En el cierre del 2024, un juez federal de Mendoza le ordenó al gobierno nacional que entregue de manera urgente medicamentos a personas en situación de vulnerabilidad social, atendidos por la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), que al comienzo de la gestión libertaria fue paralizada bajo el argumento de compras irregulares. Durante todo el año muchos de los pacientes que solicitaron asistencia no recibieron respuesta, y el fallo obliga a entregar los tratamientos, en su gran mayoría oncológicos. La respuesta del Ministerio de Salud nacional, a cargo de la DADSE, no se hizo esperar: disolvió la dirección. La medida pone en peligro la asistencia, y mucha que la motosierra seguirá trabajando este 2025, incluso en sectores sensibles y de alto impacto para la calidad de vida de las personas. Algo similar puede verse detrás del ataque directo a toda la estructura de políticas de memoria y justicia, que están en proceso de achicamiento y cierre. Como pasó antes con el hospital Posadas o las estructuras de lucha contra la violencia de género, el ajuste de Javier Milei no se detiene este año, y parece que será igual de “cruel e insensible”, como fue calificado por varios sectores. El temor que esto traiga además un aumento de la represión de la protesta social, la otra amenaza que se cierne en el horizonte de trabajadores y sectores afectados por el modelo.
El caso de la DADSE es un buen ejemplo de lo que se espera en materia de ajuste para este año. Al asumir el actual gobierno, la dirección –que atiende a pacientes con enfermedades graves sin asistencia alguna –fue cerrada, bajo el argumento de auditar sus compras, que según dijeron eran irregulares y sospechosas.
Esto dejó a miles de pacientes sin medicamentos, la mayoría oncológicos, hubo al menos siete muertes hasta que la DADSE se reactivó, pero muchos expedientes no se resolvieron durante el 2024. Por eso, un grupo de entidades presentaron un amparo colectivo, para resolver urgente esta cuestión. Antes de entrar en feria, el Juzgado Civil y Comercial Federal N° 2, a cargo de Marcelo Bruno Dos Santos, dio lugar al pedido, y le dio “10 días de plazo para que el gobierno resuelva las solicitudes de subsidio que tengan una demora de más de 60 días y, en el plazo de 20, adecue todos los expedientes administrativos al procedimiento previsto en la ley 19.549 —en especial el plazo de 60 días para su resolución”.
La respuesta fue el decreto 1138/24, que disuelve la DADSE, lo que deja en un vacío la resolución judicial, y a los pacientes sin sus tratamientos.
La acción es considerada “una crueldad” por las entidades que presentaron el amparo, como la Alianza Argentina de Pacientes Asociación Civil (ALAPA), la Asociación Mucopolisacaridosis Argentina (AMA), la Fundación Grupo Efecto Positivo y muchas otras. Si bien ante la consulta de Data Gremial admitieron que “no tienen mayores precisiones” sobre la situación, remarcaron que desde el Ministerio de Salud dijeron que “absorberán las obligaciones” de la DADSE, pero esto no es garantía que se vaya a cumplir, ya que el gobierno libertario “ya incumplió varias de estos compromisos”, en áreas sensibles como medicamentos o alimentos.
“La demora en la entrega de medicamentos esenciales pone en riesgo la vida de las personas y agrava su sufrimiento y el de sus entornos afectivos, por lo que garantizar una respuesta oportuna y efectiva es una obligación ineludible del Estado”, dijeron las entidades en un comunicado conjunto.
Sin memoria
Otro símbolo de la crueldad en el ajuste es el ataque a las políticas de memoria que se ejecutan en las distintas dependencias estatales, que tuvieron un año con cierres, suspensiones y despidos. El Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, fundado en 2008 en el campo clandestino de detención y torturas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) fue cerrado el último día del año, lo mismo que el Archivo Nacional de la Memoria (con más de 20 años de historia) que también funciona en el predio.
En la Administración de Parques Nacionales (APN) también se denunciaron una nueva tanda de cesantías, tanto en lo que hace a brigadistas, técnicos, administrativos y contratados por cupos especiales, todos con alta calificación, en momentos que en buena parte del país comienza la época clave en prevención de desastres como los incendios forestales. La motosierra de Milei no se detiene en ninguna dependencia o área, por más sensible que parezca.
Además, en los primeros días del 2025 ATE denunció el despido de personal del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), que presta atención médica al personal en todo el país. El gremio considera que detrás de esta situación, hay un intento de privatizar la entidad, ya que se cesantearon “casi 150 trabajadores, incluidos a quienes aprobaron exámenes de idoneidad, personal con 27 años de antigüedad, agentes con licencias psiquiátricas e incluso a mujeres con hijos menores a un año”. Con más de 600 mil afiliados en toda la Argentina, el IOSFA da prestaciones a efectivos de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, además de Gendarmería y Prefectura Naval. Es en la actualidad la última obra social estatal que queda en pie en el país, luego de la ola privatista de los 90.
Costado represivo
En este contexto, ATE denunció “la militarización en espacios de Derechos Humanos”, con la presencia de efectivos policiales en varias oficinas, encargados de comunicar quienes podían ingresar y quiénes no. La práctica hace recordar la ola de cesantías de estatales en el inicio del gobierno de Mauricio Macri, o incluso a situaciones sucedidas en el comienzo de la gestión libertaria. el temor de los gremios es que a la crueldad del ajuste se o sostenga con más represión. Los indicadores que deja el primer año de Milei son prueba irrefutable que, como suele decirse, “el modelo se sostiene con represión”.
Más de 40 hechos de violencia en manifestaciones sindicales y unos mil detenidos dan cuenta de esto. Y lo peor, parece, está por llegar.
“Hay indicios que se está avanzando hacia una ideología de represión, de premiar al gatillo fácil, de procesamiento a los que luchan, no sólo lo vemos en la Ciudad de Buenos Aires cada vez que hay una movilización y la actitud de violencia que tienen las fuerzas de seguridad, sino además se ve en distintas provincias”, le dijo a Data Gremial la presidenta de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), María Fernanda Boriotti.
En Santa Fe, esto que relata la titular de la federación médica pudo verse con la persecución a dirigentes estatales que marcharon contra la reforma previsional aprobada por el gobernador Maximiliano Pullaro, y que incluyó la detención de al menos cinco de ellos. “Las detenciones y procesamientos no son al azar, se realizaron allanamientos en la casa de estos compañeros estatales, con enorme violencia contra sus familias, es algo inaudito”, recordó Boriotti, que es referente del SIPRUS, el sindicato de profesionales de la salud de Santa fe, que también se opuso y marchó contra la reforma.
En su mensaje de fin de año, el presidente Milei adelantó que mantendrá el rumbo, y lo profundizará. En su publicación prometió “seguir mejorando los indicadores sociales se requiere de crecimiento económico, y para ello seguiremos bajando la inflación, reduciendo el riesgo país, reduciendo el gasto público para poder quitar impuestos, continuando las reformas estructurales y desregulando para ganar libertad y, sobre todas las cosas, respetando la vida, la libertad y la propiedad”.
Esto anticipa que la motosierra no se detendrá, y la represión que la acompaña tampoco. “Esta actitud represiva, que van en paralelo a las reformas que se intentan imponer, muestra obscenamente como se pretende disciplinar y atemorizar a quienes intentan frenar esta juste brutal que cae contra un sector, el de los trabajadores y trabajadoras del país”, recalcó Boriotti, que adelantó que “sin duda tenemos que seguir estando en la calle para enfrentar estas políticas de ajuste, para frenarlo. Esa es la convicción”.