La semana que viene, estatales realizarán una jornada de lucha el último día hábil de junio, que puede el inicio de una nueva ola de despidos masivos en varios organismos y oficinas de la administración pública nacional. Hay gran preocupación entre los delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) sobre los trabajadores de organismos descentralizados como el INTI, ya que los sindicalistas alertaron que de cumplirse con las amenazas “sería el cierre total del Estado”.
Por este motivo, el sindicato de trabajadores públicos llevará a cabo un paro y movilización el próximo 26 de junio, el último día hábil antes de la caída de dichos contratos. Al cerrar el acto del Latam Economic Forum a principios de mes, el presidente Javier Milei ratificó que avanzaría con el "plan motosierra" y que el Gobierno va a despedir próximamente a otros 50 mil empleados públicos. En este sentido, el 30 de junio es una fecha clave para los trabajadores que se encuentran en situación transitoria ya que se vencen la gran mayoría de los contratos.
"Todos los contratos de artículo 9 y 048 se vencen el 30 de junio. Son estos 50 mil que están planteando. El riesgo no se trata solamente de la pérdida de laburo, sino de la función que queda sin alguien que la cumpla", expresó el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, en declaraciones radiales. Según datos del Directorio del Estado, el mayor número de personal contratado se encuentran los ministerios que componen el Estado nacional y los organismos que dependen de ellos directamente.
Contratados
En este sentido, el secretario gremial de ATE y trabajador del Ministerio de Salud, Pedro Lyn, advirtió que, si bien había casi 77 mil contratados al inicio de la gestión, es muy posible que entre los 14 mil despidos, las renuncias y los retiros voluntarios queden alrededor de 50 mil.
"Cuando ves el total del Estado, el 70 por ciento es planta permanente y el 30 por ciento es contratado. Pero cuando vez el personal que trabaja en los ministerios es al revés, el 70 por ciento es contratado y el 30% planta permanente", explicó Lyn en declaraciones periodísticas, quien lleva en situación de contrato desde el año 2003.
En este sentido, los principales organismos que peligrarían en el cumplimiento de sus funciones de ser desvinculada gran parte de su plantilla serían los que responden a la administración central. "Los trabajadores del ex ministerio de Mujeres y Géneros están en riesgo porque los apuntaron para desguazarlos", indicó el sindicalista.
Datos
Aún así, según los datos en la base de empleo del Estado, los ministerios más complicados serían Capital Humano (80,01 por ciento); Economía (76,2 por ciento); Salud (44,2 por ciento) y los organismos que de estos dependen como Biblioteca Nacional (97,5 por ciento), Fabricaciones Militares (96 por ciento) ENACOM (81,4 por ciento), Vialidad (78,8 por ciento), SENASA (67,9 por ciento), RENAPER (65,8 por ciento) y Migraciones (55,3 por ciento) si se confirma la amenaza del gobierno de profundizar la poda de contratos de estatales.
Los organismos que más alejados están del Estado central, menos proporción de contratados tienen. En organismos públicos como ANSES, Correo Argentino, etc., tienen otros convenios colectivos específicos que permiten mejores sueldos y autonomía para definir sus propios concursos.
Asimismo, los trabajadores estatales también se encuentran preocupados por la posibilidad de que se apruebe la Ley Bases y la reforma del empleo público que esta conllevaría. En lo que refiere al empleo estatal, se trata de reformas que van de la mano con el plan de achicamiento del Estado y la fusión o cierre de organismos, tal como viene sucediendo desde diciembre pasado. Uno de los puntos donde se da marcha atrás con el proyecto de Diputados es en la posibilidad de pasar a disponibilidad a aquellas personas que se encuentren de licencia por enfermedad o accidente, por embarazo y por matrimonio. Específicamente aclara que "hasta vencido el período de su licencia no podrán ser puestos en situación de disponibilidad" en el artículo 53.