En poco más de un mes, una serie de medidas tomadas por las autoridades sanitarias nacionales impactaron de lleno en el sistema de salud, que quedó en una situación de extrema debilidad. En el marco del plan de ajuste que la gestión libertaria lleva adelante en el estado, el Ministerio de Salud decidió discontinuar 1.400 contratos, lo que significó despidos masivos en toda su estructura, incluyendo hospitales bajo su órbita. A esto se le sumó una serie de fusiones que dejan sin capacidad operatoria a muchas direcciones claves, como la de lucha contra el HIV y de vacunas. La “frutilla” de este postre de desguace fue el anuncio que el país dejará la estructura de la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que generó alarma por las consecuencias que traerá, como no participar en compras en conjunto de insumos a través de diversos planes de la entidad. ante este panorama desolador, y la idea que el gobierno avanza a un sistema de aseguramiento –como se ve en las medidas tomadas respecto a las obras sociales y prepagas –entidades del sector comenzaron a organizarse y anunciaron una Marcha nacional en defensa de la salud pública para fines de este mes.
El objetivo es denunciar el “estado de abandono” al que somete a la atención sanitaria este tipo de medidas, y pedir por recursos para garantizar que el sistema siga funcionando. Buscarán que la jornada sea “la tercera demostración de rechazo al gobierno”, como las marchas universitaria y antifascista.
Más de 65 organizaciones sindicales, sanitarias y sociales se reunieron esta semana en el Hospital Garrahan, en una multitudinaria asamblea donde se definió la marcha por el sistema sanitario, que será el próximo 27 de febrero. La idea acordada por los organizadores es que se hagan movilizaciones en todo el país, con una central en Plaza de Mayo.
“La idea es salir a las calles en todo el país para ponerle freno a la política de motosierra que está generando una crisis sin precedentes en la salud pública”, explicaron las entidades mediante un documento conjunto, donde acusaron al ministro de Salud Mario Lugones de ser el “brazo ejecutor” del brutal ajuste libertario en el sector. “El encuentro fue importante y ya es un hecho político por el nivel de representatividad: organizaciones de pacientes, científicos, sindicatos independientes y hospitales estuvieron presentes”, recataron las entidades, que para la jornada de protesta pueden superar las 100.
“La reunión de organización que se realizó en el Hospital Garrahan fue un gran paso en la confluencia de entidades sindicales, sociales, políticas, sanitarias, organizaciones de pacientes y trabajadores del sistema”, sostuvo Guillermo Pacagnini, secretario general de CICOP y referente de la Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (FESINTRAS), entidades que serán parte de la jornada de protesta. En diálogo con Data Gremial, el dirigente recalcó que “la idea de la marcha en ponerle distintas voces aun mismo reclamo, que es pararle la mano al gobierno de Javier Milei con este ajuste feroz”.
Para Pacagnini, la motosierra libertaria “comenzó con el ámbito nacional pero hay una clara estrategia de liquidar todo financiamiento del Estado en el sistema de salud, en todo sus niveles”. Además de rechazar las transformaciones que se están haciendo en el área, la idea de los organizadores es pedir “que se paren los despidos, se defienda toda la estructura de los hospitales públicos nacionales y los institutos que están siendo atacados”. Además, se pedirá “un presupuesto para salud adecuado para las necesidades de la atención de la salud”. Para detallar estas demandas y la logística de la marcha, que irá del Ministerio de Salud a Plaza de Mayo, el próximo martes habrá una reunión organizativa. “El 27 la salud se pone de pie”, resumió Pacagnini.
El futuro del sistema
En la asamblea que definió la marcha por la salud pública, se discutió además hacia dónde quiere llevar el gobierno nacional el sistema de salud del país, con estas medidas de ajuste de lo público y la desregulación de la seguridad social, que favorecen al sector privado. “Lo que buscan es un plan de aseguramiento privado, un intento de privatización de todo el sistema de atención”, alertó Pacagnini.
En este sentido, el referente de los médicos bonaerenses dijo que “este parece ser un nuevo intento de lo que se buscó en los 90 en materia sanitaria, que tuvo su capítulo en el gobierno de Mauricio Macri”. “Lamentablemente durante los otros gobiernos se mantuvieron los enormes problemas de sistema, como la fragmentación y la falta de financiamiento del sistema, además de la falta de reconocimiento de los trabajadores, lo que sentó las bases para este avance de un gobierno de derecha como el de Milei”, agregó Pacagnini.
Por eso, las entidades de salud quieren que la marcha sea masiva, para mostrar la resistencia al avance en el desguace del sistema de salud, y buscarán que sea un tercer hito de la resistencia al gobierno, como la que tuvieron los universitarios y las minorías sexuales. “Así como la sociedad mostró sus reservas cuando se avanzó sobre las universidades o los derechos sexuales, con tremendas movilizaciones, hoy es la salud la que se está poniendo en pie, por eso ese día vamos a lanzar una gran marcha”, recalcó el dirigente de FESINTRAS.
En el caso de los nosocomios que se están desmantelando, hay versiones que la idea del gobierno es provincializarlos, un proceso que comenzó durante la última dictadura militar, donde la gestión nacional pasó la mayoría de los hospitales ubicados en la Ciudad de Buenos Aires a la entonces municipalidad porteña. En la actualidad, por los despidos los hospitales nacionales Sommer –especializado en rehabilitación y tratamientos paliativos-, y Laura Bonaparte de salud mental, están “al borde del cierre”. También hay muchas cesantías en el Hospital Posadas.
Desguace
La jornada de lucha surgió a partir del desguace que se está realizando de la estructura ministerial, primero fusionando o cerrando direcciones y organismos, y luego concretando 1.400 despidos, tanto en su organigrama interna como en espacios descentralizados y hospitales bajo órbita nacional. “A los cientos de despidos en los hospitales Posadas, Bonaparte y Sommer, se sumaron 180 en el Ministerio de Salud de la Nación provocando el vaciamiento de las direcciones de VIH, tuberculosis, lepra y vacunas”, denunciaron desde la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), otra de las entidades convocantes.
Desde 2024, agregaron, “centenares de pacientes sufrieron la suspensión de la entrega de medicamentos oncológicos por la falta de respuestas de la ahora disuelta DADSE. En los últimos días el anuncio de salida de la OMS agravó el desmantelamiento de las políticas públicas de salud”.
En concreto, la posible salida de la OMS puede complicar aún más la compra y distribución de vacunas, ya que el país suele adquirir lotes de distintas formulaciones a través del fondo Rotatorio de la entidad. Si sale de su estructura –lo debe aprobar el Congreso nacional –se podría perder esta posibilidad. En el Ministerio de Salud afirman que estas compras se mantendrán, ya que se hacen a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la oficina regional de la OMS, de donde el país se mantiene como miembro.
Eso se habló en una reunión que mantuvo hace unos días Lugones con la titular de la oficina argentina de la OPS. “La salida de la OMS no será sencilla, incluso Estados Unidos no la confirmó, puede ser que se termine por dejar ‘morir’ esa medida”, le dijo a Data Gremial una fuente cercana a la cartera sanitaria, que admitió que luego del anuncio hubo “intentos de suavizar” el hecho. Incluso, en rueda de prensa, su titular Tedros Adhanom Ghebreyesus sostuvo que “lamenta la salida de la Argentina” y que espera que el gobierno “reconsidere la decisión”.