El próximo mes, se actualizará el valor del salario mínimo, vital y móvil, según lo decretado por la secretaría de Trabajo, a través del Consejo Nacional del Empleo. Según lo que se oficializó en diciembre 2024, la actualización en los valores para marzo hará que el ingreso base alcance los 296.832 pesos mensuales y 1.484 pesos el valor de la hora, según la resolución 17/2024. Esto se alcanzó sin acuerdo de los gremios, que reclamaron un aumento mayor para lograr achicar la pérdida sufrida durante el inicio de la gestión libertaria.
Es que pese al relato del gobierno, que insiste con una recuperación económica que empuja a la recuperación salarial, el desplome de los ingresos es bastante notorio, según otros datos que surgen del análisis de otras variantes. Una de ellas indica que el salario mínimo perdió desde que asumió Javier Milei la presidencia más del 30 por ciento, y el aumento del mes próximo no logra paliar esta realidad. El trabajo del Instituto de Pensamiento y Políticas Público (IPyPP) afirmó que “la fijación del valor impuesto para diciembre fue prácticamente el mismo propuesto por los empresarios de la UIA (de 278 mil pesos), y resulto en la mitad del salario de 572 mil pesos propuesto por las tres centrales sindicales”, en la última reunión de diciembre del Consejo del Salario donde no se llegó a un acuerdo consensuado entre las partes.
El análisis comparado de la evolución del salario mínimo y otros indicadores como las Asignaciones Familiares permite a la entidad que lidera el economista Claudio Lozano aproximar “algunas de las orientaciones de la política de La Libertad Avanza”. “Las decisiones tomadas por el gobierno sobre el nivel del SMVM muestra su intención de ignorar a las instituciones que regulan los ingresos laborales, en este caso el Consejo Nacional de Empleo, la productividad y el Salario, que en los últimos años ha convocado a las tres centrales de trabajadores, a los principales gremios nacionales de estatales y del sector privado, junto a dirigentes empresarios de la UIA o de la Sociedad Rural, y al Estado Nacional y al Consejo Federal del Trabajo para, entre otras cosas, acordar el nivel del mínimo”, remarcó el reporte, al que tuvo acceso Data Gremial.
Desde que asumió el gobierno de Javier Milei “fueron convocadas cuatro reuniones durante el año 2024, en ninguna de ellas se lograr alcanzar un consenso y el gobierno impuso unilateralmente la actualización del SMVM por decreto”. Estas actualizaciones supusieron “una pérdida de poder adquisitivo del salario mínimo entre noviembre 2023 y diciembre 2024 del 30 por ciento, reducción que se suma a la pérdida acumulada en años anteriores”.
Esta baja del ingreso base tiene fuerte impacto en la estructura del mercado de trabajo, ya que afecta distintas variantes del empleo. Como explicó el IPyPP, a contramano de lo que sostiene el gobierno sobre la promoción del empleo en blanco, esta configuración de los ingresos “promueve el empleo no registrado”. “Esta suerte de presión hacia el no registro se amplifica notoriamente desde la reforma laboral implementada por el gobierno de LLA que eliminó la aplicación de multas al empleador que no registra a sus trabajadores o que registra un salario menor al efectivamente pagado”, recordó el trabajo. Al mismo tiempo, “esta configuración le quita entidad a las instituciones como el salario mínimo, vital y móvil, cuya función es regular el umbral salarial”.
De acuerdo al artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, el salario mínimo es definido como “la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”.
Impacto de la pérdida
El salario mínimo se aplica a todos los trabajadores que no están comprendidos en un convenio colectivo de trabajo. Además, se considera en las negociaciones paritarias de los diferentes sectores e impacta en diversas prestaciones que paga la ANSES, como las Asignaciones Familiares o la AUH. Por eso, se suele usar de medida para establecer el impacto de aumentos y otras cuestiones. Por ejemplo, en cálculos realizados en base a datos oficiales del INDEC, se estableció que la canasta escolar 2025 para el inicio de clases alcanza un 23 por ciento del valor del ingreso base.
Según estos relevamientos privados, los aumentos del rubro se ubican en torno al 45 por ciento (un combo de primaria cuesta 100.890 pesos) y la situación se agrava en el caso de los sectores populares donde algunos artículos subieron el doble del valor que tenían en enero 2024.
En perspectiva histórica, si se mira la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC y los incrementos del rubro “Educación”, registra subas significativas vinculadas al inicio de las clases que llegaron a un pico en el primer año de gestión de La Libertad Avanza. Tal es así que se advierten aumentos solo en ese rubro que llegaron a cuadruplicar el promedio general de la inflación del mismo mes. Así, en 2017, mientras que el IPC fue de 2,4 por ciento, Educación tuvo una suba del 6,7 por ciento (4,3 puntos por arriba), de igual modo en 2018 y 2019 el rubro superó a la suba general de precios de la economía en 13 puntos.
Propuesta
Ante esta verdadera crisis de ingresos, generada por la política salarial del gobierno libertario, el IPyPP retomó un viejo anhelo del sector que comparten con varios gremios alineados a la CTA Autónoma, de crear un ingreso universal. Varias veces el propio Lozano presentó la propuesta para intentar que cada persona adulta tenga un salario más allá de su condición ocupacional, que permita garantizar “un umbral de ingresos para todas las personas, erradicar el hambre, y promover el empleo y la capacitación de la fuerza de trabajo”. Esta propuesta que fue difundida en distintos documentos y conferencias, incluye “fuentes de financiamiento ancladas en una necesaria reforma tributarias”.
Según se dejó constancia en el informe, sus principales características son: “Establecer un Ingreso Básico Universal (IBU) como modo de fijar un umbral de dignidad en materia de ingresos para nuestra sociedad que garantice una Argentina libre de hambre y trazar una perspectiva que progresivamente vaya mejorando este umbral; establecer la Asignación Universal por hijo para la población menor a 18 años conformando un único sistema centralizado para el pago de las asignaciones familiares, con valores homogeneizados, y garantizando el acceso universal; y establecer un Haber mínimo Garantizado para la población de 65 años y más, de acceso universal, sin condiciones socioeconómicas ni patrimoniales, que habilite la articulación de componente no contributivo con complementos contributivos”.
Esta iniciativa entiende el ingreso universal como “una prestación monetaria mensual no contributiva, de carácter individual, sin contraprestación de ninguna índole, dirigido a todas las personas en edades centrales de la Argentina que no tengan asegurado un salario o ingreso por la vía formal”, cuyo valor será en torno al valor de la Canasta Básica Alimentaria. Además, como complemento se propone “conformar un programa de empleo de acceso universal garantizado y un Salario Social de Empleo y Formación que articule mano de obra con la producción de bienes y servicios destinados a la restitución de derechos sociales”.
Ello incluye entre otras cuestiones “establecer un piso salarial efectivo para quienes integran el mercado de trabajo, reconocer actividades humanas socialmente útiles, sostener una estrategia de formación permanente de la fuerza laboral y reconocer y potenciar institucionalmente un sujeto económico a través de la creación del Área de la Economía Social y Popular que intervenga en el proceso de inversión jerarquizando las inversiones socialmente útiles, dotándolo de la capacidad de reasignar el excedente económico”.