La motosierra 2.0, como bautizó el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger a la actual etapa del ajuste, puso su mirada en organismos descentralizados y del Estado nacional, que este año podrían correr tres destinos: la privatización, el pase a jurisdicción de las provincias o el cierre. Ejemplos de esta política son el Banco Nación, que esta semana pasó a ser una sociedad anónima; el CONICET, que los científicos y trabajadores aseguran podría provincializarse; y Fabricaciones Militares, que comenzó a rematar vehículos y materiales. Nada parece escapar de la lógica libertaria, ni las instituciones con larga trayectoria en materia de efectividad en sus tareas. “Quieren cerrar la obra social”, alertó al respecto el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, respecto al PAMI, que presta atención médica a millones de jubilados y pensionados de todo el país.
El tercer presupuesto más grande de la actualidad no escapa a las intenciones de achicamiento, por lo que este jueves una verdadera multitud se movilizó en su defensa. Las señales son claras, y van en torno de las advertencias realizadas por el gremio estatal. Por estas horas, varias prestaciones tienen problemas en los pagos, y podría suspenderse, lo que parece confirmar las intenciones de ajuste. Además, siguen los despidos en el marco del desguace del sector sanitario.
En la marca al PAMI organizada por ATE se denunció que la entidad no escapa a las intenciones de ajuste del gobierno de Javier Milei, que pese a estar en un momento de debilidad por el escándalo con la criptomoneda $Libra, no se aleja de su camino en materia de desguace del Estado.
En el caso de la obra social, el gremio estatal aseguró que en lo que va de la actual gestión no se compraron elementos de fisiatría (bastones, sillas, camas, colchones, entre otros), y se comenzó a aplicar el cobro ilegal “de plus y aranceles diferenciados” por algunas prestaciones. Es que hay un retraso generalizado en el pago de los distintos servicios, lo que alimenta la idea de ajuste.
El caso más notable es el delos medicamentos. El PAMI entrega de forma gratuita hasta cuatro productos a través de las farmacias por el programa vivir Mejor, además de ofrecer descuentos de entre el 40 y el 70 por ciento en todos los tratamientos, el contrato más grande del sector. Pero desde fines del año pasado comenzaron los problemas en los pagos al os prestadores. “Se modificó el convenio vigente de manera arbitraria, retrasando el pago de las recetas sin ninguna razón”, le dijeron a Data Gremial fuentes del sector de las farmacias, las principales perjudicadas por esta decisión.
A raíz de esta medida, se afectó la cadena de pago, que incluye laboratorios, droguerías y farmacias. Esta semana, según pudo saber este portal, los farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires reclamaron por la falta de respuestas a sus pedidos por los medicamentos dispensados en la segunda quincena de diciembre del 2024 y la primera de enero de este año, que debían ser abonados la semana pasada pero no hubo novedades.
A partir de esto, las farmacias comenzaron a recibir intimaciones de Asociación de Distribuidores de Especialidades Medicinales (ADEM), que son los encargados de entregar los tratamientos. “Las droguerías limitaron el crédito a las farmacias, y amenazan con cortar el servicio si no se pagan las notas de crédito retrasadas. Pero si el PAMI no paga, no hay forma de afrontar este gasto”, marcaron las fuentes consultadas. De esta forma, el convenio de medicamentos, que fue puesto en marcha en 2002 para salvar la enrome crisis de acceso a medicación que sufrían millones de argentino por la situación económica, podría colapsar.
El contrato vigente, que firman los laboratorios productores con el PAMI, se vencía en marzo de este año, pero se prorrogó hasta noviembre. el temor es que el retraso en los pagos termine por hacerlo inviable.
Despidos
El retraso en el pago de las prestaciones es una parte del ajuste en la obra social. Desde enero, tanto la estructura nacional como las UGL (unidades de gestión local, oficinas emplazadas en cada localidad que atiende los reclamos de los afiliados) sufren por el despido indiscriminado de personal, tanto profesional como administrativo.
Sin previo aviso, los empelados fuer bloqueados para ingresar a sus puestos de trabajo, unos 230 en diversos puntos del país según el primer recuento de los gremios. Según intentaron justificar desde la conducción del PAMI, la desvinculación de estos empleados responde a “un intento de optimizar los recursos del organismo, argumentando una duplicidad de funciones y el incumplimiento de tareas”. Pero para ATE se trata de parte de la motosierra que busca dejar a la entidad sin capacidad operativa.
“Tenemos que multiplicar las protestas en todas las oficinas del país no sólo para evitar su cierre sino para lograr su definitiva normalización y que se cumpla con la Constitución y la ley restituyendo al PAMI a sus verdaderos dueños que son los jubilados. La obra social debe ser gestionada por un directorio con participación de los trabajadores activos y pasivos”, señaló Aguiar en el acto central de este jueves, frente a la sede nacional de la obra social en la Ciudad de Buenos Aires.
Las cesantías se dieron en conjunto con unas 1.400 en toda la estructura del Ministerio de Salud, que pone jaque al sistema sanitario. Por eso, la semana que viene se realizará una Marcha Federal por la Salud Publica, que concentra a gremios, entidades de pacientes y otros sectores.
“Esta movilización tiene como objetivo principal denunciar el vaciamiento del sistema de salud público, los despidos de cientos de trabajadores, la precarización laboral del sector y el desmantelamiento de programas esenciales dejando a miles de personas sin tratamientos que ponen en riesgo su vida, y generando el riesgo de propagación y aumento de enfermedades”, adelantaron desde el Frente en defensa de la Salud Pública, formado para dar cuerpo a esta jornada de lucha.
Represión y persecución
En este contexto, la respuesta del gobierno no es distinta a la que vienen realizando desde que La Libertad Avanza llegó al poder en diciembre del 2023. Por un lado, en la marcha del jueves tanto al PAMI como al Ministerio de Capital Humano, con el protocolo anti-piquete como instrumento, reprimió violentamente la manifestación. Las imágenes fueron elocuentes: muchos participantes, entre ellos dirigentes de ATE, fueron atacados con gas pimienta, y recibieron golpes por parte de la Policía Federal y Prefectura Naval, a cargo de los operativos.
“La inhumanidad de Sandra Pettovello se une a la crueldad de Patricia Bullrich para acallar con gases y balas de goma a los que reclaman por sus puestos de trabajo. En efecto están dejando en la calle a miles de familias y frente a eso la única respuesta es la violencia y la represión que dejó como saldo a 15 manifestantes que tuvieron que ser hospitalizados”, expresaron las dos CTA respecto de la represión, y anunciaron una conferencia de prensa para este viernes, donde denunciaron los hechos.
En tanto, el círculo se completa con la persecución a los dirigentes que encabezan las protestas. Según la información trascendió, el gobierno nacional buscará despedir a Aguiar, titular nacional de ATE y trabajador del PAMI en la provincia de Río Negro.
Por medio de su cuenta en X, el dirigente de ATE publicó: “¡Urgente! El gobierno busca despedirme en las próximas horas”. “Desde hoy temprano indagan en mi legajo y preparan la liquidación final”, indicó y luego arremetió: “¿Tan nerviosos están? Sepan igual que con estos manotazos de ahogado no van a poder ocultar los efectos demoledores que para el Gobierno implica la estafa presidencial. Y si piensan que mi cesantía podría frenar la conflictividad, quiere decir que no aprendieron nada del 2024”.