El Gobierno rehabilitó a los sindicatos con “simple inscripción” a recaudar cuotas de afiliación mediante débito automático bancario. La medida, que adoptó el Ministerio de Trabajo en respuesta a un pedido del gremio de los “metrodelegados” (Agtsyp), tendrá impacto en otras organizaciones que no cuentan con personería gremial y que dependen de la intermediación de las entidades financieras para asegurarse su sostén económico. Ese mecanismo es la vía principal de recaudación con la que cuentan los gremios que ostentan la denominada “simple inscripción”.
La resolución 376 de la cartera laboral derogó una normativa del 31 de mayo de 2018 dispuesta durante la gestión de Jorge Triaca que les había prohibido a los bancos debitar de las cuentas sueldo de los trabajadores de Metrovías, la empresa concesionaria del servicio del subte, la cuota de afiliación a la Agtsyp.
Se trata del sindicato escindido de la Unión Tranviarios Automotor que había obtenido reconocimiento pleno conforme la ley de Asociaciones Sindicales en los últimos días de la gestión de Carlos Tomada en Trabajo, bajo el mandato de Cristina de Kirchner, y que luego la Corte revocó por supuestas irregularidades.
Según las normas vigentes, los sindicatos con reconocimiento pleno o personería gremial tienen el derecho de que los empleadores oficien de agentes de retención de las cuotas de afiliación de sus empleados.
En cambio, los que cuentan con un estatus inferior o simple inscripción, dependen de un acuerdo con los empleadores para garantizarse ese beneficio. En el caso de la Agtsyp, enfrentada desde hacía años con Metrovías, el atajo había sido establecer acuerdos individuales con cada uno de sus afiliados para que las entidades financieras les debitasen directamente de sus cuentas sueldo.
La resolución de 2018, ideada por el entonces subalterno de Trabajo Lucas Fernández Aparicio, se había adoptado en medio de un extenso conflicto salarial con el gremio del subterráneo que en cuatro meses incluyó paros, aperturas de molinetes, charlas de los metrodelegados con los usuarios y hasta una medida cautelar a favor del sindicato de la actividad que el Gobierno porteño, como gestor del servicio, intentó desconocer. Aquel enfrentamiento derivó incluso en una denuncia penal de los metrodelegados contra Aparicio.
La ley 23.551 de Asociaciones Sindicales es el pilar del poderío de los gremios con pleno reconocimiento en la Argentina y del modelo de relaciones laborales. Garantiza para esas organizaciones el monopolio de representación de los trabajadores ante el conflicto, en la negociación de paritarias, en los mecanismos de recaudación de cuotas y en la posesión de fueros protectorios frente a despidos y sanciones. Sin embargo, la Corte Suprema, en los años de Néstor Kirchner y Cristina de Kirchner en el poder, extendió a los gremios simplemente inscriptos algunas de esas prerrogativas y protecciones.
En la Argentina conviven unas 2500 organizaciones sindicales de las cuales la mitad cuenta con el reconocimiento pleno que establece la normativa y el resto, con la “simple inscripción” que garantiza la Constitución.