La semana pasada, los trabajadores del subte decidieron realizar paros escalonados en varias líneas, rechazando el intento de desafuero de una veintena de delegados, incluyendo el referente Claudio Dellecarbonara, que además fue denunciado por desacato en el marco de una causa judicial iniciada por realizar protestas contra la presencia de asbesto en trenes y estaciones. No es la primera vez que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires intenta desaforar a dirigentes gremiales, paso previo a su despido. Esta es una estrategia del PRO desde que asumió por primera vez en 2007, y que el actual alcalde Jorge Macri parece estar dispuesta a profundizar.
Es que en apenas seis meses de gestión no solo avanzó contra los metrodelegados, sino además con un dirigente médico integrante de la conducción nacional de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), a quien intenta quitarle la protección gremial. Estos dos casos se suman a varias denuncias que existen entre docentes y empleados estatales, y se completa con la reforma del código penal que instala la llamada “reiterancia delictiva”, una herramienta para que jueces puedan mantener detenidos a personas con varias causas abiertas, y que los gremios alertan se utilizará para “criminalizar la protesta” social y sindical.
El nuevo pedido de desafuero del jefe de Gobierno porteño recayó sobre Guillermo Muñiz, médico psiquiatra del Hospital Álvarez, quien además es un dirigente sindical histórico de la Ciudad de Buenos Aires. Muñiz es referente de la agrupación Recuperación Gremial de la Asociación de Médicos Municipales y miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la FESPROSA, y según la entidad “ha recibido una comunicación de la Procuración de la Ciudad en la cual se solicita su desafuero para ser sancionado por defender a sus compañeros de hospital y a todos los trabajadores durante la pandemia”.
En esos momentos, el dirigente realizó “varias denuncias por las malas condiciones de trabajo y la falta de insumos y de protección personal para afrontar la situación. Frente a ello, el Ministerio de Salud de la Ciudad le instruyó un sumario que culminó con una sanción que, para hacerse efectiva, deben darle de bajas los fueros con los que cuenta por ser delegado gremial”.
“Esta política de persecución a los dirigentes sindicales se inscribe en un marco general donde la Ciudad colabora con las fuerzas federales en la represión de las movilizaciones callejeras, en particular las ocurridas el 12 de junio durante el debate de la Ley Bases en el Senado”, denunció FESPROSA mediante un comunicado, que exigió “el inmediato sobreseimiento de Muñiz, el retiro del pedido del quite de fueros y el cese de la persecución a todos los luchadores sociales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. “Jorge Macri había anticipado su actitud represiva, adelantando que no iba a aceptar cortes de calles por ejemplo, pero su accionar fue mucho más audaz, y se volvió un enemigo de los gremios”, le dijeron a Data Gremial fuentes sindicales.
En este punto, los desafueros funcionan como “brazo ejecutor” de esta política “anti sindical”.
Ataque en el subte
El caso del referente de FESPROSA se suma a lo que sucede en el subte, con el intento de quitarle la protección sindical a Dellecarbonara, dirigente de la Asociación Gremial del Subte y Premetro, y otros metrodelegados. Según se supo, hay 21 pedidos de desafuero más sobre delegados y miembros de la comisión directiva que van acompañados de expedientes por despido contra los representantes gremiales.
Como en el caso de Muñiz, los pedidos comenzaron en gestiones anteriores, pero Jorge Macri no solo que no revisa esta situación, sino que además la potencia, y busca acelerar los tiempos judiciales. Por esta situación la semana pasada se realizaron paros rotativos en distintas líneas.
Esta situación de persecución se consolidó reflotando un sumario que ya tiene hace varios años. Otros casos similares en los que el Gobierno de la Ciudad pasa por encima de la protección gremial y solicita el desafuero para sancionarlos fueron los que sufrieron los referentes Dellecarbonara y el dirigente de Ademys, Jorge Adaro, junto a otros trabajadores de salud. El mismo se inició en septiembre del 2022 por encabezar una protesta en un colegio porteño.
Ante la visita del funcionario del Ministerio de Educación Fabián Capponi, Adaro y los docentes pusieron carteles recordando los trabajadores de la salud muertos por Covid-19, en medio de la discusión por la apertura de las aulas sin las mejores condiciones epidemiológicas.
La semana pasada, la justicia dio en segunda instancia la razón a los docentes y frenó el desafuero. “Nos oponemos a esta reforma, sin dudas es un acompañamiento de la política represiva nacional de la mano de Patricia Bullrich”, dijo Adaro.
En diálogo con Data Gremial, adelantó que el objetivo “no es perseguir más que a los que protestamos contra la política gubernamental de ajuste. Sostenemos que no hay modo de aplicar el ajuste sin represión, no ataca solo al movimiento sindical sino al pueblo en general”.
Peligrosos antecedentes
En los últimos días, los pedidos de desafuero se fueron actualizando, a partir de causas viejas. Además, la legislatura porteña aprobó una herramienta que le permite a la justicia arremeter contra la dirigencia sindical y social: la figura de “reiterancia delictiva”.
La misma se incorporará así al listado de antecedentes con que un juez cuenta para el dictado de prisiones preventivas ante "peligros de fuga". De esta manera, el juez en cuestión tendrá la potestad de determinar una preventiva si una persona es detenida y tiene “múltiples procesos penales” en instancia de requerimiento de elevación a juicio, siempre que se trate de delitos dolosos.
Otro caso grave fue el despido en 2021 de Héctor Ortiz, histórico dirigente gremial del Hospital Durand y la ex Casa Cuna, y referente de la agrupación ATE Hospitales, quien en tiempos de Horacio Rodríguez Larreta fue desaforado y cesanteado a través de la resolución 4184/21. Como paso con otros casos, no fue notificado y se enteró por las redes sociales. “Ortiz fue despedido por haber denunciado irregularidades durante la pandemia de coronavirus y por haber señalado las fallas del sistema sanitario en la ciudad, con las graves consecuencias que ello tuvo para la población”, señalaron desde ATE en su momento. Luego, la justicia reconoció sus fueron sindicales, y lo reinstaló su lugar de trabajo. Tiempo después, siguió la persecución, y recibió amenazas en el propio hospital. “Se viene el Falcón verde”, dejaron escrito en un papel.