La Obra Social del Personal de Seguridad Comercial, Industrial e Investigaciones Privadas (OSPSIP) tuvo una intervención a cargo de aliados de Luis Barrionuevo entre marzo y abril de este año. Durante ese lapso, se llevó a cabo una auditoría que fue entregada a la Superintendencia de Servicios de Salud donde se reveló el desvío de fondos.
Según informó Ámbito Financiero, en menos de seis meses de gestión, la intervención de una obra social a cargo de aliados de Luis Barrionuevo destinó por lo menos tres millones de dólares a fundaciones y prestadores sin documentación de respaldo. Además, hicieron otros gastos injustificados y regalos por al menos 5 millones de pesos de una joyería de Recoleta al tiempo que denegaba prestaciones oncológicas para sus afiliados.
El entonces interventor, Jorge Alonso, relevó parte de la labor de su antecesor, Sigifredo Jorge Banegas, quien a su vez había llegado al cargo a partir de un acuerdo entre Barrionuevo, su impulsor, y el superintendente Daniel López. Las denuncias constan en un informe de auditoría realizado por un funcionario que sucedió al dirigente leal al gastronómico y que duró apenas un mes en el cargo, ya que renunció por las presiones recibidas para que alquilara un edificio por 10 millones de pesos mensuales.
Vale recordar que Luis Barrionuevo se mostró en las últimas semanas como el sindicalista aliado al candidato neoliberal Javier Milei.
Informe de la auditoría
El informe presentado por el interventor Jorge Alonso, según aseguró Ámbito, consta de 270 páginas con relevamientos del estado de la obra social, propuestas de gestión, irregularidades detectadas y documentación. Entre los hallazgos figura una nómina de personal con 207 personas en todo el país a las que se les pagaba un salario mensual formal pero sólo 79 que pudieron ser constatadas en sus tareas. La mayor parte del personal excedente había sido contratado en los tres meses previos al arribo de Alonso, durante la gestión de su antecesor.
La obra social OSPSIP es una entidad de salud mediana del gremio de seguridad privada UPSRA, que en los últimos años fue eje de una lucha encarnizada entre su actual secretario general, Angel García, y el líder de la UTHGRA, Luis Barrionuevo, quien procuró quedarse con su control. En parte lo logró cuando la Superintendencia de Salud intervino la obra social en 2021 y designó a Sigifredo Jorge Banegas, quien responde a Barrionuevo.
Según reveló Ámbito, Banegas es una persona de confianza del líder de los gastronómicos y pediatra de una de sus hijas, Sandra Barrionuevo, actual secretaria de Asistencia Social de la UTHGRA.
Asimismo, el vínculo de la intervención sospechada no termina ahí ya que al momento del reemplazo de autoridades fue revocado un poder legal general que tenía otorgado el abogado Horacio Ferro Méndez, histórico asesor de Barrionuevo, junto a otros ocho letrados. A su vez, Banegas había arrancado su semestre como interventor de OSPSIP de la mano de Leónidas Requelme, un dirigente leal a Barrionuevo en el ataque contra García y que falleció la semana pasada.
Entre las irregularidades expuestas en la auditoría figuran "pagos efectuados a la Fundación de Médicos Solidarios por sumas absolutamente atípicas realizadas en apariencia sin documentación respaldatoria para eventualmente generar un mecanismo circular con el único objetivo de retirar fondos de la obra social e ingresarlos al circuito financiero para beneficios espurios", señala el informe.
En tanto, sólo por ese concepto entre el 15 de diciembre del año pasado y el 22 de marzo de 2023 se giraron a Médicos Solidarios 347.915.600 pesos que supuestamente eran pagos por "honorarios de psicología, psicología infantil y servicios médicos" que sin embargo no tenían detalle alguno: "no obra en la obra social ninguna documentación que justifique las erogaciones señaladas, contrato de prestaciones, listado de beneficiarios atendidos, lugar de atención, profesionales que hubieran intervenido, fechas de las tareas realizadas, autorizaciones de atención, etc".
En la misma sintonía, se detectó otra maniobra fraudulenta respecto de otra fundación: "Igualdad para todos", con millones de pesos destinados a servicios sin documentación alguna de respaldo. También develaron otras irregularidades que consistieron en la contratación de servicios de reparación de automotores por cuatro millones de pesos a un único mecánico, sin embargo, la Ospsip no tiene ningún vehículo registrado entre sus bienes.
A su vez, se encontraron pagos de "regalos de fin de año" por casi cinco millones de pesos a favor de la firma Vendome SRL, la razón social bajo la cual opera la exclusiva joyería Jean Pierre, ubicada en Avenida Alvear 1892, en Recoleta. Los auditores indicaron que esos gastos coincidieron con meses en los que era habitual la negativa a brindar prestaciones urgentes como las de carácter oncológico a los afiliados.
Otra de las irregularidades detectadas fue la superpoblación de personal. La intervención de Alonso halló un contrato con una firma llamada ISS Facility Services de servicios de limpieza, a pesar de que la Ospsip cuenta con personal propio para esa tarea. Y más llamativo aún: contrataciones para Jerly Secuity y Hammer Seguridad Privada, dos compañías que proveen personal de custodia, para un gremio que representa a trabajadores del rubro y para una obra social que ya contaba con trabajadores propios a cargo de esa labor.