Con dos multitudinarias marchas que congregaron a todos los integrantes del sector, las universidades nacionales protagonizaron en 2024 las acciones más frontales contra el plan de ajuste del gobierno de Javier Milei. Acorraladas por el recorte brutal de recursos y las acusaciones sobre irregularidades en el manejo de los fondos, las casas de estudio fueron uno de los focos de resistencia al modelo libertario, una lucha de la que participaron docentes, nodocentes, estudiantes, rectores y en general toda la comunidad. Pese a estas contundentes muestras de repudia, durante el año no lograron ahuyentar el fantasma del quebranto presupuestario, ya que según un estudio los recursos cayeron un 30 por ciento.
En la primera semana del año, las noticias vinculadas a las políticas universitarias no hacen pensar en un 2025 mejor. Primero, hay malestar por la decisión de dejar de financiar investigaciones que no estén vinculadas a la economía y la producción, dejando de lado las ciencias sociales o el calentamiento global. Además, hay preocupación por posibles recortes de personal, a partir de declaraciones de uno de los ministros a cao del plan motosierra. “Esperamos recorte de personal y arancelamiento”, alertaron desde el Frente Sindical de Universidades Nacionales.
Los dichos públicos del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sobre el personal de las universidades encendió las luces de alarma respecto de lo que puede pasar este año con el sector, uno de los más ajustados por la motosierra de Milei. “Dato interesante. Las universidades nacionales tienen hoy más empleados que la administración pública nacional”, señaló Sturzenegger a través de un posteo en X. La publicación fue luego replicada por el presidente Javier Milei, que recordó los pedidos de auditorías a las instituciones educativas y sentenció: “Hay cosas raras”. Este cálculo –que no incluye a los integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad –es correcto, y esconde otras intenciones, según los gremios. “El dato es verdad, pero siempre fue así desde que el resto de los niveles educativos pasaron a las provincias”, sostuvo Luis Tiscornia, referente de CONADU Histórica.
En diálogo con Data Gremial, el dirigente aclaró que “esto no significa un sobre-dimensioamento del personal, está muy lejos de comprobare eso”. Pensando en el año que comienza, Tiscornia vaticina “muchas presiones a las universidades para que hagan por un lado ahorro de gastos, incluyendo el recorte del personal, y por otro lado que salgan a buscar recursos al mercado, sin decir arancelamiento por supuesto, incluyendo convenios con empresas, que estuvieron muy de moda en los 90 y este año podrían revitalizarse”.
Durante el primer año de gestión libertaria, las peleas entre el gobierno nacional y las universidades alcanzó muchos picos de tensión. Al ajuste presupuestario se sumó la denuncia sobre gastos innecesarios, y no estaban siendo auditadas, por lo que la Casa Rosada instó a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) a evaluar a las instituciones. Para este año, se espera que esta política se mantenga, e incluso crezca, como apunta el posteo sobre el personal. Al respecto, Tiscornia aclaró que “el gobierno nacional técnicamente no puede hacer despidos, por la autonomía universitaria, eso lo hace cada Consejo Superior de cada universidad”.
“Lo que van a hacer casi seguro es ahogar presupuestariamente a partir de las pocas partidas que mandan y discutir con los rectores para que hagan estos despidos”, aseguró el dirigente, que recordó que “históricamente esta fue la forma de achicar personal en las universidades cuando hay un ajuste fiscal, porque por ley no lo pueden hacer directamente, presionarán con el presupuesto”.
En este punto, Tiscornia explicó que “una maniobra sería no habilitar un aumento de los recursos, lo que generaría un congelamiento de las bacantes de hecho, porque si se congelan la cantidad de cargos a pagar, se acaban los puestos disponibles. Eso seguro lo van a hacer”.
Presupuesto a la baja
En tanto, el ajuste que sufrieron las universidades fue uno de los más pronunciados, pese a las muestras de rechazo. Así, el primer año de gobierno de Javier Milei terminó con una reducción del 30 por ciento para el presupuesto y una caída de los salarios reales de los docentes del 23 por ciento, según datos publicados por Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) y la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). El presupuesto 2025, que el Poder Ejecutivo decidió no tratar en el Congreso, no prometía una mejora sino otro año de financiamiento por el piso.
“Las universidades nacionales argentinas están atravesando una de las peores crisis de financiamiento de las que se tenga registro histórico. La actualización presupuestaria insuficiente durante el año 2024 y el incremento previsto en el presupuesto 2025 marcan pisos históricos en este milenio para el presupuesto universitario”, planteó un reciente documento de académicos y apoyado por varias casas de altos estudios, en el que se plantea recurrir al artículo 40 de la Constitución Nacional: la consulta popular.
En cuanto a los recursos para este año, la falta de acuerdo del Gobierno con la oposición y los bloques dialoguistas –con diferencias en proyectos con “ficha limpia” o la reforma de partidos políticos y la eliminación de las PASO– truncó la posibilidad de tratar el Presupuesto 2025 en sesiones ordinarias y, luego, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se encargó de anticipar que “sin acuerdos” no habría extraordinarias para hacerlo, a pesar del reclamo de los gobernadores; quienes también reclaman recuperar giros de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), de los fondos fiduciarios cerrados y de las cajas previsionales. De esta manera, el panorama universitario vuelva a ser crítico porque el gobierno podría, de forma inédita, prorrogar por segunda vez el Presupuesto 2023; lo que retrasaría aún más la actualización de fondos necesaria. Desde el CIN ya habían calculad que ni siquiera el Presupuesto 2025 lograba cubrir los costos.
Polémica resolución
En tanto, la resolución 10/2025 que anuncia que las universidades ya no podrán hacer investigación social y vinculada a otros temas, como calentamiento global, anticipa lo conflictivo que será este año. La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) jun to a entidades regionales repudiaron la medida, y pidieron una urgente retractación.
Lo mismo hizo la CONADU, que expresó que “mientras las universidades públicas se encuentran en pleno receso estival, el gobierno nacional avanza con un nuevo desfinanciamiento atacando directamente a la producción de conocimientos y al sistema científico tecnológico”. Para el gremio, resultar “un avasallamiento a la autonomía universitaria, al pretender imponerles las áreas de investigación que pueden abordar”.
La medida, dijo CONADU en un documento “afecta el trabajo de cientos de docentes investigadores de nuestro país, quienes vienen aportando conocimientos fundamentales para el desarrollo nacional soberano, equitativo en cada una de las provincias de nuestro territorio. La negación del aporte que efectivamente producen en toda sociedad, evidencian un gobierno violento y autoritario, al servicio del poder real local e intencional, que hoy le exige la eliminación de la producción de conocimientos científicos y pensamiento crítico, desde el cual la sociedad puede pensar cómo enfrentar y frenar las graves consecuencias de su política extractivista, extranjerizante, negacionista, deshumanizante, excluyente y empobrecedora de la gran mayoría de nuestro pueblo”.
A esta altura de la historia, “la negación del valor social de la producción científica en general y en particular, de las áreas afectadas por esta resolución, es inaceptable”. “La producción científica es primordial para la resolución de graves problemas que afectan especialmente a los sectores sociales más vulnerables, para la creación de políticas que hagan posible un país con desarrollo sustentable, soberano, con equidad y justicia social. Rechazamos un modelo de país basado en la mera razón técnico-instrumental que sólo busque la maximización de las ganancias, la concentración de la riqueza producida socialmente, en los grupos más poderosos del capital nacional y extranjero”, recalcó el gremio que forma parte de la CTA de los Trabajadores.