El Gobierno extendió hasta el 31 de diciembre de 2025 los lineamientos vinculados a la negociación salarial en el Sector Público Nacional, con el objetivo de "optimizar recursos" y "garantizar la equidad salarial", en línea con su política de reducción del gasto público. Un eufemismo para anticipar que pretende que la recomposición salarial de los estatales nacionales siga postergada.
La prórroga se formalizó este martes 7 de enero a través de la Decisión Administrativa 1/2025, firmada por Guillermo Francos, Federico Sturzenegger y Luis Caputo. Esta decisión extiende la vigencia de la Decisión Administrativa Nº 28/2024, emitida el 1° de febrero del año pasado.
El documento oficial, firmado por el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el ministro de Economía Luis Caputo y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger, establece que la medida busca garantizar la “equidad salarial” y mantener la “homogeneidad en la negociación de salarios” a lo largo del año fiscal 2025. Según se argumenta en el texto, estas directrices permiten "optimizar los recursos del Estado y seguir avanzando hacia el equilibrio fiscal".
Además la normativa subraya que las jurisdicciones y organismos descentralizados, así como las empresas y sociedades del Estado, están obligados a negociar los incrementos salariales únicamente dentro de las previsiones presupuestarias vigentes. De igual forma, se enfatiza que cualquier actualización en las retribuciones del personal debe estar sujeta a la aprobación previa de los órganos competentes en la materia, incluyendo la Comisión Técnica Asesora mencionada. Además, se recuerda que las convenciones colectivas deben respetar los procedimientos establecidos por la Ley de Contrato de Trabajo y otros marcos legales aplicables.
La justificación oficial por parte del gobierno tiene que ver con el objetivo de continuar por el camino iniciado en 2024, en el que se implementaron medidas destinadas a reducir el gasto público sin comprometer el funcionamiento eficiente del Estado. En palabras de los funcionarios, “las medidas implementadas marcaron un camino de reducción del gasto público” y deben mantenerse para consolidar los avances logrados.
De esta forma, la prórroga permite que se sigan aplicando criterios uniformes en las negociaciones colectivas, evitando disparidades salariales entre las distintas áreas del sector público.
Principales puntos de la decisión prorrogada
La medida original establecía lineamientos para la negociación salarial en el Sector Público Nacional hasta el 31 de diciembre de 2024 (ahora prorrogados al 2025), con los siguientes objetivos clave:
Actualización salarial: Las retribuciones del personal deben ajustarse mediante negociaciones colectivas que respeten el marco normativo, incluyan la participación de los actores pertinentes y se ajusten a las previsiones presupuestarias vigentes (Ley N° 27.701 y Decreto N° 88/2023).
- Criterios de paritaria general: Las actualizaciones salariales en organismos, empresas y fondos fiduciarios del Estado deben basarse en las negociaciones generales previstas por la Ley N° 24.185.
- Restricción presupuestaria: Los convenios colectivos deben negociarse dentro de los presupuestos disponibles, promoviendo eficiencia y equidad salarial.
- Rol de la Comisión Técnica Asesora: Este organismo define medidas y agendas para gestionar modificaciones salariales o convencionales en el marco del Sector Público Nacional.
- Responsabilidad de las autoridades: Cada jurisdicción y organismo es responsable de cumplir con los lineamientos establecidos.
El Gobierno se prepara para discutir las paritarias con los estatales
Antes de que finalice el 2024, el Ejecutivo convocó a los gremios de trabajadores estatales para intentar acordar las paritarias para el 2025. Sin embargo, no hubo acuerdo y se espera que en la segunda quincena de enero vuelvan a encontrarse.
Desde ATE sostienen que desde la llegada de Javier Milei al poder, la pérdida del poder adquisitivo fue del 40%, calculado en base a la inflación acumulada (112% en noviembre) y de los acuerdos salariales (73% al mismo mes). En el oficialismo, con la inflación a la baja -2,4% fue el índice de noviembre que difundió el INDEC-, pretenden que los aumentos sean inferiores a ese número.
La discusión se producirá en medio de la incertidumbre de los trabajadores del sector ya que el 31 de diciembre vencieron más de 57 mil contratos dentro del Estado y no se sabe todavía cuántos serán discontinuados. Desde diciembre, la planta estatal se redujo en más de 35 mil personas, de acuerdo a los números oficiales.