Bajo el lema “sin salarios no hay salud”, los trabajadores de clínicas y sanatorios privados llevaron adelante en los últimos días un intenso plan de lucha para mejorar los sueldos del sector. Con paros rotativos y actividades de visibilización, se reclamó una mejora “urgente” de los ingresos, ante la negativa de las empresas, que en todo momento argumentaron que están en “situación de colapso” por la realidad de la seguridad social. Esta semana, la audiencia convocada por la secretaría de Trabajo fracasó, ya que la oferta recibida por la dirigencia de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) fue rechazada de plano. Pero ayer miércoles hubo un nuevo acercamiento, y una mejora del incremento, que finalmente fue aceptado. De esta forma, se salió de una situación delicada, que amenazaba con complicar la atención de miles de personas. El convenio se firmó en medio de denuncias de una “crisis estructural” de los establecimientos, que piden mejoras en los valores de las prestaciones, y una mejora en los tiempos de pago que hacen obras sociales y prepagas. La realidad se complicó más porque el gobierno nacional eliminó en el marco de su “plan motosierra” un programa que garantizaba los salarios del personal sanitario.
El acuerdo alcanzado por la FATSA y la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM) se logró en una audiencia realizada vía Zoom, que se llamó luego de que no llegaran a un entendimiento el día martes, cuando la patronal ofreció un 8 por ciento para los sueldos de mayo y 6 por ciento en junio. El pedido del gremio que lidera Héctor Daer era de un 12 por ciento para este mes y 8 por ciento para junio. “Hemos logrado firmar un nuevo acuerdo paritario para el CCT 122/75 para el primer tramo del 2024, recomponiendo las escalas salariales de los próximos tres meses (mayo, junio y julio)”, informó el gremio al finalizar la nueva audiencia. “Con la unidad de todos y todas, la fuerza de las asambleas y la dedicación de los compañeros y compañeras comprometidos con el plan de lucha, pudimos vencer la irresponsable resistencia de los empresarios”, agregó el comunicado de FATSA. En el marco del plan de lucha, la dirigencia destacó “la fuerza de la unidad, la solidaridad y la militancia como pilares esenciales para alcanzar nuestros objetivos. La intransigencia empresaria solo cede frente a la fuerza de la organización”. De esta forma, se actualizó el salario de los trabajadores de los distintos convenios.
“Fue una negociación muy dura, porque el argumento de la crisis del sector estuvo siempre presente”, le dijo a Data Gremial una fuente cercana a las paritarias. Cuando comenzaron los paros, hubo amenazas de descuentos, que finalmente no se cumplieron. El gremio de la Sanidad insistió en hablar del rol de los trabajadores de la salud en la atención de la población, y recordaron la pandemia como hito de esta utilidad. En medio de las negociaciones, la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (ADECRA) salió a negocia, intentando acercar posturas. Primero, contaron las fuentes, admitieron “la demora en la paritaria con los sindicados”, y luego declararon el “estado de emergencia”. “El argumento fue siempre que no tenían los recursos”, afirmaron las fuentes, apuntaron a los integrantes de la seguridad social, y a las políticas del gobierno nacional. Finalmente, sin mayores aportes externos, la paritaria se cerró.
Complicaciones
Las discusiones entre el personal de sanidad y las clínicas y sanatorios se complicaron por una decisión del gobierno nacional, en el marco de su plan de ajuste: el cierre del Programa Nacional de Fortalecimiento de los Equipos de Salud para la Calidad y la Seguridad (FESCAS). Creado en 2022, era un plan de asistencia de emergencia al trabajo y a la producción, por el cual se reconocía “una suma dineraria individual a abonada por el Estado nacional directamente a los trabajadores del sector, a cuenta del pago de las remuneraciones a cargo de los empleadores adheridos al programa. Clausurado en abril de este año, profundizó la crisis que vive el sector. “La medida fue anunciada por el ministro de salud y el vocero presidencial como un enorme ahorro para el Estado argentino. Sin embargo, este supuesto ahorro a las arcas del tesoro nacional esconde un aumento en las erogaciones de los presupuestos provinciales gracias a la ampliación de la demanda de atención a los servicios públicos de salud, financiados directamente por las jurisdicciones”, explicó al respecto la Fundación Soberanía Sanitaria, en un informe sobre el sector.
En el trabajo, al que tuvo acceso Data Gremial, alertó que “el desfinanciamiento de programas como el FESCAS en conjunto con la desregulación de la economía afectó directamente a la salud privada provocando el cierre y la restricción de la atención en clínicas, así como dificultades salariales para sus trabajadores”. “Esto generó un aumento en la demanda de la atención en efectores públicos al mismo tiempo que se decidió desfinanciarlos”, rescató. Para este año se estima que el presupuesto del programa “hubiera sido de 88 mil millones de pesos”. “Si analizamos el impacto directo en las clínicas en términos presupuestarios, son aproximadamente 64 millones de pesos menos al año para el funcionamiento de cada una de ellas”, resaltó el reporte de Soberanía Sanitaria.
La discontinuidad del programa FESCAS “ha generado preocupaciones sobre el impacto en la calidad y seguridad de la atención médica, así como en la sustentabilidad financiera de los efectores de salud privados en el contexto de la actual crisis económica y social que atraviesa la Argentina”. En este sentido, el cierre de programas “en un país donde cerca del 60 por ciento de su población utiliza servicios privados de salud, atenta contra la mejora de la calidad de atención, pudiendo afectar directamente a los/as usuarios/as del sistema de salud”. Además, “el desfinanciamiento del sector, producto de las distintas crisis enfrentadas en los últimos años, genera una demanda abrupta de atención en el subsector público sin la necesaria ampliación presupuestaria que permita hacer frente a este escenario”.
Crisis estructural
El cierre del acuerdo salarial se hizo pese a que se insisten con la crisis del sector, y se habla de “problemas estructurales” que la actual gestión sanitaria profundizó. Al cierre del FESCAS que se decidió se agregó profundizado por “la desregulación del sector produjo un aumento desmedido en medicamentos e insumos que, en lo que va de la gestión de Javier Milei, fue del 113 por ciento”, según estableció el trabajo de Soberanía Sanitaria. Estos dos factores “representan aproximadamente el 70 por ciento de la estructura de costos para las clínicas, de los cuales entre el 55 y 60 por ciento corresponden a salarios y honorarios profesionales”. “Es la tormenta perfecta sobre un sector que arrastra años de problemas financieros”, afirmaron desde el sector privado, ante la consulta de Data Gremial. Una realdad “que se vio en los últimos cuatro meses desbordada”.
Al mismo tiempo, se dijo, las obras sociales (financiadoras centrales de las clínicas debido al volumen prestacional) “también atraviesan un momento complejo en términos económicos, producto de la caída en la recaudación en términos reales”. Esto es una gran preocupación para los gremios, ya que son los aportes y contribuciones de las y los trabajadores los que sostienen las entidades. Según el último informe de gestión de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), “sobre la recaudación nacional a abril del corriente año, las contribuciones patronales presentan una variación interanual de -19,2 por ciento y los aportes personales una variación de -25,8 por ciento”.