Los cambios en el gabinete del gobernador Claudio Vidal evidencian cómo el poder político en Santa Cruz se encuentra en una situación crítica, volviendo a ser objeto de debate público tras los allanamientos en la vivienda del expulsado ministro Julio Gutiérrez y su esposa, Iris Rasguido. Esta situación refleja una historia marcada por internas, rencillas políticas y acuerdos temporales que comienzan a desmoronarse.
El conflicto se intensificó tras el accidente protagonizado por el director general de Relaciones Legislativas Municipales, Pablo Mandatori, quien se atrincheró en la casa que comparten Gutiérrez y Rasguido, presidenta del Consejo Provincial de Educación. Las primeras informaciones oficiales indicaron la detención de Mandatori, Iván Agaforo y Roberto Velásquez, el chofer de Gutiérrez, quien es señalado como el responsable de abrir las puertas de la vivienda.
De acuerdo con versiones que circulan en la provincia, se presume que la intención de Mandatori y Agaforo era ocultar el hecho de que el accidente ocurrió mientras ambos estaban bajo los efectos del alcohol. Además, se investiga si estaban armados.
Como informó Data Gremial, el ministro de Seguridad, Pedro Prodrómos, se presentó en el lugar junto al subsecretario de Trabajo, Mario Mamáni, para llevar a cabo la "negociación" con los atrincherados, quienes habían sido denunciados por los vecinos. Estos movimientos iniciales se realizaron sin la participación del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), que normalmente se ocupa de incidentes con personas armadas. Finalmente, la detención de Mandatori, Agaforo y Velásquez se produjo tras la intervención de la jueza de turno, Marcela Quintana.
El primer allanamiento en la vivienda se llevó a cabo un día después, el lunes, bajo la supervisión del fiscal Federico Heinz. Durante la operación se hallaron un total de nueve armas, entre ellas un rifle con silenciador y armas de guerra, además de una cuyo certificado de titularidad pertenece a Pedro Luxen, el ministro de Gobierno de Vidal.
Además, surgió entre los medios locales una versión que agregó dudas sobre la gestión. Testigos afirmaron haber escuchado a Mamáni mencionar que en la casa había "mucho dinero". Sin embargo, no hubo confirmación oficial al respecto.
El despido de Gutiérrez
Horas después de que se conocieran los detalles sobre los allanamientos, el gobernador solicitó la renuncia de Gutiérrez, quien fue incluido en un grupo más amplio de funcionarios que fueron apartados por diversas razones. “Yo no llegué a este gobierno para cubrir a nadie. No voy a cubrir a nadie. No voy a defender lo indefendible”, afirmó Vidal, aunque añadió que considera que Gutiérrez “no es responsable directo”. “No se encontraba en la ciudad”, dijo, aunque no ofreció muchas explicaciones sobre los motivos de su destitución. En la oposición se cuestiona por qué no se tomó la misma decisión con Rasguido.
Al igual que el gobernador, Gutiérrez proviene del sindicalismo provincial y, tras una larga trayectoria en el peronismo, ha transitado hacia un grupo de dirigentes más abiertos al diálogo con la gestión de Javier Milei.
Como referente del gremio de vigiladores patagónico, en 2023 fue elegido para representar a su provincia en el Parlasur, obteniendo el 45,3% de los votos en la boleta de la alianza Por Santa Cruz, que también postuló a Vidal, su antiguo rival en el ámbito sindical del sur del país.
A pesar de todo, Gutiérrez pretende ir por UPSRA
Como ya informara Data Gremial, Gutiérrez es un dirigente polémico que fue apartado de la Unión Personal de Seguridad República Argentina (UPSRA) por un caso de estafa en 2006, busca ahora postularse nuevamente a pesar de numerosas irregularidades y conflictos de interés. Su trayectoria incluye la creación de un sindicato propio, la Unión del Personal de la Seguridad Privada y Afines de Argentina (UPSAP), donde se han registrado episodios de violencia y agresiones.
El dirigente viene enfrentado múltiples acusaciones, como falsificación de firmas y estafa, y su intento de postulación se ve obstaculizado por el estatuto de la UPSRA, que prohíbe a quienes han cometido acciones contra la organización sindical volver a integrarse. A pesar de esto, su candidatura ha sido validada -por el momento- por la Secretaría de Trabajo, generando controversias sobre la legalidad de su situación.
Su tendencia a acumular múltiples cargos plantea serias dudas sobre su compromiso con la defensa de los derechos laborales. Además, su postura contra las protestas de trabajadores durante su estadía como titular de la cartera laboral santacruceña que incluyó anuncios de descuentos salariales, acrecentaron las preocupaciones sobre su capacidad para representar verdaderamente los intereses de los trabajadores del sector.