Una de los primeros proyectos impulsados por el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri fue la creación del Fuero Laboral en la justicia de CABA. La iniciativa llegó a la legislatura, y pese al rechazo de buena parte de la oposición y los gremios, se convirtió en ley en poco tiempo. La idea de tener tribunales del Trabajo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires fue cuestionada en primer lugar por su manifiesta inconstitucionalidad, según el análisis de varios especialistas. Pero el oficialismo sigue adelante, y esta semana el Ministerio de justicia informó al Consejo de la Magistratura porteño que deberá elegir más de una docena de jueces y otros funcionarios, para que den curso a la puesta en marcha del fuero. Este paso pone en alerta a quienes consideran que se trata de un intento por interferir en las decisiones relacionadas con el derecho de los trabajos, como la CGT, que antes de que se aprobara la ley se mostró muy reacia a esta medida. El gobierno local justifica la medida diciendo que “con esta herramienta vamos a poder resolver los conflictos locales más rápidamente, con una Justicia más ágil, eficiente y cercana”, además, de ser “otro gran paso hacia la consolidación de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.
Las versiones periodísticas anuncian que el Ministerio de Justicia porteño envió los recursos necesarios para que el Consejo de la Magistratura elija los primeros jueces que formarán el foro laboral de CABA. La selección que deberá hacer la entidad 10 jueces de Primera Instancia del Trabajo; 6 jueces de la Cámara de Apelaciones del Trabajo; un fiscal de Cámara ante la Cámara de Apelaciones del Trabajo; 2 fiscales ante los Juzgados de Primera Instancia del Trabajo; un asesor de Cámara ante la Cámara de Apelaciones del Trabajo; y un asesor tutelar ante los Juzgados de Primera Instancia del Trabajo. Esta será la primera estructura que se forme para dar el paso resistido por algunos sectores sindicales y de la oposición política, que aseguran que esta es “una decisión política”, para intentar de influir en las decisiones que afectan la relación de las empresas y sus empleados. Este foro aplicará el nuevo Código Procesal Laboral de la Ciudad, también sancionado el año pasado. El llamado a concurso se realizará para cubrir los cargos de magistrados creados a través de la ley 6.789.
La decisión de avanzar con esta propuesta fue criticada por la CGT y otros sectores sindicales, mientras otros están mirando cómo se implementará, más allá de la discusión legal por la constitucionalidad de avanzar con esta propuesta. “En la medida que le den fondos a la Ciudad y se aprueben los presupuestos, la estructura judicial de CABA está preparada para atender las necesidades de este fuero”, sostuvo Matías Fachal, referente de la Asociación de Empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (AEJBA).
De esta forma, los trabajadores judiciales pondrán su esfuerzo si este nuevo instrumento se materializa. En diálogo con Data Gremial, Fachal, recalcó que esta mirada se basa en que el foro laboral porteño “no absorbe una estructura heredada, sino que crea una nueva, bastante más chica en comparación”. Como titular de la Federación Judicial Argentina (FJA), el dirigente dijo que en la entidad “hay distintas miradas, a nadie se le escapa la utilización política de todo esto, ni el fin último que tienen representantes empresariales dentro de los gobiernos, pero a su vez también era una deuda de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”.
Miradas
El proceso para tener un foro laboral porteño avanza a pesar de las miradas distintas, pero todavía tiene que cristalizarse. En ese sentido, los recursos que puedan llegar, tanto del gobierno de CABA como nacionales –si se descomprime lo que sucede en los juzgados federales se puede pensar en que lleguen recursos –serán determinantes.
En este sentido, la secretaría de Trabajo anunció la aprobación de la ley porteña, a través de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), que aseguró que “trabaja activamente con las administraciones de las diferentes jurisdicciones y con las cortes de Justicia con un objetivo primordial: celeridad y eficiencia en la resolución de los casos derivados de contingencias laborales”. Estas medidas apuntan, por un lado, “a reducir la litigiosidad laboral, ya que se asegura en la instancia administrativa la garantía del debido proceso, con plazos de resolución notoriamente más cortos y reparaciones oportunas y justas; y por el otro (y como consecuencia) incentivar nuevas inversiones que generen puestos de trabajo”.
En octubre de 2024, la CGT rechazó el intento de trasladas el fuero laboral a la Justicia porteña. Subrayó que el fuero laboral ha sido desde su creación una herramienta clave para garantizar “el respeto irrestricto de nuestros derechos” y alertó sobre las consecuencias de trasladarlo a una jurisdicción que consideran, podría priorizar los intereses empresariales. A través de un comunicado, la central sindical advirtió que esta medida pondría en riesgo los derechos laborales conquistados por los trabajadores, interpretando el proyecto como un intento de acotar su protección jurídica.
Inconstitucionalidad
Además de la injerencia que pueda tener el gobierno en el foro, otro de los argumentos utilizados para rechazar su creación es la supuesta inconstitucionalidad para que la Ciudad de Buenos Aires tenga este tipo de tribunales. Pablo Kleiman, coordinador del Espacio Jurídico de la CTA Autónoma de Capital Federal, expresó esa postura a Data Gremial durante el debate en la legislatura del proyecto, al recordar que “la Constitución Nacional es muy clara en su artículo 75 en cuanto expresa que le corresponde al Congreso dictar los códigos de fondo y que solo pueden aplicarlos los tribunales federales o las provincias”. “CABA no es una provincia, por eso cada vez que la Constitución la nombra dice ‘las provincias y la Ciudad de Buenos Aires’, si CABA fuera una provincia, no habría necesidad de aclararlo”, explicó.
Kleiman insistió en este argumento: “CABA podría convertirse en provincia si el Congreso dicta una ley, pero no es el caso. Cada vez que se creó una provincia se hizo por ley del Congreso”. Así, recordó, “en 1951 por la ley 14.037, se provincializó el Chaco y La Pampa. En 1953, por ley 14.294 se provincializó Misiones. En 1955, por ley 14.408 se provincializaron los territorios nacionales de Formosa, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. En 1990, por Ley 23.775, la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”. “La pretensión de la CABA de tener un fuero laboral no es nueva. Desde hace muchos años intenta o bien vía de traspaso, o bien como ahora, con la creación de juzgados laborales propios”, recordó.