Esta semana, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó un proyecto del oficialismo que reforma el Código Penal porteño, que crea la figura de “reiterancia delictiva”. A partir de la misma, se permitirá a los jueces dictar prisiones preventivas para personas que tengan procesos penales abiertos pero sin condena. La propuesta fue rechazada por buena parte de la oposición, pero la mayoría oficialista lo convalidó, a pedido del jefe de Gobierno Jorge Macri, que había propuesto esta medida en la campaña electoral. Para los gremios, esta cuestionada figura será usada para perseguir y limitar las protestas de trabajadores y organizaciones sociales, siguiendo los pasos que a nivel nacional está dando la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, en especial a través de su protocolo “anti piquetes”. Esta política se mostró este miércoles cuando la zona del Congreso se convirtiera en un verdadero “campo de caza” de manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad, en el marco de la feroz represión que dejó según el Monitor de Respuestas Represivas dejó 200 heridos y 36 detenidos. Hubo una conferencia de prensa junto a legisladores opositores para alertar las consecuencias de esta nueva política represiva.
Los gremios de la Ciudad de Buenos Aires rechazaron la creación de la figura de “reiterancia delictiva”, ya que considera que se utilizará para profundizar la criminalización de la protesta social que se da a nivel nacional, y que el jefe de Gobierno Jorge Macri está decidido a seguir. Las modificaciones al código penal fueron aprobadas con 36 votos a favor y 21 en contra en la sesión del pasado jueves. Los rechazos fueron de los bloques de Unión por la Patria (UxP) y del Frente de Izquierda (FIT), mientras que los votos positivos llegaron por parte del PRO, UCR-Evolución, Confianza Pública y La Libertad Alianza. La figura de “reiterancia delictiva” se incorporará así al listado de antecedentes con que un juez cuenta para el dictado de prisiones preventivas ante "peligros de fuga". De esta manera, el juez en cuestión tendrá la potestad de determinar una preventiva si una persona es detenida y tiene “múltiples procesos penales” en instancia de requerimiento de elevación a juicio, siempre que se trate de delitos dolosos.
Con este panorama, ante la avalancha de causas judiciales que los distintos gobiernos están abriendo a dirigentes gremiales y sindicales, no sería raro que la figura se use para perseguir y encarcelar a quienes realicen protestas. “Jorge Macri actúa en la Ciudad de Buenos Aires en espejo con Javier Milei en el ajuste y la política anti obrera a fondo”, se quejó Andrea Ramírez, presidenta de la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE). Para la también enfermera del Ramos Mejía, “en lo represivo y autoritario, prácticamente le entregó la llave a Patricia Bullrich, ya que es esa orientación la que aplica en todo su accionar la ministra nacional”. El avance represivo que se inició al llegar La Libertad Avanza al gobierno tiene su correlato en CABA, donde primero se deja actuar a las fuerzas de seguridad federales, cediendo jurisprudencia. Además, la conducción de la Policía de la Ciudad mantiene esa línea iniciada en la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, donde se volvió la fuerza con más denuncias por apremios y acciones represivas. “La Ley de Reiterancia implica que todos los que protestemos somos culpables y ahora también, pretenden meternos en la cárcel. Este autoritarismo es para meter miedo porque saben que este Pueblo, es luchador y tiene dignidad”, le dijo Ramírez a Data Gremial.
Antecedentes
Ante esta situación, en la previa de la probación, un grupo de gremios y legisladores dieron una conferencia de prensa, donde alertaron sobre las consecuencias de la aplicación de esta política represiva. La misma se hizo cuando muchos de los detenidos de la protesta contra la Ley Bases estaban todavía bajo custodia, y desde el Ministerio de Seguridad nacional comenzaron a alentar la idea de aplicarles cargos muy graves, como sedición y terrorismo, lo que le puede valer duras penas de cumplimiento efectivo. “Nos oponemos a esta reforma, sin dudas es un acompañamiento de la política represiva nacional de la mano de Bullrich”, dijo Jorge Adaro, referente del gremio docente Ademys. En diálogo con Data Gremial, adelantó que el objetivo “no es perseguir más que a los que protestamos contra la política gubernamental de ajuste. Sostenemos que no hay modo de aplicar el ajuste sin represión, no ataca solo al movimiento sindical sino al pueblo en general”.
Adaro sabe en carne propia lo que es la persecución desde el poder. La anterior gestión del PRO intentó quitarle los fueros sindicales, para poder despedirlo de su puesto de maestro. La causa se inició luego que en mayo de 2022, la ex ministra de Educación Soledad Acuña anunció la suspensión del salario por 30 días de Adaro y otro docente y el pedido de desafuero por encabezar una protesta en un colegio de Villa Soldati. La funcionaria acusaba al dirigente de “agredir a un funcionario” en plena pandemia, cuando la gestión porteña comenzó a abrir las escuelas, pese a las restricciones nacionales que regían. La semana pasada, la justicia dio en segunda instancia la razón a los docentes y frenó el desafuero. Este tipo de medidas pueden repuntar con esta reforma. “Bajo la excusa de combatir la inseguridad, el objetivo es criminalizar la protesta y la pobreza, así como darle un poder totalmente discrecional a fiscales y a la policía porteña”, aseguraron desde Ademys.
Defensa oficial
Luego de aprobar la reforma, Jorge Macri festejó la medida, recordó que fue una de sus promesas de campaña. Mediante un mensaje en redes sociales, agradeció “a los legisladores por su apoyo a esta ley, que fue además un compromiso que tomamos en la campaña”. “Me comprometí a terminar con la puerta giratoria y hoy dimos un paso fundamental. En la Ciudad cerca de la mitad de los delitos los cometen delincuentes reincidentes. Este número es contundente y refleja el fracaso del sistema, que en vez de ponerlos tras las rejas, los deja libres. Pero eso se terminó, hoy se aprobó el proyecto de ley que presentamos en la Legislatura porteña para modificar nuestro código procesal penal y establecer reiterancia como causal de prisión preventiva”, detalló Macri.
Además, explicó que, “a partir de ahora, si un delincuente es detenido y tiene una causa judicial abierta, cuya pena no sea excarcelable, esperará el juicio preso. Eso significa que empieza a regir un criterio de justicia más severo para quienes vuelven a delinquir. Le damos a la justicia una nueva herramienta para que los porteños vivamos más seguros”. “Agradezco a todos los legisladores su apoyo a esta ley, una herramienta fundamental para que la justicia pueda actuar mejor y podamos tener así una Ciudad más segura. La lucha contra la inseguridad requiere decisión política. No vamos a retroceder en nuestro compromiso de seguir ordenando la Ciudad”, aseguró el gobernador porteño.
Además de la incorporación de la reiterancia, la norma aprobada también incluyó otras dos modificaciones al CP porteño. La primera es la obligación de los tribunales de comunicar a Migraciones cuando una persona extranjera reciba una sentencia condenatoria, lo que busca acelerar los procesos de deportación. La segunda modificación es la incorporación de la figura del "allanamiento de urgencia", que da potestades a la Policía de la Ciudad para realizar allanamientos de forma autónoma.