Durante todo el 2024, los trabajadores de la Dirección de Vialidad Nacional denunciaron el “estado de abandono” de las rutas argentinas, en el marco de un plan que busca sacar a concesión más del 60 por ciento de los tramos actualmente bajo jurisdicción nacional. Es más, desde la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) denunciaron que en el proyecto de Presupuesto 2025, que finalmente no se trató por falta de acuerdo político, los fondos destinados al sector escondían una maniobra para entregar más fondos a las rutas que luego serían privatizadas, beneficiando a las empresas. Todas estas quejas nunca fueron oídas, y la gestión de Javier Milei avanzó en su plan, y esta semana publicó el decreto que comienza con el proceso de pase a manos privados de ocho tramos que pertenecen al actual Corredor Vial 18.
La decisión fue rechazada por la FEPEVINA, que volvió a reclamar por cambios en las licitaciones y los contratos, que de mantenerse así repetirán “el fracaso de los 90”. Entre los puntos rechazados se encuentra la posibilidad de que las empresas exploten no sólo las rutas sino los espacios circundantes, con estaciones de servicio o similar, y la falta de obligación para invertir.
El Decreto 28/25 se publicó esta semana en el Boletín Oficial, y comienza el avance de la gestión Milei en la privatización de las rutas nacionales. De acuerdo a la norma, a la que tuvo acceso Data Gremial, el Ministerio de Economía, a través de su Secretaría de Transporte, tiene “12 meses para abrir la licitación pública nacional e internacional para concesionar una serie de fragmentos de la red vial”. Será una “concesión por peaje” para “la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios al usuario y para la realización de nuevas explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales”.
Posteriormente, la Dirección Nacional de Vialidad será la autoridad de aplicación de los contratos de concesiones. En total, son ocho tramos los que piensa privatizar el gobierno que pertenecen al actual Corredor Vial 18. Es un conjunto conectan cuatro provincias, tres pasos fronterizos y vincula a tres de los cuatro países miembros del MERCOSUR por tierra. Actualmente, parte de ese corredor está manejado, desde 1990, por una empresa llamada Caminos del Rio Uruguay SA.
Según destacan los argumentos del decreto, “son más de 660 kilómetros de rutas” los que va a concesionar. Uno de los tramos comienza en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en Zárate. Se trata de unos 79,89 kilómetros de la ruta 12, desde la localidad del norte bonaerense hasta Ceibas, provincia de Entre Ríos.
En concreto, el presidente Milei se basó en la Ley Bases para marcar la necesidad de reducir el “sobredimensionamiento de la estructura estatal con el fin de disminuir el déficit”. “Con el fin de reducir el gasto público resulta conveniente delegar en el sector privado la conservación y el mantenimiento de tramos de rutas nacionales cuya gestión se encuentra actualmente a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad”, expresa la disposición, que lleva la firma del ministro Luis Caputo.
Oposición gremial
Como viene manifestando en distintos foros, como el Congreso cuando presentó un informe sobre el estado de las tutas nacional, la FEPEVINA volvió a oponerse a esta iniciativa, la que consideró “consolida el esquema privatizador que compromete la soberanía vial y favorece millonarios negocios en detrimento de los usuarios y el interés público”.
Mediante un documento, el gremio apuntó contra la empresa que administra desde hace 30 años el Corredor Vial 18, que según el decreto podrían extender el contrato actual, a quien acusó de tener “rutas en estado deplorable”, además de “falta de mantenimiento básico, como bacheo y corte de pasto y penalizaciones por incumplimientos contractuales”. En sus redes sociales, la FEPEVINA mostró algunos programas televisivos que demuestran esta denuncia, además de hacerse eco de algunos informes donde se explica como el negocio de las concesiones benefician sólo a los privados.
Además, el gremio de los trabajadores viales apuntó contra las zonas de camino o “nuevas zonas de negocios”, como la posibilidad de explotar estaciones de servicios, paradores y otros negocios. Esta alternativa “no exige que las empresas paguen un canon al Estado nacional, configurado un negocio redondo que no beneficia ni a los usuarios ni al país”. FEPEVINA recordó que en estos momentos “el 60 por ciento de las rutas está en mal estado”, es decir, que de los 40 mil kilómetros de caminos nacionales más de 20 mil están con serios problemas para ser transitados. Mientras pasa esto, insistieron, “los usuarios continúan pagando peajes elevados sin recibir a cambio rutas seguras y transitables”.
Antecedentes
Los tramos a privatizar son Ruta nacional 12, desde el empalme con la ruta 9 (Zárate) hasta el empalme con la ruta 14 (Ceibas). 79,89 kilómetros de longitud; Ruta nacional 14, desde el empalme con la ruta 12 (Ceibas) hasta el empalme con la ruta 117 (Paso de los Libres). 497,33 kilómetros de longitud; Ruta nacional 135 desde el empalme con ruta 14 (Colón) hasta el acceso al puente internacional General Artigas. 12,94 kilómetros; Autopista 015 desde el empalme 14 (Concordia) hasta el acceso a la represa Salto Grande. 14,67 kilómetros; Ruta nacional 117 desde el empalme con la ruta 14 (Paso de los Libres) hasta el acceso al puente internacional Agustín P. Justo. 11,85 kilómetros; Ruta nacional 174, desde el empalme con la autopista de la ruta 8 (Rosario) hasta el empalme con la ruta 11 (Victoria). 59,43 kilómetros; Ruta nacional 12 desde el empalme con la ruta 14 (Ceibas) hasta el empalme con la ruta 16 (Gualeguay). 64,57 kilómetros; y Ruta 117, desde el acceso al puente internacional Agustín P. Justo (Corrientes) hasta el límite internacional Argentina-Brasil. 1,03 kilómetros.
Uno de los temas puestos en discusión es que los contratos de concesión iniciados en 1990 entre el Estado nacional y Caminos del Río Uruguay SA están vencidos. El último acuerdo terminaba en octubre de 2023, pero se prorrogó gracias a una medida cautelar dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial a pedido de la empresa concesionaria. En ese momento, la Dirección de Vialidad apeló y, tras algunas idas y vueltas, el organismo y la empresa acordaron estirar el contrato de concesión hasta el 31 de octubre de 2024. El Corredor Vial 18, conocido popularmente como Ruta del MERCOSUR, cuenta con una extensión de 672 kilómetros, y según el gobierno aspira a avanzar en esa dirección con más de 9 mil kilómetros de rutas, autovías y autopistas
Desde hace tiempo que FEPEVINA dice que el mecanismo libertario para las rutas argentinas es similar al de los 90, que según afirman “fracaso”. Es más, el gremio asegura que “no sólo replica” los errores de esos años, sino que además “los agrava”. “Se instalarán más cabinas de peajes, aumentando los costos para los usuarios”, criticaron. Además, las concesiones “estarán exentas de hacer grandes obras, que seguirán siendo responsabilidad del estado nacional”. Por eso, la entidad volvió a denunciar este modelo “que prioriza el lucro privado sobre la seguridad, la integración regional y el desarrollo económico del país”. “Las rutas son soberanía, seguridad, y un derecho para todos los argentinos”, concluyó FEPEVINA.