Desafiando los casi 40 grados de sensación térmica del mediodía, gremios de la salud, organizaciones de pacientes y otros sectores realizaron un abrazo a la sede del Ministerio de Salud nacional, para rechazar el reciente cierre de unos 15 programas y dependencias, que fueron absorbidas por la estructura de la cartera sanitaria. La medida incluyó a la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), que debía entregar medicamentos a personas en situación de vulnerabilidad social, según una orden judicial, que la gestión de Mario Lugones hasta ahora desconoció.
El achicamiento del organigrama incluye áreas muy sensibles, como la lucha contra la tuberculosis y la provisión de tratamientos para personas con HIV. Algo similar ocurre en el área de ciencia, donde se eliminaron todos los programas que estuvieron hasta la anterior gestión bajo la órbita del ex Ministerio, degradado al rango de secretaría apenas asumió Javier Milei. “Es un desguace total de la salud pública y la ciencia y tecnología”, advierten diversos referentes de ambos rubros, que se perfilan como las castigados del segundo año de la motosierra libertaria.
El año comenzó con resoluciones que ponen en peligro el sostenimiento de diversos programas en ambos sectores, que el gobierno viene ajustando de manera reiterada. En el caso del Ministerio de Salud, la decisión fue cerrar 15 programas y dependencias, como la DADSE, las coordinaciones de Tuberculosis y Lepra y de Hepatitis Virales. El decreto 1138/24 derogó estos organismos sanitarios, que serán parte de la estructura del Ministerio de Salud, bajo el argumento de mejorar el manejo de los recursos, ante supuestas irregularidades en gestiones anteriores.
Además, en el sector científico, la resolución 10/2025 publicada en Boletín Oficial termina con todos los programas bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación –unos 70 –que “deban rendiciones, estén vencidos y no aporten al crecimiento del país”. La medida pretende según sus argumentos “optimizar los recursos públicos y redirigir las políticas científicas hacia sectores prioritarios como agroindustria, energía, minería, economía del conocimiento e innovación en salud”. Del mismo modo, se prevé la recuperación de fondos de aquellos programas que no alcanzaron “niveles mínimos de ejecución”.
Luego del acto de este martes, las entidades entregaron la carta destinada al ministro, aunque no hay demasiadas expectativas de una respuesta. “No esperamos que el ministro Lugones tenga una actitud receptiva”, dijo Jorge Yabkowski, secretario general de la FESPROSA. En diálogo con Data Gremial, el dirigente médico recordó que “le pedimos varias entrevistas, enviamos varias notas con otros colectivos de salud por diversos temas, como los despidos del Hospital Posadas, que nunca nos contestaron”. Esta actitud, recordó Yabkowski, se viene repitiendo en varias cuestiones, como cuando el Ministerio de Salud apeló el fallo para que la DADSE entregue medicamentos a pacientes que habían realizado su pedido.
“Su argumento fue que las entidades de pacientes no tenían legitimidad para representar a esos pacientes, querían que vayan de a uno como hizo Sandra Pettovello con los beneficiarios de planes sociales”, agregó. El colectivo que hizo el abrazo a la cartera sanitaria marcó que “la voluntad de diálogo con quienes nos oponemos a la motosierra es igual a cero”. La idea es seguir realizando este tipo de medidas para dar marcha atrás con las medidas de ajuste.
Consecuencias
El desguace de los programas sanitarios y científicos tendrá un fuerte impacto no sólo en la actividad diaria de ambas dependencias, sino que afectará la vida de pacientes alcanzados por los recortes y de investigadores, que serán objeto de la desfinanciación del sector. En el primero de los casos, la profundidad del ajuste movilizó a distintas entidades a la sede de la cartera de salud, para entregar una carta al ministro Lugones y repudiar la decisión. En el documento, al que tuvo acceso Data Gremial, se apuntó al cierre de las oficinas que atienden la tuberculosis la lepra, las hepatitis virales, el HIV y similares.
“Estas coordinaciones han sido pilares fundamentales para articular políticas públicas nacionales, asegurar estrategias de diagnóstico, prevención y tratamiento”, expresaron. En el texto aportaron datos epidemiológicos: “Los casos de tuberculosis aumentaron un 11,94 por ciento entre 2023 y 2024, con un alarmante crecimiento de la tuberculosis multirresistente”. Por su parte, “más de 470 mil argentinos padecen hepatitis B o C, de los cuales solo el 30 por ciento conoce su diagnóstico. Estas cifras reflejan una crisis de salud pública que requiere una respuesta estatal robusta, no el desmantelamiento de estructuras críticas”.
Para Yabkowski, que el Ministerio de Salud deje de ser operativo con estos ajustes y recortes “es una decisión política del gobierno”. “Como dijo el presidente Milei ellos vienen a destruir el Estado desde adentro, y lo primero que quieren dar de baja en el ministerio son sus responsabilidades que requieren presupuesto”, dijo. En el país, de los 1.700 hospitales públicos y 6 mil unidades sanitarias están en manos de las provincias. Ese 5 por ciento que está bajo la órbita nacional “lo quieren transferir a las provincias”, según adelantó el dirigente de FESPROSA.
Prueba de esto, esta semana se despidieron 180 trabajadores del Hospital Sommer de General Rodríguez, lo que corresponde al 15 por ciento de la planta. “Esto es motosierra contra la salud y los enfermos”, recalcó Yabkowski, que subrayó que quieren hacer del Ministerio de Salud “una cáscara vacía, que llame a algunas reuniones, fije algunas pautas pero que no tenga capacidad de intervención, que de alguna manera se logró en la epidemia de coronavirus”.
Ajuste en la ciencia
En tanto, el cierre de los programas de promoción científica son el corolario de un ajuste que dejó a la investigación en muchos casos paralizada. Es que el recorte de los recursos para el sector supera los 30 puntos, el más grande de las últimas décadas. Así lo confirma un reciente trabajo del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación del Grupo de Economía, Política y Ciencia (EPC-CIICTI), que confirmó que “la inversión estatal en el sector cayó 34,9 por ciento desde que asumió Javier Milei”.
El dato, asegura el reporte, “refleja la paralización de programas y actividades, así como también el deterioro de los salarios”. Además, el informe detalla que “la ejecución acumulada a noviembre del presupuesto de ciencia y tecnología no cayó de manera pareja en todo el territorio: algunas provincias fueron perjudicadas con caídas que superaron el 70 por ciento y en 13 distritos superaron el 50 por ciento”. Según el informe, el crédito ejecutado de la Función Ciencia y Técnica (FCyT) del presupuesto “se deteriora un 32,0 por ciento real, lo que implica que alcanzará el 0,211 por ciento del PBI y con ello se encuentra un 42,3 por ciento por debajo del valor que tenía en 2015”.
Con estos datos, más el cierre de todos los programas del área, la ciencia y tecnología en 2025 tendrá un año más que complicado, por eso la propia CGT repudió la decisión. “Esta decisión se enmarca en una política aún más amplia de rechazo y desmerecimiento hacia la comunidad científica argentina y su valioso trabajo, y no es más que otra piedra en el zapato para el desarrollo tecnológico nacional”, criticó la central obrera, en un comunicado firmado por su Consejo Directivo Nacional. “La intempestiva decisión del gobierno de Milei”, sentencian desde la CGT, “pone en suspenso numerosas investigaciones en distintas áreas que comprometen seriamente una política de desarrollo científico y tecnológico reconocida en todo el mundo”. Por esto mismo, la conducción de la entidad “se solidariza con los científicos y científicas de nuestro país, quienes deben tener el apoyo que precisan para trabajar en condiciones óptimas, lo cual redundará en más y mejores oportunidades para la Argentina”.