En un reciente viaje a Israel, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, habló por primera vez de un término que se escucha mucho en los pasillos de la administración pública nacional: la “deep motosierra”. Se trata de una segunda etapa del plan de ajuste de la gestión libertaria, que al parecer es mucho más profunda que la primogénita que le sirvió a Javier Milei ganar las elecciones. “El Estado necesita una motosierra, nosotros lo llamamos deep motosierra. El empleo público ha caído más o menos en 12 o 13 por ciento en los ocho meses, pero ahora viene la deep”, explicó el funcionario, apodado “el coloso” por el propio presidente, y que es la cara visible del ajuste en estos momentos. El término –que puede traducirse como “profundo” –ya puede verse en varias acciones del gobierno, que esta semana intensificó el desguace del Estado, a partir de varias medidas. Primero decidió lanzar un plan para que unos 10 mil empleados públicos con edad de jubilarse sean obligados a hacerlo, además de mantener los despidos en varias dependencias estatales. También se aceleran las privatizaciones de organismos públicos, cumpliendo con la palabra presidencial. El avance de esta política tiene a los gremios en alerta, y se espera que de acá a fin de año se vea “lo más violento” del plan, que incluye áreas muy sensibles como salud, ciencia y tecnología.
Sobre el anuncio que se intimará a unos 10 mil empleados para que se jubilen, además de rechazo varios sectores salieron a aclarar el impacto. Ingrid Urrutia, secretaria general de ATE en el INCAA, explicó que “el Estado como empleador está habilitado a notificar el cumplimiento de la edad jubilatoria, después la verificación de que se tengan los años de aporte, por ejemplo, es a posteriori”. Además, la referente sindical analizó el decreto gubernamental y sostuvo que “lo que hace es poner una fecha, y les pone una presión real a todos los trabajadores”. Otra consecuencia, alertó Urrutia en diálogo con Data Gremial, es que “ante salarios que están por debajo de la pobreza, y algunos que apenas superan la línea de indigencia como pasa en la Ciudad de Buenos Aires con el consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, las jubilaciones que se paguen no alcanzan para vivir”. El Estado nacional ya había realizado una intimación similar a fines de marzo de este año, que no tuvo la visibilidad de esta, que parece mucho más decidida. Sobre los empleados alcanzados, hay dudas respecto de la cifra anunciada por el gobierno.
Por su parte, ante esta realidad desde la CGT salieron al cruce de los ataques que los trabajadores de la administración pública están recibiendo. Por eso, su Frente de Gremios Estatales decretó el “estado de alerta y movilización” con una medida de acción directa ante las “sistemáticas agresiones” contra el sector público, y alertó sobre los riesgos de un “modelo especulativo” que “favorece a las grandes corporaciones financieras”. Así lo dispuso el frente sindical de los estatales en un encuentro que se realizó en la sede de UPCN para “generar acciones como consecuencia de la profundización de un escenario político, económico y social que agrede sistemáticamente la existencia del Estado”, manifestó el sector en un comunicado. Y alertó por “un escenario en el que se expresan dos modelos de país: uno especulativo que favorece claramente a las grandes corporaciones financieras y otro que propone producción, desarrollo y trabajo”. Además, el frente gremial denunció que los “ataques permanentes tanto al Estado como a las organizaciones sindicales, se deben a que esas instituciones son la última barrera contra la implementación de un capitalismo salvaje sin límites”. “Desde este Frente instamos a las demás organizaciones sindicales hermanas, a los movimientos sociales y a la dirigencia política y sus legisladores en particular, a defender los derechos laborales y sindicales”, sostuvieron, al tiempo que afirmaron que “sin Estado no hay Nación”.
Más despidos
Estas medidas La idea de jubilar a miles de trabajadores del Estado es otra forma de bajar la planta de empleados, bajo el argumento del equilibrio fiscal y usando supuestas irregularidades como excusa. A esto se le suma la ola de despidos, en especial de contratados, que no dejan de producirse desde que Milei llegó a la Casa Rosada. Todas las semanas, personal sin estabilidad laboral, ya sean contratados o monotributistas, son notificados de que son bajas en el estado nacional. En este sentido, delegados de ATE en el Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) se declararon “en estado de alerta y asamblea permanente”, debido a la falta de respuesta de las autoridades ante sus reclamos. “Hemos tenido 50 despedidos de artículo 9 y otros 30 monotributistas, los cuales a la fecha no se han reincorporado, sí se han reincorporado en una cantidad, pero otras no, por lo que la obra social en ese sentido tiene faltante personal en varias de sus áreas”, denunciaron.
Por los despidos, retiros anticipados y jubilaciones, lo que hay es una baja de personal calificado de los distintos organismos estatales, aseguran desde ATE. “Como sucede en el sector de ciencia o en las universidades por la desfinanciación, por el ajuste hay un ‘fuga de cerebros’ en el Estado nacional, es decir, la salida de cuadros técnicos formados que garantizan la implementación de políticas públicas, que son derechos conquistados”, dijo Urrutia, titular de ATE-INCAA. Por esta fuga, agregó, se ven vulnerados “derechos fundamentales, como el acceso a la justicia, porque se hizo un desguace de los organismos que lo ejecutaban, o lo que pasa ahora con la AFIP”. “La salida de las personas que tienen experiencias en el funcionamiento de los programas públicos plantea un real y concreto problema, un ataque más en el camino del vaciamiento y desmantelamiento del Estado”, recalcó la delegada.
Privatizaciones
“Todo lo que pueda pasar al sector privado para que sea más eficiente, así se hará”. Con esas palabras, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, anunció la decisión del gobierno de privatizar la empresa Belgrano Cargas y Logística, que opera tres líneas de transporte de cargas por ferrocarril. Según datos oficiales difundidos en el marco de este anuncio, en las cerca de 45 empresas y sociedades del Estado actuales trabajan 100.263 personas, unas 10 mil menos desde que se inició el gobierno de Milei, aunque un reciente informe marcó que son más de 33 mil los estatales despedidos o cesanteados. Además de Belgrano Catrgas, el gobierno ya anunció que licitará las carreteras de Corredores Viales para que sean administradas por privados. Semanas atrás también anunció que llamará a concurso para dar en concesión la operación de cuatro centrales hidroeléctricas cuyos contratos con privados ya están vencidos.
Asimismo, puso en marcha el proceso para vender la participación del Estado nacional (63,7 por ciento) en la firma Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA) y prevé lanzar en los próximos meses la licitación para la concesión de la hidrovía de los ríos Paraná y Paraguay, clave para la salida de buques de carga de varios países hacia el Atlántico. Todo esto se puedo avanzar porque la Ley Bases permite la privatización de muchas de las firmas en la mira del gobierno. En la misma lista que se incluyó el Belgrano Cargas están Energía Argentina (con activos en el sector eléctrico y del transporte y la comercialización de gas); Intercargo (servicios en los aeropuertos a las aerolíneas); Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA); y Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE), las posibles nuevas víctimas de la “deep motosierra”. La nueva ley también posibilita el ingreso de capital privado en Nucleoeléctrica Argentina (NASA, operadora de centrales nucleares) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT, operadora de una mina de carbón en el sur del país), aunque en ambos casos el Estado nacional queda obligado a mantener una participación accionarial mayoritaria.