En noviembre pasado, un grupo de legisladores del bloque de La Libertad Avanza presentaron en el Congreso un proyecto de ley para modificar la Ley de Contratos del Trabajo. Con el objetivo de agilizar la creación de puestos laborales, los diputados oficialistas aseguraron que la denominada Ley de Promoción de Inversiones y Empleo ayudará a generar más trabajo en todo el país, fomentando la competitividad empresarial. La autora de la iniciativa es Romina Diez, de la provincia de Santa Fe, y fue firmado por las principales espadas libertarias en la cámara baja, entre ellos José Luis Espert y Gabriel Bornoroni, presidente del bloque libertario. Como sucede con otras propuestas, la norma deberá pasar las arduas negociaciones con los bloques aliados y dialoguistas, y no hay certeza de que vaya a lograr los consensos necesarios. Para salvar esto, la secretaría de Trabajo quiere acordar la reforma con gremios y empresarios, y así darle impulso, para lo cual comenzaron reuniones informativas con mambos sectores. Para los gremios, se trata directamente de otro intento de reforma laboral.
Según las versiones que circularon al comienzo dela semana, el gobierno quiere acordar con sindicatos y empresarios los detalles de la ley, para impulsarla en el Congreso. Para eso, comenzó a tender puentes con ambos sectores, para intentar explicarle los beneficios del proyecto de Diez, que será la base de la propuesta. Los argumentos de la cartera que lidera Julio Cordero son entre otras “modernizar las relaciones laborales, con el objetivo de impulsar la competitividad empresarial y fomentar la creación de empleo”. El proyecto, al que tuvo acceso Data Gremial, busca principalmente reformar la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, proponiendo modificaciones, como el fin de la “irrenunciabilidad”. “Será nula y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos previstos en esta ley, los estatutos profesionales y las convenciones colectivas de trabajo, ya sea al tiempo de su celebración o de su ejecución, o del ejercicio de derechos provenientes de su extinción”, explica la iniciativa libertaria. Cuando se celebren acuerdos relativos a modificaciones de elementos esenciales del contrato de trabajo, “las partes podrán solicitar a la autoridad de aplicación su homologación en los términos del artículo 15 de la presente ley”.
Otro punto importante de la ley es facultar a las partes “de modificar las formas y modalidades del trabajo”. “El empleador está facultado para introducir todos aquellos cambios relativos a la forma y modalidades de la prestación del trabajo, en tanto esos cambios no importen un ejercicio irrazonable de esa facultad, ni alteren modalidades esenciales del contrato, ni causen perjuicio material ni moral al trabajador”, recalcó la iniciativa. Cuando el empleador disponga medidas vedadas por este artículo, “al trabajador le asistirá la posibilidad de optar por considerarse despedido sin causa”. Además, se modifica el artículo 105, permitiendo diversas formas de pago delos sueldos. “El salario debe ser satisfecho en dinero, especie, habitación, alimentos o mediante la oportunidad de obtener beneficios o ganancias”, afirmó el proyecto. Esto, se supone, abre la puerta a la vuelta delos famosos “ticket canasta” o similares, muy de moda en los 90.
Negociaciones
Para lograr consensos, se comenzaron contactos informales con sindicalistas y empresarios, para buscar sondear su postura. Está claro que el avance de esta reforma será un punto de tensión con la CGT, que hasta el momento mantiene su postura dialoguista, en especial para frenar algunos puntos muy cuestionados de la Ley Bases, como la norma que permite despedir con causa a quien realice un supuesto bloqueo. “Esto parece una reforma laboral más profunda”, le dijeron a Data Gremial fuentes de Azopardo, que esperan que el oficialismo avance con la norma, si tiene apoyos políticos. Sobre los encuentros, las fuentes no dieron mayores detalles, pero se supone que fueron contactos de algunos dirigentes con líneas medias de la secretaría laboral. La Libertad Avanza planea priorizar su discusión en el Congreso durante el primer semestre de 2025, con la posibilidad de incluir modificaciones al texto para asegurar su aprobación.
La posibilidad de aprobar esta reforma estará íntimamente ligada a la relación que se vaya generando con el correr de los meses, y que por estos días está tensa por el intento del gobierno nacional de imponer un techo salarial del 1-2 por ciento, que es rechazado por los gremios. Desde la CGT atribuye esta estrategia directamente al ministro de Economía, Luis Caputo, y ha iniciado contactos alternativos con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el asesor presidencial, Santiago Caputo, en busca de destrabar el tope salarial. La falta de libertad a la hora de negociar salarios será un punto crítico a la hora de consensuar cualquier cambio laboral. El rechazo a homologar acuerdos como el de Sanidad, liderado por el líder cegetista Héctor Daer, pone más presión a este complejo panorama. “No pueden volver con el mismo cuento que los salarios generan inflación”, reflexionaron desde la central obrera.
Incentivos
Uno de los aspectos clave de la reforma es la creación de los llamados “incentivos al empleo”. El proyecto contempla la implementación de “bonos de crédito fiscal para nuevas contrataciones, con diferentes proporciones de contribuciones patronales según el tamaño de la empresa”. Además, se propone una suspensión gradual de los planes de asistencia social para quienes ingresen al empleo formal. También se bonificarían al 100 por ciento las contribuciones patronales por nuevos empleados provenientes del sector público, con algunas excepciones para cargos jerárquicos específicos. La reforma, que también incluye cambios en la Ley de Trabajo Agrario, tiene como objetivo “mejorar la competitividad del país y generar nuevas oportunidades laborales”.
De aprobarse, la norma creará un sistema de “bonos de crédito fiscal” pata nuevos puestos de trabajo. Según el artículo 20 de la propuesta legislativa, los empleadores que den inicio a una nueva relación laboral durante el transcurso de los 18 meses desde la entrada en vigencia de la presente ley “podrán acceder, respecto de cada una de las nuevas relaciones laborales, a un bono de crédito fiscal por un porcentaje de las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)”. Este beneficio consistirá en diversas escalas: Para las llamadas micro empresas, el bono de crédito fiscal será del 100 por ciento de las contribuciones patronales durante 12 meses contados a partir del mes de inicio de la nueva relación laboral; para las pequeñas empresas, 75 por ciento de las contribuciones patronales durante 12 meses; para las medianas empresas, 50 por ciento de las contribuciones patronales durante 12 meses; y para el resto de las empresas, en bono de crédito fiscal del 25 por ciento de las contribuciones patronales durante el mismo períodos.