En el marco del plan de reducción del Estado, que es una de las directrices de la gestión libertaria, a comienzos de mes se anunció el cierre del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), organismo clave para la realización de obras vinculadas a la red de agua potable y cloacas. El anuncio de la disolución del ENOHSA, alertó el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS), puede generar “el despido del Estado de trabajadores altamente calificados”, según dijo el titular del gremio José Luis Lingeri.
Esta iniciativa es parte del desguace que lleva la gestión de Javier Milei de entidades y organismos públicos que quiere cerrar o vender. La motosierra está haciendo estragos en el estado nacional, al punto que un reciente informe le puso número a los despidos y cesantías: más de 33 mil en los primeros meses de gestión. El malestar de esta situación se suma el anuncio de un examen para los actuales trabajadores, que es rechazado por el gremio ATE.
El reporte de los datos realizado por el Centro de Estudios de Política Económica (CEPA) muestra el impacto de los despidos en el Estado nacional, una de las metas del gobierno libertario. El propio presidente Milei dijo que es un “topo” que viene a “destruir el Estado”, lo que se explica con los números. En los primeros nueve meses de gobierno libertario, afirmó el trabajo al que tuvo acceso Data Gremial, “se observa una reducción de 33.504 puestos de trabajo de la administración pública nacional y de las empresas y sociedades del Estado. Esto es equivalente a una reducción de 9,8 por ciento”.
Esto hace que los 309.849 trabajadores registrados por el gobierno nacional es el punto más bajo de la serie que se comenzó a analizar en noviembre del 2023, cuando se realizó la segunda vuelta electoral. En todo este tiempo la curva fue descendente.
Además de los datos duros, el centro CEPA especificó los organismos y dependencias que más sufrieron la sangría de empleados, ya sea por despidos, fin de contrato o retiros voluntarios, otra de los instrumentos utilizado por el gobierno para achicar la planta de empelados.
“Correo Oficial es, con diferencia, el sector más afectado, con una pérdida de 4.159 puestos de trabajo entre noviembre del 2023 y agosto del 2024”, dijo el reporte. Otras entidades “muy impactadas incluyen ANSES (1.370 empleos perdidos), AySA (1.325) y CONICET (1.084)”. En términos relativos, “el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales es el sector más afectado: -61,6 por ciento de personal”. Otros sectores con fuertes reducciones son la Agencia de Publicidad del Estado (-48,8 por ciento) y el INCAA (-39 por ciento).
Desfinanciamiento
El despido de personal altamente calificado es una de las alertas encendidos por los gremios, ya que muchos empleados dejan sus cargos luego de un largo camino de perfeccionamiento. Además, los recortes abruptos de personal hacen que los organismos tengan serios problemas para su funcionamiento. “Lo que está en juego es el financiamiento del sistema científico-tecnológico en su conjunto”, recalcó Juan Manuel Sueiro, referente de ATE en el CONICET. En diálogo con Data Gremial, el dirigente marcó que “en el CONICET el ajuste está cerrando líneas de investigación, no son estrictamente despidos, lo que se está haciendo es un vaciamiento del organismo”.
En este sentido, un reciente trabajo del Grupo Economía, Política y Ciencia del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, la Argentina “lleva invertido hasta agosto el 0,211 por ciento de su PBI en Ciencia y Tecnología”.
Es más, agregó el reporte, “la inversión pública avanza con un 32,6 por ciento de caída continua”. Eso se traduce “en cancelación de programas de investigación, parálisis de proyectos estratégicos como el CAREM y el RA-10, caída salarial de científicos y científicas, despidos y asfixia en los gastos de funcionamiento”. “En los 90, durante la gestión de Domingo Cavallo, se fue ‘deshidratando el Estado, como hicieron esta semana con el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, que además impacta en el CONICET, quitando infraestructura. Eso están haciendo”, resumió Sueiro.
Por su parte, en el INCAA se confirmaron nuevos retiros voluntarios, de un plan que vence el próximo 25 de octubre. el organismo es uno de los que más despidos tuvo, según el CEPA, con una baja de casi el 40 por ciento de su personal, que se puede acrecentar a fin de este mes cuando termine este plan, que se suma a jubilaciones anticipadas.
“Con la dotación óptima que pretende este gobierno, que es menos de 200 trabajadores, deja al INCAA completamente inoperante, lo que sería un cierre del Instituto en plazo fijo. Si solo contamos los cargos de jefaturas son casi 50 personas: muchos caciques y pocos indios”, alertó un reciente comunicado de ATE en el INCAA. “Es falso que no hay plata, porque se están destinando millones en indemnizaciones y retiros” concluyeron los delegados en el organismo.
Polémico examen
En tanto, el malestar que existe en el empleado público por estos ajustes se suma el anuncio del gobierno de un polémico “examen de idoneidad”, según las palabras del vocero presidencial, Manuel Adorni. “Está contemplada en la Ley de Bases, en el marco del decreto reglamentario del empleo público”, explicó el funcionario, que confirmó que la medida afectará a unos 40 trabajadores. La medida fue rechazada por ATE. “Es un invento trucho e ilegal que consolida el fraude laboral en el Estado”, sostuvo el gremio mediante un comunicado.
“Los procesos de selección y evaluación del personal ya existen y se aplican en el Estado. Incluso son más exhaustivos que los que se señalan en el anuncio del gobierno. Es inaceptable que se pretenda someter a un examen a los trabajadores con 5, 10, 15 y hasta más de 20 años de antigüedad para decidir si tienen idoneidad para ser estatales. Si alguien lleva tantos años en el Estado no se trata de ninguna designación transitoria. ¿Le van a exigir idoneidad a médicos y especialistas que llevan más de 15 años contratados? Esto es un disparate”, agregó el texto, que lleva la firma de su secretario general, Rodolfo Aguiar.
Para ATE, el Convenio Colectivo de Trabajo 214/06 que rige para la Administración Pública Nacional “se encuentra vigente” y por lo tanto “los únicos procesos de evaluación y selección son los ahí reconocidos. Esta es una medida sensacionalista para ganar votos pero que no les va a dar resultados y no respeta ninguna legalidad”.