Durante su campaña presidencial, la ahora ministra de Seguridad Patricia Bullrich acusó a los gremios docentes de adoctrinamiento en las aulas, una vieja premisa esgrimida durante el gobierno de Mauricio Macri en especial en la provincia de Buenos Aires. en aquellos días, la entonces gobernadora María Eugenia Vidal puso en marcha un mecanismo para denunciar estas supuestas situaciones, que no tuvo mayor avance.
El actual gobierno libertario recogió hace unos días esa propuesta, y adelantó que modificará la Ley de Educación para crear una línea telefónica donde los padres puedan hacer este tipo de reclamos. “Los padres y alumnos puedan denunciar la actividad política que no respete la libertad de expresión”, dijo el vocero presidencial Manuel Adorni, recuperando esa vieja bandera del macrismo.
Como sucedió antes, ante este anuncio los gremios docentes expresaron su rechazo, y alertaron que se trata de otro avance hacia “la persecución” de la escuela pública. En el caso de la gestión libertaria, la dirigencia docente cree que buscan instalar un “paradigma privatista” en el sector, y vincularon esta medida con los dichos de un legislador de la fuerza gobernante, que pidió terminar con la obligatoriedad de la escuela. “Quieren imponer una idea única, la idea de los mercados”, dijeron.
Si bien el anuncio de Adorni no se formalizó, las explicaciones dadas por el vocero apuntan a un proyecto de ley para modificar los artículos 11 y 126 de la Ley de Educación Nacional con “el objetivo de penar el adoctrinamiento en las escuelas”. Para eso, se buscaría crear una línea telefónica para que los padres dejen sus quejas y denuncias.
La medida será ingresada en la nueva Ley Bases, adelantaron desde la secretaría de Educación, que se busca consensuar en el marco de las negociaciones con los gobernadores, aunque no se avanzó en detalles más concretos. En las provincias, que son los garantes de los sistemas educativos, esperan novedades sobre su impacto, mientras que los gremios ya rechazaron esa posibilidad.
“En las escuelas bonaerenses ya se intentó algo similar en la gestión de Vidal, y no tuvo ningún resultado práctico en lo absoluto, pero este gobierno viene con un paradigma más violento al respecto”, le dijo a Data Gremial una fuente del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que como en aquellos años repudió el intento. Para los gremios, “pretender decir que la escuela pública adoctrina, y habilitar la línea de denuncia, va en sintonía a otros ataques al sector, a la ESI, la eliminación del FONID, y otras formas de perseguir a la escuela pública”.
El sector docente es uno de los más movilizados contra las políticas de Javier Milei, en especial por los ajustes a los salarios docentes con la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (FONID), además del congelamiento de los recursos para las universidades. “El gobierno busca instalar el paradigma de que la educación es un gasto, que se pueda privatizar y que puedan acceder sólo aquellos que lo paguen”, recordaron desde el FUDB. “Denostar la escuela pública es la mejor forma de instala eso, y usan el adoctrinamiento supuesto para potenciarlo”, agregaron. Para los gremios, la escuela “es el mayor espacio de libertad de expresión, la participación, que los estudiantes se puedan expresar, resguardando su libertad de conciencia. Esos artículos son los que quieren modificar”. Por eso, en la provincia de Buenos Aires hubo coincidencia entre las organizaciones sindicales del sector en repudiar el intento, considerado “persecución política”. “Rechazamos cualquier tipo de persecución, porque una línea de denuncia de esas características es una firma de persecución política”, cerraron.
En todo el país
A nivel nacional, CTERA emitió un duro documento donde rechazó la reforma planteada por el gobierno, y marcaron que “educar no es adoctrinar”. “Desde la CTERA expresamos nuestra preocupación por las medidas antidemocráticas desplegadas por el gobierno de Javier Milei y denunciamos la represión, censura y persecución ideológica que dicho gobierno está llevando a cabo en contra de la docencia en nuestro país”, marcaron desde la entidad mayoritaria en el sector inicial y medio. “Hoy nos encontramos con una educación a la deriva, con un Ministerio de Educación degradado a Secretaría, sin un proyecto educativo integral, sin propuestas para mejorar la calidad educativa, donde solo encontramos medidas para destruir a la escuela pública”, agregó la entidad que lidera Sonia Alesso.
En esta situación, dijo CTERA, “al gobierno solo se le ocurren medidas represivas, que vulneran los derechos conquistados históricamente y lesionan la libertad de cátedra y de expresión que hemos tratado de cuidar y garantizar durante estos 40 años de democracia y que hoy vuelven a estar en peligro, como lo estuvieron en la larga noche de la dictadura cívico-militar”. “Creer que cuando un maestro o una maestra enseña está haciendo adoctrinamiento, es faltarle el respeto no solo a esos docentes, sino también a las y los estudiantes. Porque la idea de adoctrinamiento supone que quién está aprendiendo es un ‘cabeza hueca’, que recepciona pasivamente lo que la o el docente dice, y por lo tanto que carece de pensamientos o ideas propias”, insistieron.
Ante esto, “le pedimos a los representantes de este gobierno que no proyecten. Si el vocero presidencial considera que enseñar historia es adoctrinar, debería reconsiderar sus afirmaciones, informarse, formarse mejor y, en todo caso, preguntarse si los intentos de adoctrinamiento no estarían en otro lado, como, por ejemplo, en los medios hegemónicos de comunicación, o en sus propias conferencias diarias, o en acciones de gobierno como el discurso dado este año por el Presidente en la escuela privada donde él cursó su educación primaria”. Para el gremio, “la mejor educación será la que cuente con docentes y alumnos que entiendan a la educación como un derecho y no como una mercancía”, y defendieron los artículos 11 y 126 de la Ley de Educación Nacional.
Polémicos dichos
La idea de generar la línea contra el supuesto adoctrinamiento en los colegios se dio a pocas horas que un referente de La Libertad Avanza pidieran el fin de la obligatoriedad de la educación. Se trata de Alberto Benegas Lynch, quien dijo que la presencia de los chicos en las aulas es “responsabilidad de los padres” y que el Estado no debería interferir: “¿Cómo va a ser el Estado quien decide sobre el chico? A mí no se me ocurre una cosa tan invasiva”, sostuvo. “Vos a tu hijo le querés dar lo mejor y muchas veces puede pasar en la estancia, y sobre todo en la Argentina, que no te podés dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller con el padre trabajando”, sostuvo en declaraciones televisivas.
Estos dichos y la idea de generar esta reforma en la ley fueron unidos por SUTEBA como parte del mismo proyecto que busca instalar el gobierno de Milei. “Nuestra prioridad es el integral cumplimiento de los derechos de las infancias y adolescencias, especialmente de aquellas que crecen en contextos de mayor vulneración, porque sabemos que los niños/as que trabajan y abandonan la escuela están condenados a la pobreza”, dijo el gremio. “El Estado debe cumplir con su rol indelegable de garantizar el derecho social a la educación, una educación pública, de calidad y con igualdad de oportunidades es fundamental para apartar a las niñas y niños de un ingreso temprano al mercado laboral donde son mano de obra barata e incluso en ocasiones esclava”, concluyó.