“Aerolíneas no se vende, se defiende”. Bajo ese lema, los gremios aeronáuticos enrolados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) realizaron una serie de asambleas, en el marco de la jornada de lucha planteada como previa al paro nacional de la CGT. La principal tuvo lugar en el hall central del Aeroparque Metropolitano, donde hubo demoras de los vuelos por la actividad. Allí, las distintas entidades que representan a los trabajadores de los trabajadores de la empresa de bandera dejaron en claro que rechazan la posibilidad de privatizarla, y repudiaron la política de “cielos abiertos” que intenta imponer el gremio de Javier Milei a partir de acuerdos como el firmado con el gobierno de Chile. Durante la protesta, se insistió en alertas de las dificultades que traerá al país cualquier intento de pasar a manos privadas las operaciones de la compañía, algo que el propio presidente no oculta. En este punto, el Instituto de Estudios y Formación (IEF) aseguró que la aprobación de la Ley Bases, que ya tiene media sanción de la cámara de Diputados, es un primer paso para empezar el proceso de venta de Aerolíneas Argentinas, por lo cual reclamaron a los senadores, que comenzaron a tratar el proyecto, que no le den su aval.
Además, la normativa traerá otros problemas en el sector aerocomercial, como la tercerización de algunos controles aéreos ahora en manos del Estado nacional.
El informe de la IEF analiza el impacto general de la Ley Bases, y sus 232 artículos. divididos en ocho capítulos. Uno de ellos, dedicado a la “reforma laboral y privatizaciones”, el equipo de investigación compuesto por Claudio Lozano, Horacio Fernández, Noemí Giosa Zuazua, Agustina Haimovich, Ana Rameri, Mariana Rivolta y Eugenia Ventura Flossi y coordinado por Daniel Godoy y Tomás Raffo.
Se refirió a Aerolíneas Argentinas, como “un caso emblemático”, porque en ella “se sintetiza la idea del valor extraeconómico de la empresa así como también la clara intención del Gobierno nacional de entregarla a un empresario local concreto”.
Para el trabajo, al que tuvo acceso Data Gremial, “Aerolíneas Argentinas tiene una importancia estratégica más allá de la simple rentabilidad económica”. “A pesar de los desafíos financieros, con un déficit que se ha reducido significativamente de 667 millones de dólares en 2019 a 246 millones en 2022, la aerolínea sigue siendo crucial para la conectividad territorial y el desarrollo socioeconómico de Argentina”, resaltaron.
En cuanto a el panorama que abre Ley Bases, se complementa con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, que según la entidad de la CTA Autónoma “propone abrir la puerta a la privatización mediante la eliminación de las restricciones previas, facilitando la transferencia de acciones de la aerolínea a entidades privadas”.
“El DNU modifica la legislación existente permitiendo que las acciones de Aerolíneas Argentinas puedan ser transferidas, bajo ciertas condiciones, a entidades con dirección y control argentinos, lo que indirectamente habilita a empresarios como Eduardo Eurnekian, ya beneficiado en anteriores gestiones gubernamentales, a potencialmente adquirir la aerolínea. Eurnekian ya tiene un extenso control sobre operaciones aerocomerciales en Argentina, lo que podría ampliarse con esta nueva regulación, afectando la dinámica competitiva y posiblemente la orientación de la aerolínea nacional”, recalcó. En los últimos años, la empresa estatal “transportó 11.700.348 pasajeros en 2022 y cuenta con una flota de 78 aviones, incluyendo un simulador de vuelo que aporta ahorros significativos y genera ingresos al capacitar a pilotos regionales”.
Además, la empresa “contribuye indirectamente a la economía mediante el turismo, con impactos socioeconómicos valorados en 5.172 millones de dólares en 2022, y emplea directa e indirectamente a más de 107.235 personas, evidenciando su valor más allá de los resultados financieros inmediatos”.
Otros inconvenientes
Tanto en DNU como la Ley Bases afecta al sector aeronáutico no sólo fomentando la privatización de Aerolíneas Argentinas. Además, puede generar inconvenientes con las empresas públicas del área, ya que la nueva normativa permite su achicamiento o cierre, además del despido del personal.
“Lo que sucede con la Ley Bases, en el caso de que se apruebe y se ponga en práctica, es que le da la facultad al presidente para que pueda disolver organismos y sus funciones”, sostuvo Marcelo Belelli, coordinador nacional de ATE en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), una de estas entidades públicas que podrían caer bajo la motosierra del gobierno. Entonces, le dijo el dirigente a Data Gremial, “en la ANAC consideramos que se abre el juego para que se puedan realizar tercerizaciones, algo que ya se había planteado en el gobierno de Mauricio Macri”.
Según Belelli, a estas dificultades que plantea la ley que se tratará en el Senado se suma que si Aerolíneas Argentinas “se desfinancia y deja de volar a algunos lugares, por falta de rentabilidad tampoco hay necesidad de tener estructuras laborales aeroportuarias, porque la empresa deja de volar a esos lugares y se pierden esos puestos de trabajo”.
Por estas cuestiones, los trabajadores de la ANAC consideran que “esta ley no debe avanzar en las condiciones que está planteada, porque le da al Estado la posibilidad de que con una sola firma se supriman funciones, se tercericen tareas o disolver organismos, además de la pérdida de estabilidad laboral”. “Todo esto genera una situación muy complicada como las que ya vimos en Télam o el INADI”, alertó Belelli.
Por esto, ATE-ANAC protestó primero en la jornada del lunes pasado en el Aeroparque Metropolitano junto a los gremios aeronáuticos, en el marco de las asambleas organizadas por los integrantes de la Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte (CATT).
Además, este martes hubo plenarios en todo el país, donde consensuaron un documento para rechazar las políticas para el sector. “Los trascendidos irresponsables de algunas y algunos directores de la ANAC que vuelven a la carga en el intento de privatización del Servicio de Extinción de Incendios, Sanidad y Control Terrestre. Es una idea ilegal y descabellada, la cual en este contexto pone en riesgo 800 puestos de trabajo en todo el país”, afirmó el documento. En tanto, la ATE-ANAC planteó “la necesidad de la reapertura de nuestra paritaria sectorial, ante el atraso salarial como uno de los factores cuestionados. Es necesario contar con un ámbito paritario propio, para discutir nuestro esquema salarial”.
Otras posibles privatizaciones
Volviendo al informe del IEF, la Ley Bases plantea una reforma del Estado –en el título II que tiene “la principal función de desmantelar, en lo posible, las instituciones públicas de regulación en la economía argentina”. “La reorganización administrativa plantea como objetivo brindar facultades al PEN para fusionar, reordenar, escindir y disolver organismos del Estado”.
Se excluye aquí al CONICET, al Malbrán, al ANMAT, al INPI, al INCAA, el ENACOM, a la CONAE, la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), a la CONEAU, a la CNV, el INCUCAI, la UIF y el INTA. El resto de los organismos estatales “están expuestos a atravesar el proceso de reorganización que disponga el PEN”. A partir de esto, como informó en su momento Data Gremial, pierden la estabilidad laboral unos 125 mil estatales, que podrían ser reubicados y finalmente despedidos si los organismos se terminan cerrando.
En cuanto a las privatizaciones, de 41 empresas presentes en proyecto original se bajó a nueve mientras se distinguieron dos posibilidades: la de privatización directa y la de privatización/concesión.
Dentro de las privatizaciones figuran además de Aerolíneas Argentinas Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina, Intercargo, y en el conjunto de las concesiones figuran AySa, Correo Argentino, Belgrano Carga y Logística, Sociedad Operadora ferroviaria (SOFSE) y Corredores viales. “No obstante, son más la cantidad de firmas estatales privatizables porque en el articulado (aunque no estén en el anexo) establece que son sujetos a privatización las empresas Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) en la medida que el Estado Nacional mantenga la mayoría accionaria y/o el control de la empresa”, concluyó la entidad.