Paralelamente a la negociación en el Senado para lograr la sanción de la Ley Bases, el Gobierno se prepara para poner en marcha un nuevo plan de despidos masivos en el Estado. La aprobación definitiva del megaproyecto habilitaría al oficialismo a pasar a disponibilidad a un total de 125.000 trabajadores, que eventualmente podrían ser despedidos. Se trata de aquellos que actualmente forman parte de la planta permanente de la administración pública.
Tras impulsar la primera etapa de cesantías a principio de año con la no renovación de los contratos firmados durante 2023, Javier Milei vuelve a embestir contra los trabajadores estatales, en concreto ahora sobre aquellos que actualmente se encuentran cumpliendo funciones en los organismos y entidades que, mediante la ley ómnibus, espera reformar o directamente disolver.
El proyecto, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados este martes, además de proponer la supresión o reformulación de áreas, incluye la modificación de la llamada Ley Marco de Regulación del Empleo Público, pilar de la regulación de las contrataciones con carácter permanente del Estado Nacional. El fin del gobierno libertario es iniciar un nuevo régimen de estabilidad.
Efecto de la Ley Bases: el cambio que daría luz verde al Gobierno para "pasar a disponibilidad" a miles de empleados
Según los datos a los que accedió Data gremial, si la ley Bases consigue la aprobación definitiva de la Cámara alta, la nueva normativa dejaría en el blanco del Gobierno a un total de 125.000 empleados que hoy cuentan con estabilidad plena porque están bajo la protección de la ley Marco y el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Si a ellos se les suma los 55 mil de planta transitoria, el universo de empleados públicos en riesgo se incrementaría a 180.000.
Sucede que el polémico proyecto que desvela al Ejecutivo indica en el artículo 52 del Capítulo IV la modificación del artículo 11 del Anexo de la Ley N° 25.164 (Ley Marco) por la siguiente redacción: “El personal alcanzado por el régimen de estabilidad que resulte afectado por las medidas de reestructuración que comporten la supresión de órganos, organismos o de las funciones a ellos asignadas; o de reducción por encontrarse excedida, conforme surja del informe fundado del órgano competente en la materia, la dotación óptima necesaria, quedará, automáticamente, en situación de disponibilidad por un periodo máximo de hasta doce (12) meses, conforme lo establezca la reglamentación".
Durante ese término, los agentes de la administración pública deberán recibir la capacitación que se les instruya o cumplir tareas en servicios tercerizados del Estado.
"Cumplido el término de disponibilidad, sin que el trabajador hubiera formalizado una nueva relación de trabajo, quedará automáticamente desvinculado de la Administración Pública nacional", indica el proyecto.
Desde el Gobierno dejaron trascender que los contratos están siendo revisados en el contexto de la auditoría que el Gobierno viene llevando a cabo desde el comienzo del mandato de Milei. A su vez indican que "cada área va a evaluar la continuidad de sus empleados". No obstante, afirman que aquellos que "tengan responsabilidades o cumplan tareas seguirán trabajando".
Indemnizaciones previstas
Así las cosas, si un trabajador estatal de planta permanente es despedido, estará habilitado a recibir una indemnización por sus años de trabajo, la cual contemplará un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses.
Qué organismos podrían verse afectados por la aprobación de la ley Bases
En caso de aprobarse, el artículo 3 de la Ley Bases faculta al Poder Ejecutivo nacional a modificar, eliminar competencias o funciones, reorganizar, transformar la estructura jurídica, disolver parcial o totalmente los órganos u organismos de la administración central o descentralizada, entre otros puntos.
El proyecto excluyó del grupo de organismos afectados por el artículo a "las universidades nacionales, los órganos u organismos del Poder Judicial, Poder Legislativo, Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan".
En cuanto a la situación de otros organismos como el CONICET, la ANMAT, el INCAA, el INCUCAI y la CNV, se definió que no podrán ser disueltos, lo que, en todo caso, habilitará al Gobierno a reorganizarlos, modificarlos o eliminar competencias. Lo mismo ocurrirá con el ENACOM, la Autoridad Regulatoria Nuclear, la CONAE, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU); la Unidad de Información Financiera (UIF); y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Así las cosas, la aprobación de la ley Bases habilitaría al Gobierno a despedir a un universo de 125.000 trabajadores estatales de planta permanente que llevan adelante tareas en dichas dependencias y en otras áreas del Estado.
En simultáneo, seguirán en revisión más de 55 mil contratos de empleados de planta transitoria, un universo que se vio perjudicado desde el inicio de la gestión libertario con más de 15 mil despidos.