 20 por ciento al Tesoro Nacional. Si la vendes ya no tendrás esa renta anual y depende quien lo compre puede estar exento del pago de impuestos”. En este punto, el dirigente se refiere al Convenio Contra la Doble Imposición Mundial.
A fines de enero, a través de un comunicado, la entidad había adelantado que se "aceleraba" su "transformación en sociedad anónima". Y remarcó que esta conversión "es imprescindible para que el Banco continúe aumentando los préstamos a favor de las pymes y las familias”. “simple vista hay un montón de comisiones, legales, que genera la venta para los intervinientes. Todo raro”, concluyó el líder de la APJBO.
Proyecto de ley
En tanto, además de intentar trabar su privatización, en el Congreso se puede dar una de las peleas para evitar los cambios, revirtiendo el paso a sociedad anónima. Es que los referentes sindicales bancarios y diputados nacionales, Carlos Cisneros y Sergio Palazzo, presentaron un proyecto de ley para derogar el decreto de transformación. El objetivo de la iniciativa es “garantizar que el Banco Nación continúe siendo una entidad pública, evitando que su cambio de figura jurídica abra la puerta a la privatización”. Además, el proyecto busca declarar la nulidad de todos los actos administrativos derivados del decreto y excluir al Banco Nación de las disposiciones del DNU 70/2023 y de la Ley Bases.
Según explicaron Cisneros y Palazzo, la conversión del Banco Nación en sociedad anónima atenta “contra su misión de fomento productivo y crédito accesible para pymes y familias argentinas”. “Este decreto es un paso previo a la privatización, iniciativa que ya fue rechazada por el Congreso. Se trata de una maniobra para infiltrar intereses privados en una institución clave para la economía nacional”, advirtieron los legisladores en los fundamentos del proyecto. Para los autores del proyecto, la medida del Poder Ejecutivo desnaturaliza el rol del banco al debilitar su capacidad de financiamiento, lo que afectaría directamente a pequeñas y medianas empresas, productores agropecuarios y sectores que dependen del crédito estatal. Los diputados cuestionaron la ausencia de argumentos sólidos en la normativa que transforma al banco en Sociedad Anónima.
“Ni el DNU 70/2023 ni el decreto 116/2025 presentan un informe técnico que justifique la conversión del BNA en una Sociedad Anónima. No hay evidencia de que esta decisión tenga beneficios para el sistema financiero o para la sociedad”, señalaron Cisneros y Palazzo. Los legisladores recordaron que, en la década de los 90, cuando el país avanzaba en un proceso de privatización de empresas públicas, el Congreso sancionó la Ley 25.108, que excluyó explícitamente al Banco Nación de cualquier intento de privatización.