El gobierno nacional anunció esta mañana la decisión de realizar un “examen de idoneidad” a 40.000 empleados de la planta transitoria del Estado o en condición de contratados.
La noticia fue compartida por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien explicó que “la modalidad será online para evitar subjetividades en el proceso”. También recordó que esta opción “está contemplada en la Ley de Bases, en el marco del decreto reglamentario del empleo público”.
El funcionario aclaró que “las personas con discapacidad no participarán del examen inicialmente, ya que se requieren adaptaciones adicionales”. Además, precisó que la evaluación “se llevará a cabo en diciembre, coincidiendo con el vencimiento de estos contratos; para su renovación, será necesario haber aprobado el examen”.
Con el decreto 695/2024, el Gobierno estableció en agosto de este año varias modificaciones en el sistema de empleo público, destacando la introducción de una “Evaluación General de conocimientos y competencias” para quienes deseen trabajar en el Estado. El proceso se realizará de forma anónima, y la identificación del candidato ocurrirá únicamente después de la calificación.
El decreto asigna a la máxima autoridad de la jurisdicción o del organismo correspondiente la responsabilidad de verificar el cumplimiento de los requisitos, así como de las normas de ética en el ejercicio de la función pública. En casos necesarios, la Unidad de Recursos Humanos podrá consultar a la Oficina Anticorrupción, que deberá emitir un dictamen en un plazo de cinco días.
Declaración jurada
Asimismo, las personas designadas deberán presentar una declaración jurada patrimonial y antecedentes laborales cuando el puesto lo requiera. Además, “no se podrá realizar ninguna designación sin la acreditación del certificado de aptitud psicofísica”.
El desempeño de los empleados será evaluado de manera continua, y para obtener una promoción, deberán someterse nuevamente a una evaluación. Esta medida busca asegurar que los empleados estatales mantengan un alto nivel de competencia y rendimiento a lo largo de su carrera.
Más precarización
El régimen de contrataciones incluye la contratación por tiempo determinado y la designación en plantas transitorias, destinadas a actividades de carácter transitorio o estacional. Los contratos especificarán las funciones del empleado, su escalafón y la duración del trabajo. El personal contratado bajo este régimen no tendrá estabilidad y su contrato podrá ser rescindido en cualquier momento.
Desde su llegada al poder, la gestión libertaria ha comenzado un proceso de desmantelamiento del Estado, que incluyó la no renovación de cientos de contratos y la disponibilidad de aquellos en planta permanente. Para gestionar esta "reestructuración", se creó el Registro Nacional de Personal en Situación de Disponibilidad.
Avanza el desmantelamiento del Estado
Durante este período, el personal recibirá una remuneración mensual equivalente a su retribución escalafonaria, excluyendo otros conceptos. Para calcular la indemnización, se tomarán en cuenta las retribuciones hasta el momento del pase a disponibilidad, considerando también los servicios prestados como personal permanente en la Administración Pública Nacional, exceptuando aquellos que ya hubieran generado indemnización por reestructuración, retiro voluntario o despido. Los empleados con sumarios abiertos no podrán cobrar indemnización hasta el cierre del expediente.
Los empleados en licencia por enfermedad, maternidad o accidente no podrán ser pasados a disponibilidad. Aquellos próximos a jubilarse en un plazo máximo de 12 meses serán reubicados temporalmente hasta que se resuelva su situación.
Respecto a las reubicaciones, el decreto establece que el traslado definitivo de un agente a otra dependencia estará condicionado a la existencia de una vacante financiada. También se podrán realizar permutas a solicitud de agentes con igual situación escalafonaria, siempre que no afecten el servicio.
El Gobierno ha implementado un sistema de puntaje y sanciones para quienes incumplan sus funciones, incluyendo llegadas tarde, inasistencias y condenas judiciales, entre otras infracciones. Esta normativa tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de las responsabilidades laborales y mantener la eficiencia en el servicio público.