El mensaje fue claro: #UniversidadPúblicaSiempre. Esa consigna parece aglutinar las miles de voces que se dieron cita en todo el país para pedir por más presupuesto para la educación superior y mejores sueldos para docentes y nodocentes, los ejes centrales de la jornada, que tuvo su epicentro en la Plaza de los dos Congresos, donde otra multitud como la de abril protestó contra las políticas libertarias parta el sector. Estas simples pero poderosas consignas aglutinaron a diversos sectores políticos, sindicales y sociales, que dejaron sus diferencias para ponerle un freno al ajuste brutal que ejerce el gobierno de Javier Milei sobre las universidades, tal vez uno de los últimos consensos de estos tiempos.
Por eso, en la misma marcha se pudo ver a estudiantes, trabajadores, jubilados, referentes de la cultura y la comunicación, que caminaron entre banderas de izquierda, del peronismo y el radicalismo, entre bombos sindicales y carteles hechos en casa, que con ironía y humor le dieron color al reclamo.
El acto central incluyó varios discursos y la lectura de un documento de consenso, que pedía que “no nos arrebaten el futuro”, una consigna que explica el carácter joven de la jornada. Lejos de estos reclamos, el oficialismo filtró que la Ley de Financiamiento Universitario se vetará igual, lo que acelera las conversaciones entre bloques para juntar los votos que permitan revertir esto. “Vetemos a Milei”, respondió la gente.
En una marcha que tuvo muchos carteles individuales y pocas consignas políticas visibles –para contrarrestar la crítica de “marcha política” que quiso instalar el gobierno nacional –la comunidad universitaria volvió a estar a la altura del desafío.
Luego de copar masivamente CABA en abril, ahora volvieron a marcar el descontento por el ajuste que se intenta en las universidades. Comparada con la primera marcha, la de este miércoles tuvo algo menos de convocatoria en el acto principal, pero fue mucho más multitudinaria en las provincias, destacando Córdoba, donde algunos afirman que hace años que n hay una muestra de movilización de ese calibre. La presencia de referentes de la política de casi todos los espacios, salvo los oficialistas y las distintas variantes del PRO, al reclamo salarial y de presupuesto se le sumó el rechazo al veto, que se estiró hasta el límite legal para que sea luego de la jornada.
Los antecedentes marcan que al gobierno no le interesan muchos los mensajes callejeros: luego de la protesta de abril hizo caer la sesión para darle un aumento presupuestario de emergencia al sector, por lo que no sería extraño que a primera hora del jueves se firme y publique el veto.
“Pedimos a los diputados que con los dos tercios rechacen el veto y defiendan la universidad pública”, se adelantó a esta movida Daniel Ricci, titular de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), en declaraciones radiales previas a la jornada.
Además, el dirigente que fue uno de los oradores del acto central destacó que “toda la sociedad argentina” apoya la educación pública, y destacó la presencia de gremios de la CGT y las dos CTA. Además, Ricci calificó de “fue una tomada de pelo” la última oferta salarial para docentes y nodocentes, por lo que “fue rechazada”. “Más bien fue mediática y digna de una realidad paralela”, dijo. Los gremios vienen hablando de una pérdida salarial que supera el 50 por ciento en este año, y que a esta altura la propia FEDUN ubica cerca del 70 por ciento. “Es una obligación de todas las organizaciones respaldar estas luchas y unificarnos ante las agresiones de este gobierno”, cerró. El pedido de unidad fue una de las constantes entre los dirigentes, que ven que en materia de conflictos el gobierno acumula varios frentes.
Datos alarmantes
Entre la primera y la segunda marcha universitaria, la cuestión presupuestaria fue muy discutida. Primero el gobierno quiso realizar acuerdos con los rectores, como el firmado con la UBA para mejorar las partidas; y luego el tema se trasladó al Congreso, donde se aprobó la ley que ahora Milei vetará. Pero ni los parches ni las promesas hicieron mejoras el panorama general, que es de “ahogo financiero”. En la previa a la movilización, un estudio confirmó esta realidad. “En los primeros siete meses del año de la gestión de Javier Milei se ejecutó un 31,5 por ciento menos de fondos para las 57 universidades nacionales que en el mismo período de 2023, a valores reales”, destacó un trabajo de los investigadores Mariel Fitzpatrick y Sandra Crucianelli.
El año pasado, agregó el análisis al que tuvo acceso Data Gremial, “de enero a julio se desembolsaron, 2.305.053 millones de pesos ajustados por inflación, mientras que en el mismo período de este año los giros fueron de 1.579.626 millones de pesos, según los datos de la cartera de Economía, y lo informado a la cámara de Diputados por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a principios de mes”.
Para el año en curso, según la información del sitio de Presupuesto Abierto que depende del Ministerio de Economía, “el crédito vigente al 11 de septiembre era de 3.037.428 millones de pesos (ligeramente superior a la cifra consignada el proyecto para 2025 enviado al Congreso el lunes pasado 3.002.770 de pesos)”. Ante la prórroga del Presupuesto 2023 para este año, “el Gobierno actualizó en distintos momentos del año partidas presupuestarias para los gastos de funcionamiento de las casas de estudios, después el masivo reclamo en las calles de abril”.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había solicitado al Gobierno 7,2 billones de pesos para atender los gastos salariales y de funcionamiento el año próximo. “La cifra fue acordada por más de 70 autoridades universitarias en un plenario realizado el 30 de agosto en Santa Rosa, La Pampa. En ese encuentro, se estableció que los fondos necesarios para el próximo año se estiman en aproximadamente 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PBI)”, recordaron.
Veto inminente
El documento de consenso de las entidades tuvo varios puntos clave, más allá de la reclamada suba de los recursos presupuestarios, clave para poder afrontar la mejora salarial. además, se acusó al gobierno de generar “una campaña de desprestigio”, por las noticias que hicieron circular en la previa, como la de los “alumnos fantasmas”, que se supone sirven a las casas de estudio para cobrar recursos por personas que no asisten a los establecimientos.
La presencia de muchos legisladores de diversos sectores hace pensar que el veto podría ser revertido en el Congreso. En este sentido, los bloques ya trabajan en alcanzar la mayoría necesaria para rechazar la decisión presidencial respecto de la Ley de Financiamiento Universitario.
"La Oficina del Presidente informa que el presidente Javier Milei vetará el irresponsable proyecto de aumento del gasto público de las Universidades Nacionales, aprobado por el Congreso, así como cualquier otro proyecto que no contemple una partida presupuestaria especifica y atente contra el equilibrio fiscal", arrancó el comunicado que difundió el Gobierno por medio de sus redes sociales.
Por eso la vía del Congreso es la más importante en este momento. Los legisladores tuvieron una muestra de lo que piensa la gente de la educación, pero algo similar ocurrió en abril, y las mejoras presupuestarias se empantanaron en la discusión política.
El texto leído en la Plaza del Congreso concluye con una definición sobre el rol crucial de la educación para el presente y el futuro del país: “La columna vertebral de la Nación es la educación pública que iguala y nos hace libres y la universidad pública es la herramienta por excelencia de movilidad social ascendente. Que no despojen al pueblo argentino de sus sueños de grandeza. Que no apaguen las vocaciones más nobles vinculadas al conocimiento y al trabajo con niñas, niños, jóvenes y adultos que transitan nuestras aulas y laboratorios. Los deseos, las aspiraciones y las luchas de generación tras generación consagradas en derechos, imponen una responsabilidad en el presente para que el futuro sea posible”.