Esta semana, un grupo de obras sociales sindicales de perjudicadas por la decisión del gobierno de dejar de triangular aportes con las prepagas se presentaron a la justicia para frenar la decisión. Las entidades que acudieron a los tribunales son la Obra Social del Personal del Automóvil Club Argentino (OSPACA), la Obra Social del Personal Naval (OSPENA) y la Obra Social del Personal Mosaistas (OSPM). La medida rige desde este mes, y hace que los recursos de los trabajadores vayan directo a las empresas privadas, sin pasar por la entidad gremial.
Los amparos fueron presentados ante los Juzgados Civiles y Comerciales 5, 7 y 10, en contra del Ministerio de Salud y la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), organismos responsables de la resolución publicada el 31 de enero, la cual estableció que los aportes de los afiliados sean transferidos directamente a las prepagas. En su presentación, la abogada María Laura Tochi, representante de OSPACA, argumentó que la medida es inconstitucional, ya que viola el derecho de propiedad de las obras sociales al disponer unilateralmente sobre los aportes y contribuciones que forman parte del sistema de seguridad social.
La letrada advirtió que la normativa vigente otorga a estos fondos un carácter colectivo y solidario, destinados exclusivamente a financiar el sistema de salud y no como pagos por servicios prestados. Según la presentación judicial, esta medida equivale a una "expropiación encubierta" sin compensación ni debido proceso, en contradicción con el artículo 17 de la Constitución Nacional. Además, se advierte que la eliminación abrupta de los aportes pone en riesgo la estabilidad financiera de las obras sociales, afectando su capacidad para garantizar la cobertura médica de los afiliados que aún permanecen en el sistema.
Polémica medida
Desde este mes, el gobierno nacional decidió terminar con la llamada "triangulación de aportes" entre prepagas y obras sociales sindicales, un sistema que se creó en los 90 y que fue creciendo en las últimas décadas. La resolución 1/2025, publicada en el Boletín Oficial el 31 de enero, establece que el dinero de los trabajadores desregulados "irá directo a las empresas de medicina privada sin intermedio de las obras sociales".
El objetivo del Gobierno con esta resolución es poner fin a los llamados "sellos de goma", es decir, aquellas obras sociales que se quedaban con un porcentaje de los aportes de los trabajadores desregulados antes de derivar el resto a las prepagas. Sin embargo, no todas las entidades afectadas operaban bajo ese esquema, ya que algunas contaban con su propia red de prestadores y cumplían un rol activo en la cobertura médica de sus afiliados.
El rol de la CGT
Como respuesta esta medida, varias obras sociales hablaron de la idea de presentar recursos de amparo en la Justicia para frenar la medida. Además, se analizó con la cúpula de la CGT la idea de reclamar ante las autoridades, cosa que se fue desinflando. Por eso, un grupo de estas entidades avanzaron por su cuenta. Fiorella Bianchi, abogada especialista en salud, explicó respecto a esta medida que "hay que tener en cuenta que esta medida tiene implicaciones importantes para los afiliados de obras sociales y prepagas, y es fundamental entender qué significa para cada uno de ellos".
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Por un lado," la determinación es beneficiosa para aquellos afiliados que tenían obras sociales que no prestaban servicios de salud y solo actuaban como intermediarias". A partir de ahora el porcentaje que se quedaban las obras sociales se destinará íntegramente a la prepaga. Sin embargo, para aquellos que tenían doble cobertura de salud de su obra social y prepaga, esta medida podría ser perjudicial. Especialmente para personas con discapacidad, que dependen de las obras sociales para cubrir gran parte de las prestaciones.
"Es importante destacar que, para quienes no quieran pagar un costo adicional, las prepagas que reciban aportes de forma directa tendrán que actuar como si fueran obras sociales, otorgando la cobertura del Programa Médico Obligatorio, cosa que hasta ahora no pasaba", recalcó. En síntesis, "la medida es un cambio significativo en el sistema de salud argentino, y es fundamental que los afiliados de obras sociales y prepagas entiendan qué significa para ellos y cómo pueden adaptarse a este nuevo escenario".