Por decisión del ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, los intendentes no podrán incorporar más tasas municipales en las boletas de servicios públicos. Desde hace unos años, los distritos tenían dentro de las facturas de luz, por ejemplo, el cobro del alumbrado público, una forma de asegurarse un alto porcentaje de pago. Además, se buscará que los distritos que cobran algún impuesto a los combustibles, que influye en el precio que paga el consumidor, sea informado, una forma de desalentar esto. Las propuestas del gobierno podrían ser un foco de conflicto en grandes comunas, como las del conurbano bonaerense, ya que las tasa son especial fuente de financiamiento, y estas restricciones pueden generar problemas en el futuro inmediato. Uno de los temores es que estas restricciones limiten la capacidad de los jefes comunales de mejorar los salarios de sus trabajadores. Atento a esto, desde la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerense (FESIMUBO) dijeron que la medida “es inconstitucional” y analizan realizar una medida de fuerza. Ya hay algunos conflictos abiertos, por salarios atrasados en distritos con baja estrepitosa de la recaudación.
A través de la resolución 259/2024 de la Secretaría de Energía, dependiente de la cartera de Hacienda, el gobierno definió que “a los fines de facilitar a los consumidores el acceso a dicha información los operadores de bocas de expendio que comercialicen combustibles para vehículos autopropulsados en jurisdicciones cuyos municipios apliquen tasas viales y/o municipales sobre el precio de los combustibles sean líquidos y/o gaseosos, deberán exhibir en un lugar visible de cada surtidor una leyenda”.
Si bien ésta es una cuestión informativa, la semana pasada el gobierno ahondó su posicionamiento cuando a través de una resolución de la Secretaría de Comercio resolvió que solo se podrá incluir en las facturas “los gastos relacionados de forma única y exclusiva del bien o servicio contratado específicamente por el consumidor y suministrado por el proveedor”. Muchos municipios incluyen en las boletas de servicios públicos, tasas locales para asegurarse así la cobrabilidad. Por eso estas dos medidas pueden ser un golpe fuerte a la recaudación comunal, que en buena parte de las comunas está destinada al pago de los salarios de sus trabajadores. Por eso la alarma no es sólo de los intendentes.
“Es una medida inconstitucional, y la rechazamos”, dijeron desde FESIMUBO, ante la consulta de Data Gremial. Además, desde la entidad que representa a gremios de bases en los 135 municipios adelantaron que estudian realizar una presentación judicial para acompañar a los intendentes en su rechazo a la resolución oficial.
El argumento que mantiene las partes, tanto los jefes comunales como los gremios, es el de la “autonomía municipal”, que permite este tipo de cobros. Por eso, el equipo jurídico de la FESIMUBO está analizando la posibilidad de hacer una presentación judicial contra el decreto del ministro Caputo, acompañando el reclamo de los intendentes.
El temor de la entidad que lidera Rubén “Cholo” García es que la baja en la recaudación termine haciendo que los gobiernos locales limitan los aumentos de salarios para sus trabajadores. “Lo primero que dicen los intendentes es ‘se cayó la recaudación’, y quieren usar esto para no dar aumentos. Lo mismo cuando quieren subir las tasas, dicen que es para salarios”, se quejaron en la entidad sindical.
Crisis de ingresos
Desde que nació a mediados de los 90, la FESIMUBO tiene como reclamo central la recomposición de los ingresos de los municipales bonaerenses, que cobran salarios que hoy están muy deteriorados, en un contexto de precarización creciente. En este sentido, García realizó declaraciones periodísticas estos días donde recalcó el problema de los ingresos de los empleados comunales.
“En el caso de la provincia de Buenos Aires, el 80 por ciento de los municipales no cubre la canasta básica alimentaria de 950 mil pesos”, denunció la entidad. “Tenemos el 50 por ciento de los trabajadores en negro, es claro que de avanzar en esto habrá una merma en la recaudación municipal con un impacto en los salarios de nuestros trabajadores”, se insistió.
Según la ley vigente, los trabajadores municipales deben acordar con intendentes un piso salarial para todo el territorio provincial, a partir del llamado Consejo Provincial del Salario Municipal, creado por la Ley 14.656, aprobada en 2014. Pero hasta ahora, pese a las promesas, no se logró dar ese paso. Lo mismo sucede a nivel nacional, donde la Confederación de Trabajadores Municipales (CTM) quiere una instancia de paritaria para todo el país. Ambas entidades anunciaron en abril pasado una denuncia a nivel internacional para que la OIT se comprometa en esta realidad. En la campaña 2023, el exministro de Economía y candidato Sergio Massa se comprometió con la dirigencia de la CTM a habilitar esta instancia de negociación, pero la victoria de Javier Milei canceló cualquier posibilidad, que hoy está “sepultada” bajo el brutal plan de ajuste del gasto público que lleva adelante la gestión libertaria.
Conflictividad
En medio de esta realidad, la conflictividad en el sector comunal viene en aumento, por las malas condiciones laborales que viene denunciando FESIMUBO. La semana pasada, por ejemplo, la dirigencia acompañó al Sindicato de Trabajadores Municipales de San Isidro (STMSI) en un acto frente al palacio municipal, en la avenida Centenario y Márquez, donde criticaron a la gestión de Ramón Lanús y reclamaron por “salarios dignos”.
“La gestión local viene negando las paritarias desde inicio de año, y ante la presión de abrir la discusión, ofrece aumentos mínimos”, le dijeron a Data Gremial desde el gremio local. Por eso el plan de lucha que cuenta con el apoyo de la dirigencia provincial.
En la puerta de la Municipalidad, se llevó adelante un acto cuyos oradores fueron Omar Arce, secretario general del STMSI, Hernán Doval, titular de la CTM, y el propio García. En ese acto se recordó que en San Isidro hay cerca de 7 mil trabajadores municipales y que “4 mil de ellos cobran menos de 300 mil pesos en los básicos: lo que estamos negociando es dignidad”.
Además, se indicó que esta semana están citados en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, para intentar destrabar el conflicto. “El intendente tiene que ir a un almacén y ver lo que aumentaron las cosas en estos nueve meses. Está pasando en toda la provincia y en todo el país”, culminó Doval, quien también pidió al gobernador bonaerense Axel Kicillof que convoque al Consejo Provincial del Salario Municipal.