La Justicia federal ordenó hoy la realización de un operativo en un frutillar del distrito de General Pueyrredón, a partir de una denuncia efectuada por el Comité contra la Trata en donde se detectó casos de trabajadores contagiados con Covid-19, que no recibían ningún tipo asistencia por parte de la empresa y que además se comprobó que no se cumplía con la normativa laboral vigente para la actividad rural, según se informó oficialmente.
La denuncia fue presentada ante la fiscalía de turno de Mar del Plata, y en el operativo participaron personal del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, zona sanitaria VIII, la Municipalidad de General Pueyrredón, y del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), precisó un comunicado.
En este sentido, la denuncia fue recibida el pasado 14 de enero de forma anónima por parte de un trabajador que presta tareas en el predio, y en la que manifestó que varios de sus compañeros estaban contagiados con Covid-19 y que no recibían ningún tipo asistencia por parte de la empresa, y agregó que los infectados convivían en habitaciones junto con los no contagiados y además denunció la realización de extensas jornadas laborales de 12 o más horas y que aquellos que no lo hacían por estar enfermos por Covid-19 no recibían su paga, precisó el comunicado.
Luego de la denuncia, la Fiscalía Federal N°1 de Mar del Plata, a cargo de la Dra. Laura Mazzaferri, articuló inmediatamente con el Juzgado Federal 1 de Mar del Plata, a cargo de Santiago José Martín, quién ordenó un operativo de salud con personal dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y personal de salud del Municipio de General Pueyrredón, precisó el comunicado.
El operativo se llevó a cabo en el predio de la Compañía Industrial Frutihortículoa S.A., área conocida como “El Frutillar”, quien en el pasado recibió denuncias por sus trabajadores/as por explotación laboral las que derivaron en sendas causas por trata de personas.
En el lugar allanado se detectó que los trabajadores realizaban extensas jornadas laborales y que no se cumplía con la normativa laboral vigente para la actividad rural, afirmó el organismo.
El Comité Ejecutivo seguirá trabajando mancomunadamente con el Juzgado y la Fiscalía Federal que llevan adelante la causa y con las autoridades de Renatre, Trabajo, AFIP y Migraciones hasta tanto los trabajadores reciban la correspondiente reparación, precisó el comunicado.