Desde fines del año pasado, el gobierno nacional decidió apurar su motosierra en varias dependencias estatales, vaciando áreas claves como el Ministerio de Salud, donde se dieron 1.40 contratos de baja. Además, la gestión libertaria se enseñó con el Ministerio de Justicia, en especial en los espacios de memoria y Derechos Humanos, donde varios lugares se cerraron por una supuesta “reforma”, pero no hay certeza de que vuelvan a abrir, pese al fallo judicial que obliga a mantener estos organismos, como el Centro Cultural Haroldo Conti o las oficinas que funcionan en la ex ESMA. En estos espacios, la tarea del secretario de Derecho humanos Alberto Baños es dejar al borde de la paralización todos los mecanismos de verdad y justicia, incluyendo archivos históricos. Ante esto, los gremios estatales realizaron un pormenorizado informe donde dan cuenta de la situación de extrema gravedad de estos lugares.
El mismo fue presentado esta semana ante diputados nacionales, a quienes le pidieron que acciones distintas medidas para frenar el desguace. La CGT se metió en el tema, y comprometió recursos para mantener algunas oficinas, como las que administran Madres de Plaza de Mayo. Luego de presentar los datos, la dirigencia llamó a movilizarse el próximo sábado contra los “discursos de odio” del gobierno de Javier Milei.
El informe presentado a legisladores fue elaborado por la Junta Interna de ATE en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Entre los diputados presentes estuvieron Brenda Vargas; Natalia Zaracho, Hugo Yasky; Paula Penacca; Juan Marino; Daniel Gollán; Germán Martínez; Mónica Macha y Lorena Pokoik; Mario Roberto Manrique y Eduardo Valdez.
La idea del mismo es comunicad la situación de los sitios de la memoria, atacados por el ajuste brutal de la gestión libertaria. en el mismo se abordan distintas cuestiones, comenzando con los despidos. “Desde la asunción del secretario Baños en diciembre de 2023, la planta de trabajadores se redujo drásticamente, pasando de 1.050 personas a solo 540 en enero de 2025”, explicó el trabajo, al que tuvo acceso Data Gremial.
Además, se detalla que entre marzo y septiembre de 2024 “hubo 146 despidos y 68 reincorporaciones”. Además, “se suman 256 desvinculaciones, incluyendo despidos y aceptaciones del plan de retiros forzosos. Es preocupante que quienes no adhirieron al plan de retiros fueran despedidos”. Completan el panorama la jubilación de 20 empleados, que accedieron a este beneficio ante las presiones oficiales.
La reducción del personal en todas las áreas “es significativa, oscilando entre el 30 por ciento y el 61 por ciento”. “La política de desguace ha afectado a personas con hasta 30 años de antigüedad y diversas experiencias, como administrativos, abogados, sociólogos, psicólogos, educadores, conservadores y comunicadores”, alerta el reporte. Ninguno de ellos fue reemplazado, “lo que ha generado una carga adicional para los trabajadores restantes”. “Es inaceptable que estas acciones se hayan llevado a cabo en un contexto de incremento de la presencia policial en el edificio central de la Secretaría de Derechos Humanos, ubicado en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), un lugar simbólico de la lucha por los derechos humanos en Argentina”, explicó el informe.
El informe de ATE Justicia es un llamado a la acción para “defender los Derechos Humanos y la justicia en Argentina. Es fundamental que se tomen medidas urgentes para abordar esta situación y garantizar la protección de los derechos de los trabajadores y la ciudadanía en general”.
Extrema preocupación
Los diputados recibieron toda la información de los delegados de ATE, que además pusieron ejemplos claros del impacto del ajuste en el funcionamiento diario.
La Dirección de Sitios y Espacios de la Memoria, por ejemplo, coordina las tareas de los ex centros clandestinos de detención, incluyendo la recopilación de archivos e información valiosa para los juicios. Según denunciaron, la falta de personal hace imposible cumplir esta tarea: El ex Virrey Cevallos tiene dos empleados, y el ex Vesubio ni eso: perdió las dos trabajadoras que tenía. En el Archivo Nacional de la Memoria, otro lugar clave para guardar materiales de la dictadura, se despidieron 38 empleados, la mayoría encargados de los 5 kilómetros lineales de material de archivo. En este caso, como en el Conti, en el año no se nombró un responsable por parte del gobierno.
El reporte recordó que la Ley Nacional 26.691/2011 de Sitios de Memoria establece en su artículo 2, las dos principales funciones de estos espacios: “su carácter probatorio en los juicios de lesa humanidad que se desarrollaron y siguen desarrollando en el país, y su rol en la transmisión de la memoria histórica de lo acontecido durante los años del Terrorismo de Estado”. “Esta ley fue y es pionera en la materia en Latinoamérica. La ley establece como autoridad de aplicación a la Secretaría de Derechos Humanos. En Argentina, además, muchos de los Sitios de Memoria son también Lugares Históricos Nacionales”, remarcaron. Uno de los ejemplos es el Museo de la Memoria “ESMA” fue declarado Patrimonio Mundial en el año 2023 por el Comité de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas por la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Se encuentra también protegido por la Ley Nacional 26.415 y la Ley 2.599 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Propuesta de la CGT
Con esta dramática situación, los organismos de derechos humanos buscan que haya una movilización masiva contra este tipo de ajustes. Esto va de la mano de la marcha que se realizará el próximo sábado, para repudiar los dichos del presidente en el Foro de Davos.
Es tan importante el rechazo, que hasta la dirigencia de la CGT salió de su postura expectante para tomar medidas. Esta semana, por ejemplo, se reunió con Madres de Plaza de Mayo, para expresarle su apoyo a la resistencia al desguace a los centros de la memoria. El secretario adjunto de la CGT Héctor Daer calificó de “retroceso” a las iniciativas discriminatorias anunciadas por el Gobierno en los últimos días y ratificó que la central obrera va a “sostener el reclamo” en favor de la “protección de los espacios de memoria” que están siendo vaciados por la administración de Javier Milei. “La lucha por los derechos humanos no se termina ni se puede olvidar”, aseguró
Tras ese encuentro, la CGT ratificó su participación el próximo sábado en la Marcha Federal del Orgullo Antifascista, Antirracista y LGTBINBQ+ convocada por un amplio sector de organizaciones en contra de las políticas fascistas. Daer sostuvo que las políticas contra las diversidades “no son solo una agresión a un sector de la sociedad” sino sobre todo “un retroceso social” amparado en la “falacia” del discurso oficial sobre la libertad. “Vamos a estar el sábado”, recalcó el dirigente durante una entrevista radial, en la que precisó que los representantes del Consejo Directivo de la central “están organizando la participación” en esa convocatoria, junto con quienes la coordinan. La expresión que se prevé masiva y que tendrá lugar el sábado a las 16 desde el Congreso hacia Plaza de Mayo será para Daer una respuesta al “camino de brutalidad que marca el presidente Milei cuando dice lo que piensa”.