Toma forma la idea del oficialismo de llevar al Congreso la discusión para reducir la jornada laboral

Comenzaron las conversaciones para discutir el tema a nivel legislativo, como pretende Sergio Massa. Se haría un proyecto propio unificándolos ya existentes. Se descuenta el aval de la CGT y el resto de los sectores sindicales.

En su último reporte de situación, el Instituto de Estudios y Formación (IEF) estableció que en la Argentina un 30 por ciento de los trabajadores formales trabajan por encima de las 45 horas semanales, por lo que se los considera “sobre ocupados”. Si ese excedente se distribuyera, agrega el reporte, se podrían crear unos 2.500.000 puestos de trabajo, terminando con los problemas de desempleo o subempleo.

Los datos apoyan las distintas propuestas que se vienen alentando desde los gremios para lograr en el país una reducción de la jornada laboral, una idea que ahora parece estar en la agenda del gobierno nacional.

Es que en medio del paquete de medidas lanzadas esta semana para apuntalar los ingresos y fomentar la candidatura de Sergio Massa, se adelantó que se podría tratar el tema, lo que despertó la expectativa general. “Es una propuesta que en su momento nosotros desde el Ministerio del Trabajo respaldamos”, dijo en declaraciones radiales la ministra de Trabajo Raquel “Kelly” Olmos, mostrando que hay voluntad en el oficialismo de avanzar. Bajar las horas de trabajo es una experiencia con buenos resultados en la región y el mundo, y gana terreno de la mano de la alianza Massa-sindicatos.

Sin dar muchas precisiones, Olmos aseguró que tanto el gobierno como su candidato tienen la reducción de la jornada laboral en la agenda. La funcionaria habló de una puesta en marcha “escalonada”, que vaya progresivamente pasando de 48 a 44 horas semanales de jornada legal, y luego de 44 a 40.

Por lo menos avanzaríamos en algo en dónde la Argentina tiene un retroceso muy importante”, destacó Olmos, que hizo hincapié en que varios de los impulsores del proyecto de ley entablan la posibilidad de que sean 36 horas, como en los países más desarrollados.

Se trata de iniciativas de distintos “dipu sindicalistas”, que buscan reducir la carga horaria legal. Los dos principales fueron presentados por el líder de la CTA de los Trabajadores Hugo Yasky y por la referente de La Bancaria Claudia Ormachea. Además, hay una propuesta del Frente de Izquierda en la cámara baja, y una del senador Mariano Recalde en la cámara alta.

Lo que sabemos es que se buscará hacer un mix entre el proyecto de Yasky y el de Ormachea, para poder reducir la jornada laboral”, le dijeron a Data Gremial fuentes cercanas a las propuestas. En la de Yasky, la idea “es reducir la semana legal s 40 horas, mientras que la diputada bancaria establece ese piso en techo en 36”. “La idea en el entorno de Massa es hacer una síntesis de ambas propuestas y elaborar una propia, que será presentada por el Ejecutivo”, agregaron las fuentes consultadas. A partir de eso comenzará la negociación en el Congreso, donde se sabe que los números son complejos, y hasta el momento “no hay certeza de que se alcancen”.

Tan vez por eso Massa decidió no anunciar nada al respecto, cuando en la previa al lanzamiento de la baja del IVA en alimentos se especuló con un pronunciamiento sobre el tema.

Expectativa

Una vez que se conocieron estas declaraciones, los gremios se pronunciaron a favor de la propuesta. a decir verdad en mayo pasado, cuando se conmemoró el Día del Trabajador, la CGT incluyó la jornada laboral en su temario. en este sentido, las fuentes recordaron que “la central obrera respalda las propuestas de los diputados del movimiento obrero, como quedó demostrado ese día”.

El encargado de hacer las veces de nexo es Sergio Palazzo, que fue el que buscó la primera síntesis en las dos propuestas originales, para avanzar en el tema. Ahora se descuenta que el bloque del oficialismo apoyará la propuesta, y se buscarán los votos que faltan. “Se está dando en todo el mundo, así que también seguramente será algo muy próximo”, dijo en aquel acto Héctor Daer, adelantando el respaldo.

Una de las claves de esta ley es que habilita que cada gremio acomode sus propios acuerdos en los convenios colectivos que firme. Esto abre la puerta a reformas por rama, para lo cual se debe aprobar la ley. Quienes más avanzaron en este tema son los trabajadores del subte, que vienen haciendo campaña para lograr agregar un franco semanal a su jornada de trabajo. Si bien el gran tema allí es la presencia de asbesto, material cancerígeno que piden sea retirado, la propuesta puede ser una forma de impulsar las leyes actuales.

Experiencias y antecedentes

En la región varios países ya comenzaron con este camino, comenzando con el vecino Chile, que en abril de este año sancionó una ley reduce el máximo legal de 45 a 40 horas semanales de manera escalonada y en cinco años, y abre la posibilidad de aplicar la modalidad de cuatro días de trabajo y tres libres.

También da “un mayor descanso efectivo a los regímenes especiales, como los de las trabajadoras de casa particular, y a los excepcionales, que requieren de procesos operativos continuos, como la minería”, explicó el gobierno una vez promulgada la normativa.

Otro ejemplo en Latinoamérica es el de Colombia, que en 2021 sancionó una ley que redujo la jornada de 48 a 42 horas semanales de forma escalonada. La norma previa que para este año el número se redujera a 47 horas. El año próximo bajará a 46, y en 2025 pasará a 44. Finalmente, para 2026 se llegará a las 42 horas semanales. En países como Cuba y Venezuela, la reducción progresiva está prevista en su Constitución, en Ecuador se impulsó por acuerdo interministerial (en 1980 y 1997), y en paralelo, otros países del mundo buscan implementarla, como Brasil, Nueva Zelanda, Reino Unido o Japón.

El primer país en probar la reducción de la jornada legal de trabajo fue Islandia, que realizó una prueba de cuatro años entre 2015 y 2019 donde 2.500 trabajadores del sector público de su ciudad capital, Reikiavik, trabajaron menos horas sin que se les reduzca el salario. Los resultados fueron menos estrés y agotamiento, mejora en su salud y su equilibrio de vida y empleo, sin disminuir la productividad y la recaudación del Estado.