A través de la resolución 893/2024, emitida por el gobierno argentino en septiembre pasado, el Ministerio de Seguridad puso en marcha el llamado Comando Unificado de Seguridad Productiva, un instrumento que permite actuar ante situaciones de protesta en enclaves considerados “estratégicos” para el país, a través de las fuerzas de seguridad. La iniciativa considera "ilícitos" las protestas en zonas productivas, lo que puede llevar a la “criminalización generalizada de las manifestaciones pacíficas”, según vienen denunciando los gremios. Luego de rechazar la iniciativa, un grupo importante de entidades encabezadas por las conducciones de las dos fracciones de la CTA formalizó una denuncia judicial, para dejar sin efecto la propuesta.
Los sindicatos argumentan que esta resolución “viola los convenios internacionales sobre libertad sindical y derecho de sindicación”, específicamente el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (87) y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva (98). Con diciembre en el horizonte, y su siempre agenda conflictiva, hay temor que se profundice la mirada represiva del gobierno, que tiene en el protocolo “anti piquetes” otro de los elementos relevantes.
La presentación judicial de los gremios de las dos CTA y la CGT busca bajo la figura del amparo contra el Estado que se declare “la inconstitucionalidad y la nulidad de las resoluciones 893/2024 y 901/2024 del Ministerio de Seguridad de la Nación”, que permiten la creación y habilitación del Comando Unificado de Seguridad Productiva, una herramienta “de control y orden como mecanismo de disciplinamiento sobre la actividad sindical de los trabajadores y trabajadoras, y sus sindicatos, que permite la intervención de todas las fuerzas de seguridad en conflictos laborales, lo cual solo está reservada hasta el momento a la intervención judicial”.
Según la presentación, a la que tuvo acceso Data Gremial, la resolución del presente caso “adquiere una relevancia significativa para la libertad sindical y atenta en forma manifiesta contra la garantía del derecho de huelga, que cuenta con especial resguardo de garantías constitucionales y convencionales propias del Estado Constitucional de Derecho”. En términos de la acción que se intenta, se denuncia “un intento de impedir u obstaculizar el ejercicio regular de los derechos de la libertad sindical”.
Los gremios se refirieron especialmente “al derecho de huelga, la represión contra su ejercicio y los despidos represalias o discriminatorios que se operativizarán por el ejercicio legítimo de la actividad sindical, pero también a la autonomía colectiva en orden a las acciones de autotutela gremial y desarrollo pleno de su plan de acción en la esfera externa sindical e, incluso, por la notoria afectación de la capacidad de negociación colectiva al comprometerse en tan alto grado una herramienta fundamental (la huelga) para alcanzar equilibrios indispensables en las concertaciones colectivas”.
“Los señalamientos precedentes evidencian claramente un exceso y arbitrariedad en el ejercicio que ha hecho el Poder Ejecutivo a través de los actos referidos del Ministerio de Seguridad, actuando en ostensible exorbitancia de sus atribuciones y, la consiguiente, pulverización de las garantías y derechos inherentes a la libertad sindical constitucional, convencional y legalmente garantizado”, recalcó la presentación judicial.
Por eso, este comando aunque vinculado inicialmente a la seguridad en enclaves productivos, “posee una naturaleza que excede las competencias del ministerio en materia laboral y afecta gravemente la libertad sindical”. Esta resolución se encuentra “inescindiblemente unida a la resolución 901/2024, que establece el protocolo de actuación de dicho comando”.
Polémica iniciativa
La medida firmada por la ministra Bullrich fue publicada en el Boletín Oficial el pasado 10 de septiembre bajo el argumento de “ejecutar tareas destinadas a la prevención y control del orden en los enclaves productivos del país”, permitiendo una interpretación laxa y poco precisa sobre los alcances de la resolución.
En concreto, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y diversos gremios nucleados en la CGT denuncian un intento de “impedir u obstaculizar el ejercicio regular de los derechos de la libertad sindical”. Durante una conferencia de prensa, los firmantes de la demanda judicial explicaron los alcances de la medida, que es parte de la lucha que llevan adelante contra esta y otras propuestas represivas de la gestión libertaria.
“Todas estas ideas tienen como único objetivo demostrar una ‘pseudo autoridad’, que tiene como función principal reprimir cualquier situación de protesta y movilización”, alertó en su momento Pedro Wasiejko, titular de la Federación de Trabajadores de la Industria y Afines (FeTIA). El sector industrial es junto a otros como petroleras, cerealeras, Vaca Muerta o mineras quienes estarán bajo la mira del comando creado reciente mente.
Cabe recordar que los trabajadores aceiteros de San Lorenzo junto a la Federación Aceitera llevaron adelante diferentes medidas de fuerza como un paro general de casi una semana ante la intransigencia de los empresarios en la negociación paritaria. Recientemente lograron arribar a un acuerdo, el cual supera la inflación. Con este nuevo Comando, las acciones hubiesen sido interrumpidas por esas fuerzas policiales. Una nueva arremetida con los sindicatos.
Unidad
Con este paso conjunto, las dos fracciones de la CTA refuerzan el proceso de unidad comenzado hace meses, y que podría terminar con más de una década de diferencias entre la dirigencia, que se separó en 2010 luego de una fallida elección nacional. “Se está avanzando bien en esta idea de unidad, hay coincidencias no sólo en la dirigencia sino además en todos los gremios”, le dijo a Data Gremial remial una fuente del sector, que recordó que además de los encuentros de las conducciones ya hubo plenarios conjuntos de varias entidades, como los gremios universitarios CONADU y CONADU Histórica.
En este camino de la unidad, ayer lunes en la Ciudad de Mar del Plata, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores encabezadas por sus respectivos secretarios generales, Hugo Godoy y Hugo Yasky, conmemoraron un nuevo aniversario del “No al ALCA”. Los días 4 y 5 de noviembre de 2005, se realizaron paralelamente en territorio marplatense la Cumbre de las Américas, en la que el entonces presidente de los Estados Unidos George W. Bush, y una Cumbre de los Pueblos, en la que Diego Maradona, Hugo Chávez, Evo Morales y otros referentes populares de toda américa se expresaron en rechazo a las intenciones norteamericanas.
En el cierre de la jornada, realizada en el Aula Magna de la Universidad Nacional de Mar del Plata, hicieron uso de la palabra, entre otros, el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, la escritora y periodista Telma Luzzani, y los titulares de las centrales obreras de la Provincia de Buenos Aires, Roberto Baradel y Oscar de Isasi. En su intervención, Yasky recordó que en aquel noviembre de 2005, “hubo una sintonía y una correspondencia entre lo que hacían algunos líderes populares, como Lula, Néstor o Chávez adentro la cumbre y lo que hacíamos las organizaciones populares movilizadas afuera”.