Ese miércoles, el Congreso comenzó a discutir la reforma laboral planteada por el bloque de la UCR, y que cuenta con un buen aval del oficialismo. Con el capítulo vinculado al trabajo del DNU 70 suspendido por la justicia, y la Ley Bases en plena negociación sin mayores avances, el gobierno decidió darle vuelo a la propuesta radical, que los legisladores presentaron hace unos días a funcionarios del Ejecutivo, que dieron el visto bueno libertario. Es que más allá de algunas modificaciones, la iniciativa que lleva la firma del senador Eduardo Vischi mantiene los puntos centrales de la reforma que pretende el presidente Javier Milei: extensión del período de prueba, cambio en el sistema de indemnizaciones y límites a las huelgas.
Al punto se parecen ambas propuestas, que un análisis realizado por el Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTA Autónoma lo consideró “una mala copia” de las propuestas del decreto firmado en diciembre del año pasado por el presidente. En el reconto de las principales propuestas, la entidad incluso sostuvo que estas diferencias “llegan a endurecer los términos de la norma original”. La decisión de aprobar esta “tercerización” de la reforma quedó clara en el inicio de la discusión en comisiones, donde no hubo ni un solo representante de los gremios, que ya adelantaron que “no vamos a aceptar” esta nueva ley.
El informe del IEF de la CTA Autónoma desgranó el proyecto de reforma laboral del radicalismo, y marcó que tiene muchas coincidencias con la propuesta libertaria plasmada en el DNU 70 hoy suspendida por la justicia. Uno de los puntos centrales es el límite a la huelga, declarando esenciales varias actividades, incluyendo transporte y educación. “La propuesta impone requisitos muy fuertes para ejercer el derecho”, remarcó el trabajo, al que tuvo acceso Data Gremial. “Imponer pisos mínimos equivale a quitarle toda efectividad en la práctica a la huelga como mecanismo de reclamo”, agregó el reporte, que recordó que esto es “una restricción irrazonable de un derecho constitucional, violando la disposición del art. 28 de la Constitución”.
Además, se limitan las asambleas, ya que solo se permiten aquellas que no perjudiquen “las actividades normales de la empresa o afectar a terceros”. En cuanto a los convenios colectivos, hay “una derogación parcial” de la ultraactividad, ya que “solo rige para las cláusulas obligacionales, que regulan las relaciones entre sindicatos y empleadores, y no aplica para las cláusulas normativas, que regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores”. Como consecuencia de esto, “todas las cláusulas que establecen derechos para las organizaciones sindicales dejarían de ser ultraactivas, incluyendo aquellas que establecen una cantidad de delegados mayor a la prevista en la ley, las que crean comisiones paritarias o comités mixtos, las que regulan el crédito horario de los delegados”, entre otras.
Como el original, la iniciativa radical extiende el período de prueba, y flexibiliza “en extremo” la jornada laboral, permitiendo incorporar a los convenios jornadas superiores a las 48 horas semanales actuales. El proyecto de ley, al igual que el DNU, “establece que la ley de contrato de trabajo no será aplicable cuando medie entre las partes un contrato”, o bien de contrataciones de obras o de servicios profesionales. De esta manera, alertó el IEF, “se legitima la práctica muy extendida de reemplazar trabajadores en relación de dependencia por locaciones de servicios bajo el formato de monotributistas”. En cuanto a la disminución de la indemnización por despido y su reemplazo por fondos de cese laboral, la propuesta modifica la base de cálculo del artículo 245 de la ley de contrato de trabajo, “disminuyendo el monto de la indemnización por despido”. Además, se fija el período de prueba en seis meses, y se eliminan o restringen las multas por falta de registración, ambas cuestiones también abordadas por el DNU libertario.
Expectativa gremial
Entre los gremios, la propuesta de la UCR tuvo “gusto a conocido”, ya que no sólo se repiten casi todos los puntos abordados por el decreto del gobierno, sino porque a lo largo de la historia el propio radicalismo intentó hacer cambios de este tipo. “En el gobierno de la alianza, con la llamada Ley Banelco, y en el gobierno de Mauricio Macri con la reforma por ley se intentaron reformas similares”, le dijo a Data Gremial un dirigente de la CGT, que fue más allá y recordó “la ley Mucci de Raúl Alfonsín”, como pasó a la historia la reforma sindical que intentó el primer gobierno de la vuelta a la democracia a través de su ministro de Trabajo Antonio Mucci. Ante esto, el mismo dirigente consultado resaltó “la resistencia que hace y hará la CGT de estos atropellos, frenado el capítulo laboral del DNU en la Justicia”. “Se puede criticar muchas cosas de la central obrera, pero está dando esta pelea desde el inicio, dentro de la desorganización somos los que estamos dando batalla, por eso se presentan estas normas, para terminar con la trinchera de resistencia que son los gremios. No vamos a aceptar estos cambios que perjudican a los trabajadores”, insistió.
Otro tema que alarma es el ataque a la organización de los gremios. En su reciente encuentro nacional de la dirigencia de la CTA de los Trabajadores, los delegados discutieron esta reforma, y plantearon que la intención final del proyecto es “la disolución de las organizaciones sindicales”. Es que en uno de sus artículos más polémicos, la iniciativa de la UCR “es más restrictivo que el DNU 70/23 en materia de financiamiento”, según el análisis del IEF. En primer lugar, “mantiene la exigencia que establecía el DNU de que todos los descuentos que efectúe el empleador cuenten con la conformidad explícita de cada trabajador”. “Esta regulación impide en la práctica la imposición de cuotas de solidaridad en los convenios colectivos a cargo de los trabajadores no afiliados y, en su literalidad, implicaría una obligación de volver a empadronar a los afiliados de las organizaciones sindicales”, explicaron. En segundo lugar, el proyecto “va más allá, ya que directamente prohíbe los aportes establecidos en los convenios colectivos, tanto a cargo de los trabajadores afiliados como no afiliados”. A su vez, en cuanto a los aportes a cargo de los empleadores, establece que “ellos solo podrán establecerse sobre la base de los trabajadores afiliados a la organización sindical, y no sobre el total de trabajadores comprendidos en el ámbito del convenio”.
Discusión
En cuanto al tratamiento parlamentario, se espera que la semana que viene la propuesta pueda llegar la semana que viene, aunque este miércoles hubo cruces entre los bloques dialoguistas que podrían derrumbar la negociación. Lo cierto es que la Comisión de Legislación del Trabajo de la cámara Diputados inició el debate sobre la iniciativa, con la presencia de representantes de asociaciones, entidades empresarias y especialistas para que brinden su opinión sobre los proyectos de ley sobre reforma de la legislación laboral.
En el listado de expositores, donde no figura ningún sindicalista, estuvieron Gastón Utrera, director del Instituto de Economía Política de la Universidad Siglo 21; Martin Juárez Ferrer, director del Instituto de Derecho Privado de la Universidad Siglo 21; Natalio Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC); Juan Méndez, titular del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB); Esteban Carcavallo, de la Cámara de Sociedades Anónimas; Jorge Samouelian, de la Cámara Argentino Armenia para la Industria y Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA); Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, y los representantes del Instituto de Derecho del Trabajo de los Colegios de Abogados Aldana Fabiche (Quilmes), Mario Bernardo Galeazzi (Moreno-General Rodríguez), Analía García (La Matanza), Sergio Arce (Morón), Mariana Paulino Castro (Lomas de Zamora), Juan Formaro (San Isidro) y José Daniel Ruiz (Entre Ríos).