Un viejo axioma de las organizaciones sindicales y sociales sostiene que “el ajusto no pasa sin represión”. Esta semana, seguramente sin quererlo, el gobierno de Javier Milei lo confirmó. Primero, anunció un paquete de medidas económicas, que generó un amplio repudio por los efectos recesivos que tendrá en trabajadores, jubilados y sectores vulnerables.
Luego, a los pocos días, se presentó un protocolo para limitar las protestas callejeras, un claro intento de mantener a raya las reacciones al programa lanzado. Bajo el argumento de campaña de “dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich presentó este instrumento, que busca acotar el accionar en las calles de ciudadanos y entidades, a partir de una serie de medidas que buscan amedrentar a los manifestantes.
El llamado “protocolo para el mantenimiento del orden público” es una propuesta de la funcionaria, que la intentó llevar adelante en su anterior gestión, entre 2015 y 2019, pero no tuvo mayor suerte. Ahora, según sus propias palabras, “si se toma la calle va a haber consecuencias. Vamos a ordenar el país para que la gente pueda vivir en paz”. la dirigencia gremial rechazó de plano la medida, ya que entre otras cosas la considera inconstitucional porque el derecho a protestar está consagrado en la Constitución. El próximo 20 de diciembre, aniversario de la caída del gobierno de Fernando de la Rúa, será la primera prueba importante de esta iniciativa.
En una conferencia de prensa, la ministra Bullrich, presentó este protocolo, con el objetivo “asegurar la libre circulación en rutas y calles ante protestas que puedan derivar en piquetes o bloqueos”. Bullrich anunció en una presentación pública que todas las fuerzas federales van a intervenir para garantizar la aplicación del protocolo.
La funcionaria argumentó que “si hay un delito flagrante las fuerzas federales podrán intervenir de manera inmediata de acuerdo con los códigos procesales vigentes”. Para ello, utilizarán “la mínima fuerza necesaria y suficiente, la cual será graduada en proporción a la resistencia que se oponga”. “Serán determinados los delitos hasta una nueva ley que se va a presentar a corto plazo de acuerdo al artículo 194 del Código Penal”, destacó. Ese artículo establece que “el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”.
Como era de esperarse, la respuesta en general de los sectores movilizados de la sociedad fue de rechazo, como cuando se intentó generar este mecanismo en el gobierno de Mauricio Macri. La inconstitucionalidad del protocolo es la idea más nombrada.
Entre las centrales obreras, la CGT no tuvo una respuesta común, pero muchos dirigentes dieron sus críticas de manera individual. En tanto, desde la CTA de los Trabajadores contestaron a la consulta de Data Gremial: “estamos analizando el tema y vamos a dar una respuesta común, pero hay tantas cosas para repudiar de este gobierno que no damos abasto”.
Por su parte, ATE y la CTA Autónoma anticiparon que “no aceptará ningún condicionamiento al ejercicio constitucional de movilización y protesta”. Lo hicieron en la conferencia de prensa donde confirmaron el plan de lucha de los estatales nacionales, que incluye pedido de reapertura de paritarias entre otros de los seis puntos establecidos.
Sin chicos
Otro punto que mencionó la ministra respecto a este protocolo es la idea de prohibir o evitar que las manifestaciones tengan menores de edad, en especial niños y niñas. Ante esto, el dirigente docente Jorge Adaro remarcó que con esa medida el gobierno “se meten en la decisión familiar de ir con niños a una marcha o algún tipo de movilización, eso no lo debe decidirlo Bullrich”.
En diálogo con Data Gremial, referente del gremio porteño Ademys recordó que “dicen que los chicos deben estar en la escuela, pero en la Ciudad de Buenos Aires faltan miles de vacantes en la educación pública”. Para Adaro, estas iniciativas son “un nuevo avance contra las libertades democráticas, contra la libertad de expresar y manifestarse”.
Sobre el protocolo en general, el docente marcó que “claramente viene ligado a los anuncios económicos, que necesita si o si ir acompañado de la represión”. “Cuando se plantea seguir bajando los salarios, que vienen perdiendo hace años, donde se plantea la baja de jubilaciones, donde se liberar los precios y aumentan de una manera escandalosa que los bolsillos de los trabajadores no lo soportan, esto debe ser acompañado por represión”, explicó Adaro, que agregó que el gobierno en estos cuatro días de gestión “va marcando una línea en ese sentido, con funcionarios que ya conocemos, que están vinculados a ideas totalitarias en lugar de conceptos democráticos”.
En la conferencia de prensa, Bullrich remarcó que el Gobierno tiene “una decisión tomada" de que “la forma de pedir o buscar un beneficio social ya no es por la vía del corte”. Pero los gremios tienen otra idea. “Condenamos este nuevo avance contra los trabajadores, que va a significar más ajuste mientras estatizan la deuda de los empresarios”, dijo Adaro.
Para el dirigente docente, este es un gobierno “profundamente clasista que no tiene ningún tipo de problemas en manifestarse a favor de los que más tienen y castigando a los trabajadores, por eso rechazamos la medida que inicia un peligroso proceso de convulsión social”.
Primer desafío
Con este anuncio, la ministra de Seguridad buscará tomarse revancha de su anterior intento por crear una reglamentación “anti piquetera”, que permita minimizar el impacto de las manifestaciones callejeras.
Durante su anterior gestión, anunció otro instrumento similar, el “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas”, el cual procuraba, entre otros objetivos, “ordenar la circulación ante cortes de calles y rutas llevados a cabo por manifestantes”. El mis establecía que ante un corte las fuerzas de seguridad darías 5 o 10 minutos para desalojar los caminos, autopistas o rutas que cortaran antes de ser desalojados y, eventualmente, detenidos. Pero nunca se puso en marcha, y Bullrich siempre apuntó a la Policía de la Ciudad, conducida por Horacio Rodríguez Larreta. De allí, apuntan algunas versiones, comenzó la interna entre ambos dirigentes.
En este caso, la aplicación de esta iniciativa tiene una fecha clave en el futuro inmediato: el 19 y 20 de diciembre. Cada vez que se recuerda la rebelión contra el gobierno de la Alianza, y su posterior caída, hay manifestaciones masivas en la Ciudad de Buenos Aires. y este año no será la excepción. En una conferencia de prensa, referentes de movimientos sociales y partidos de izquierda ratificaron que el próximo miércoles se manifestarán “como siempre”.