La Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) presentó este viernes una denuncia penal contra la inspectora del Ministerio de Trabajo bonaerense, Mónica Parra, en el Ministerio Público Fiscal de Lomas de Zamora. El pedido de investigación es por “posibles delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”. Además, se solicita que se indague la posible intervención de otros funcionarios de la cartera que conduce Walter Correa en los hechos declarados y documentados.
A Parra la acusan de realizar inspecciones “irregulares” y de obligar a tres empresas de seguridad privada del conurbano a encuadrar a sus trabajadores bajo el CCT 779/2020 del Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia (SUTCAPRA), una organización que no tiene personería gremial para actuar en la zona ni para representar a los trabajadores de la actividad para la cual esas compañías están inscriptas. Parte de la denuncia también recae sobre Carlos Sidan, representante de SUTCAPRA, por intervención indebida en dichas inspecciones.
Las inspecciones de Parra que quedaron en el ojo de la tormenta
Data Gremial había dado cuenta de los dos primeros casos. Se tratan de Pitt Bull S.A., ubicada en Temperley, partido de Lomas de Zamora, y Bull Cap S.R.L., en Avellaneda. Las copias de las actas, que llevan la firma de Parra y fueron presentadas como material probatorio, tienen las fechas de 28 de agosto y 24 de marzo de 2024, respectivamente. La tercera situación ocurrió con Glinac S.R.L., una empresa de Ramos Mejía que ya le había ganado un juicio a SUTCAPRA justamente por encuadramiento sindical. Sucedió el 30 de julio también del año pasado.
El núcleo del problema radica en el encuadramiento sindical. Al estar inscriptas como empresas de seguridad privada, corresponde que a sus trabajadores se les aplique el convenio colectivo 507/07 de UPSRA (según establece el artículo 4 de dicha norma). La resolución 106/2009 le otorga a SUTCAPRA la personería gremial únicamente para agrupar a los trabajadores que realizan tareas de control de admisión y permanencia del público en general, para empleadores cuya actividad consista en la organización y explotación de eventos y espectáculos musicales, artísticos y de entretenimiento en pubs, discotecas, bares, restaurantes, entre otros. Es decir, para los dueños de esos establecimientos, no para empresas que prestan un servicio tercerizado como en este caso, y mucho menos cuando están registradas como empresas de seguridad, un sector ajeno a la incumbencia de SUTCAPRA.
Además, existe una cuestión de incumbencia territorial. La resolución 106/2009 le otorgó a SUTCAPRA la personería gremial únicamente en el partido de La Plata. Luego, mediante la Resolución 579/2022, se le concedió una simple inscripción para actuar en Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, pero al no tener personería gremial en esos ámbitos, no puede participar en disputas de encuadramiento.
La gravedad del caso también radica en que el Ministerio de Trabajo bonaerense no está facultado para intervenir en conflictos de encuadramiento sindical. Dicho menester corresponde a la secretaría de Trabajo de la Nación y, en última instancia, a la Justicia.
Qué se pide en la presentación
En la denuncia, registrada bajo el número PP-07-00-002651-25/00 ante la UFI N°8 de Lomas de Zamora y presentada por el representante gremial de UPSRA-CAP Alejandro Capalbo, se solicita la “nulidad de todo lo actuado” por Parra y “cualquier otro acto administrativo llevado a cabo por funcionarios del Ministerio de Trabajo bonaerense y SUTCAPRA que haya estado fuera de su ámbito de actuación y representación, tanto respecto a las empresas de seguridad como a nivel territorial (fuera de La Plata)”, ya que esos actos estarían viciados de ilegitimidad e ilegalidad.
Uno de los dueños de las mencionadas empresas de seguridad le confirmó a Data Gremial que habría sido obligado por Parra a encuadrar a sus trabajadores bajo el CCT de SUTCAPRA, lo que complica aún más la situación de la funcionaria, de otros integrantes de la cartera laboral e incluso del dirigente de SUTCAPRA mencionado.