El Gobierno nacional concretó la primera privatización desde que Javier Milei es presidente. Venderá sus acciones de la empresa Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A. (IMPSA) a la compañía de capitales estadounidenses ARC Energy. “Privatizamos Impsa. Gran trabajo en equipo de Juan Pazo, Pablo Lavigne y el gobernador Alfredo Cornejo”, manifestó el ministro de Economía Luis Caputo, quien hizo el anuncio en sus redes sociales.
“La Comisión Evaluadora de las ofertas para la venta de Impsa - integrada por el Fondep del Ministerio de Economía, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y la provincia de Mendoza - resolvió recomendar la preadjudicación de las acciones de la compañía en poder del Estado nacional y provincial al consorcio IAF cuyo socio principal es Arc Energy”, señalaron desde el comunicado emitido por el gobierno nacional el 8 de enero.
Desde el Ejecutivo, indicaron que ARC Energy ofertó 27 millones de dólares en concepto de aporte de capital, sujeto a un cronograma de integración de acuerdo con las necesidades de la empresa y solicitó un plazo hasta el 31 de enero para obtener el refinanciamiento de la deuda con los acreedores de Impsa por US$576 millones.
La oferta aprobada fue la única presentada luego de un largo proceso para lograr la privatización de la empresa. “En su análisis, la Comisión concluyó que se acreditaron las condiciones de idoneidad, capacidad económica y financiera de los principales accionistas de IAF para cumplir con la capitalización que requiere IMPSA y su gerenciación; que se mantuvo la vigencia del seguro de caución para garantizar la oferta que se realizó; y que la misma se adecua a las necesidades que presenta la empresa para que esté en marcha y operativa”, añadieron desde Nación.
El capital de IMPSA, empresa fundada en 1907, se integra con tres tipos de acciones: las clase A, en manos de la familia Pescarmona con un 5,3%; las clase B, en manos de los acreedores con un 9,8%; a través de sendos fideicomisos de garantía, y las acciones clase C, que pertenecen al FONDEP en un 63,7% y el 21,2% restante a la provincia de Mendoza.
Desde el gobierno expresaron que la decisión de desprenderse de las acciones en poder del sector público se encuentra alineada con el “objetivo déficit cero del Gobierno nacional y la no asignación de recursos federales a empresas privadas" abriendo así la posibilidad de que la empresa continúe la actividad de forma saneada en un marco de economía de mercado. Además señalaron: "La provincia de Mendoza, manifestó su voluntad explícita de acompañar la decisión del gobierno federal".
Cómo fue el proceso de negociación para privatizar Impsa
La privatización de Impsa fue lanzada a principios de octubre. La intención oficial era cerrarla antes de fines de 2024, pero la oferta del único que se presentó al proceso de licitación, la estadounidense ARC Energy, y algunas condiciones no convencieron al Gobierno, por lo que la operación se demoró.
ARC Energy había propuesto una capitalización de US$27 millones en la metalúrgica a mediano plazo y pidió poder renegociar los contratos que Impsa tiene con otras empresas con participación estatal, como YPF, Yacyretá, Nucleoeléctrica -que gestiona las centrales nucleares- y el Ministerio de Defensa.
Según los datos del Gobierno, Impsa arrastra una deuda de más de US$570 millones, principalmente con el Banco Nación, el BICE y el BID, que los inversores estadounidenses buscan renegociar y tener un principio de acuerdo para el mes próximo.
La histórica metalúrgica realiza trabajos en el país para la represa Yacyretá; las tres centrales nucleares que gestiona Nucleoléctrica, YPF y otras petroleras que operan en Vaca Muerta, así como grandes compañías a nivel local e internacional. Emplea hoy a 660 trabajadores. En Mendoza la expectativa es que la privatización reactive las operaciones.
Había sido estatizada en 2021 por la gestión de Alberto Fernández. En ese momento, el Estado nacional se quedó con el 63,7% de las acciones y Mendoza con el 21,2%. El gobierno provincial habilitó en septiembre el traspaso. El resto de las acciones se reparten entre el 9,78% de un fondo de acreedores y el 5% que conserva la familia Pescarmona.