El Gobierno de Javier Milei piensa en una reforma previsional como una de las principales medidas para el 2025, una agenda que promete generar un impacto significativo en el sistema previsional argentino. Si bien algunos de los cambios propuestos podrían tener beneficios en términos de sostenibilidad del sistema, también se perciben como una carga para muchos sectores vulnerables, especialmente los trabajadores informales y las mujeres.
Suba de la edad jubilatoria: el punto más polémico
Uno de los puntos más conflictivos de la reforma fue la intención de aumentar la edad jubilatoria. Actualmente, la edad de retiro es de 60 años para las mujeres y de 65 años para los hombres. El proyecto del Gobierno prevé equiparar esas edades y aumentarlas progresivamente hasta los 70 años en los próximos años.
De ser aprobada, la reforma aumentaría la edad jubilatoria a 66 años en 2026, a 67 años en 2028, a 68 años en 2030, a 69 años en 2032 y, finalmente, a 70 años en 2034. Esta medida provocó un fuerte rechazo, ya que implicaría una prolongación de la vida laboral para millones de trabajadores. La mejora de la esperanza de vida y las mejores condiciones de salud en muchos países podrían justificar el ajuste, pero en el contexto argentino, este cambio es percibido como una carga aún mayor para los trabajadores de sectores informales y precarios.
El impacto en los jubilados actuales y futuros
En paralelo al aumento de la edad jubilatoria, la reforma también contempla el fin de la moratoria previsional establecida por la Ley 27.705. Esta moratoria permitió a muchas personas acceder a la jubilación sin los 30 años de aportes requeridos. Según la propuesta, la moratoria finalizará el 23 de marzo de 2025, por lo que aquellos que no cuenten con los 30 años de aportes no podrán acceder a la jubilación ordinaria y solo podrán optar por la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que otorga el 80% de la jubilación mínima.
Este cambio representará una disminución importante en los ingresos de quienes no puedan acceder a la jubilación ordinaria, ya que la PUAM es considerablemente más baja que el haber mínimo. Además, los beneficiarios de la PUAM deberán demostrar que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y no podrán acceder a otros beneficios, como la pensión por viudez.
La informalidad laboral y el acceso a la jubilación
El Gobierno también destacó la problemática de la informalidad laboral en el país, que afecta a millones de trabajadores. Entre agosto de 2023 y agosto de 2024, el padrón de jubilados y pensionados aumentó en 260.349 personas, pero el 88,5% de esos nuevos jubilados (230.390) accedieron a través de la moratoria, mientras que solo el 11,5% (29.959) cumplieron con los 30 años de aportes. Esto evidenció la alta informalidad laboral y la falta de acceso a aportes formales.
Impacto en las mujeres
Las mujeres, que históricamente enfrentaron brechas salariales y dificultades para acceder a trabajos formales, serían las más afectadas por la reforma. Para ellas, la eliminación de la moratoria y el aumento de la edad jubilatoria significaría un retraso en el acceso a la jubilación, ya que actualmente pueden jubilarse a los 60 años. A partir de la reforma, tendrían que esperar hasta los 65 años, lo que implica una prolongación de la vida laboral y una pensión considerablemente más baja, ya que solo podrán acceder a la PUAM, que otorga el 80% del haber mínimo.
Conclusión
La reforma previsional planteada por el Gobierno de Javier Milei ha generado un fuerte debate en la sociedad argentina. Aunque algunos de los cambios propuestos podrían contribuir a la sostenibilidad del sistema previsional, la medida más controvertida, que es la suba de la edad jubilatoria, ha sido vista como un golpe a los derechos adquiridos por los trabajadores. Además, la eliminación de la moratoria previsional y la posibilidad de recibir solo la PUAM a quienes no cuenten con los aportes necesarios profundiza las desigualdades y la informalidad laboral.
En este contexto, la reforma previsional podría tener consecuencias sociales graves, afectando principalmente a los sectores más vulnerables, y será uno de los temas clave en el debate político y social durante este año electoral.