En octubre, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), por orden del ministro Mario Lugones, intervino la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), destituyendo al Consejo Directivo y bloqueando las cuentas bancarias de la entidad. Estas decisiones desencadenaron una crisis sanitaria sin precedentes, donde hoy se contabilizan más de 20 denuncias y alrededor de 700.000 trabajadores rurales afectados.
La acción, que había sido justificada con el argumento de haber encontrado presuntas irregularidades en su funcionamiento, deficiencias en la cobertura y deudas, ya está haciendo estragos en la atención médicas de todos los afiliados a la obra sociales de los peones rurales, una de las más importantes del país.
Entre las denuncias contra la intervención que se acumulan en la justicia existen casos de cortes en los servicios prestacionales e interrupciones en la entrega de medicamentos ambulatorios, como los oncológicos, y de alto costo, lo que naturalmente agravó patologías preexistentes en cuadros ya de por sí severos.
En total son 21 casos que llegaron a la Justicia y hoy tienen amparos incumplidos. Y de ellos, existen cuatro que llegaron hasta la instancia penal porque la obra social intervenida desobedeció fallos judiciales.
El detalle de las presentaciones realizadas permite ver que los casos judicializados se extienden a lo largo y ancho del país. En provincia de Buenos Aires, hay casos en Junín (2), Necochea (2), Mar del Plata (1), Bahía Blanca (1) y San Nicolás (2), con intimaciones a la intervención de la obra social para cumplir con medicación y tratamientos. En San Nicolás incluso se inició una causa penal por desobediencia por parte de la obra social a la demanda judicial que le exigía restituir medicación.
En Santa Fe existen dos (2) casos judicializados con sentencia incumplida, uno por falta de medicación y tratamiento por discapacidad y el otro por una paciente que necesita cirugía y una prótesis. En Córdoba, se registran casos en Ciudad de Córdoba (1), en Villa María (2) y en Río Cuarto (1). Éste último también derivó en una denuncia penal, por un paciente que está esperando una prótesis para una cirugía de cadera por necrosis avascular bilateral.
En Entre Ríos hay un caso judicializado de Concordia (1), en Río Negro hay un caso en General Roca (1) y en Salta hay un caso (1) que derivó en denuncia penal por una menor de edad tiene cáncer y a quien le interrumpieron su tratamiento oncológico. Por último, en Tucumán, hay cuatro (4) casos, uno que alcanzó la instancia penal.
Carta dirigida al Ministro de Salud Mario Lugones
“Nos dirigimos al Sr. Ministro en nuestro carácter de legítimos representantes de los Trabajadores Rurales de todo el país, elegidos para administrar la OSPRERA, conforme el soberano estatuto de la misma”, señaló Voytenco en octubre en una carta dirigada al Ministro de Salud Mario Lugones tras la intervención al sindicato, y continuó: "para transmitirle nuestra indignación y preocupación por la continuidad de los servicios de los beneficiarios que, a dos semanas de ejecutada la Resolución Nº-3.948/24 de la SSSalud bajo su dependencia, observamos que se encuentra en riesgo por su responsabilidad directa".
"Asimismo, dejamos expresamente aclarado que siempre estuvimos a disposición para colaborar en todo lo atinente a darle respuestas oportunas y satisfactorias a nuestros beneficiarios, en cuanto a todos los aspectos referidos a preservar y/o recuperar la salud de nuestra población rural, gestionando todo lo que fuera necesario ante esta situación creada", retomó.
Además de destituir al Consejo Directivo, desde el sindicato denunciaron que se bloquearon todas las Cuentas Bancarias de todas las delegaciones de la OSPRERA, “que atento a la dispersión geográfica de nuestra estructura hace necesario realizar los pagos respectivos al mantenimiento y sostenimiento de las prestaciones médico asistenciales de nuestros beneficiarios, los que se están viendo interrumpidos y ponen en riesgo en muchos casos la vida de estos”.
En esa línea, denunciaron también que se dejaron de autorizar las provisiones de Medicamentos de Alto Costo, impidiendo su trámite de adquisición y entrega a los pacientes beneficiarios, siendo muchos de ellos urgentes y poniendo en riesgo los tratamientos y hasta la vida misma de los beneficiarios con dichas patologías (Oncológicos, HIV, Hemofílicos, etc
"Serán los funcionarios involucrados de su ministerio exclusivamente responsables de cualquier consecuencia que pueda este insensible accionar generarle a la salud o a la vida de nuestros afiliados, que necesitan una respuesta oportuna y satisfactoria a sus reales necesidades", apuntaron duramente sobre el final.
Y concluyeron: "La intención de discontinuar caprichosa y llamativamente todo convenio firmado por el Consejo Directivo, por más conveniente que resulte para Osprera y los beneficiarios, queda también bajo exclusiva responsabilidad de sus funcionarios".